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La provincia lanza operativo rastrillo contra la evasión

El gobierno anunció que en una primera etapa será en Rosario y Santa Fe. Se iniciará en el comercio.

Ezequiel Nieva / Corresponsalía Santa Fe

Con el objetivo de achicar la brecha entre los ingresos de origen nacional y los recursos propios, el gobierno de la provincia lanzará en agosto el llamado “operativo rastrillo”, que busca detectar situaciones de informalidad y evasión y, mediante mecanismos de incentivo y facilidades de pago, lograr que una mayor cantidad de contribuyentes morosos se pongan al día con los impuestos provinciales.

  Los inspectores de la Administración Provincial de Impuestos (API) –que actuará como órgano técnico específico– bajo el mandato de la Subsecretaría de Ingresos Públicos harán una actualización de datos de los contribuyentes de Ingresos Brutos y del impuesto Inmobiliario, con especial hincapié en el sector comercial, aunque luego pasarán el rastrillo por los rubros de servicios para el agro y la construcción.

  El objetivo será detectar situaciones de informalidad –o de lisa y llana evasión– y la palabra “rastrillo”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, fue elegida para graficar la rapidez con que se harán los operativos: seis semanas para cada inspección, que se concentrará cada una en un núcleo determinado de ciudades hasta completar, a fin de año, toda la provincia. La primera etapa comienza el próximo 2 de agosto con Rosario como principal punto de relevamiento.

  Si bien hay un objetivo material concreto –lograr en el mediano plazo una mejora en los ingresos vía recaudación impositiva–, el objetivo de fondo será recuperar la API, tanto en su aspecto burocrático como en su rol de órgano de decisión de políticas fiscales. En el Ministerio de Economía se mostraron entusiasmados con ese objetivo de máxima y anunciaron que la API “volverá a tener presencia en todo el territorio provincial”.

  Ayer a la mañana hubo una reunión organizativa de la que participaron los responsables de las inspecciones, en las que trabajarán 110 agentes de la API, entre personal de planta, cargos jerárquicos y personal político. El secretario de Hacienda, Carlos Fernández, señaló que se trata de una decisión que “el gobierno ha tomado con mucha fuerza: darle visibilidad a la API”, como una política de Estado “que hace muchos años no tenía” Santa Fe. Fue a la tarde, en la conferencia que dio junto a Beccari para dar detalles del operativo rastrillo.

Para equilibrar la balanza

El principal problema, explicaron los funcionarios, es la fuerte dependencia de los fondos que llegan a la provincia en concepto de coparticipación federal. La relación porcentual aproximada: de cada 100 pesos del presupuesto, 65 son de origen nacional y sólo 35 corresponden a recaudación genuina por impuestos provinciales. Ello genera una merma en la autonomía fiscal, señaló Fernández, que retrasa o impide la definición de políticas propias de peso en el mediano y largo plazo.

  En busca de emparejar un poco la balanza –y como un complemento de la moratoria, cuyo resultado (ver aparte) fue mejor del esperado–, ahora el Ejecutivo afila el lápiz en busca de nuevos contribuyentes, por un lado, y de una actualización general de la situación fiscal de quienes ya están insertos en el sistema tributario provincial. “Una acción que se complementa con el Plan de Regularización Tributaria (moratoria), pero que ya estaba pensada desde principios de 2010”, según el secretario de Hacienda.

Toda la carne al asador

 La primera etapa del rastrillaje se hará en las ciudades más importantes de la provincia. Participará un centenar de trabajadores de la API, entre los que estarán en la calle y el personal que seleccionará y cargará información en las oficinas del organismo. En Rosario, el operativo abarcará el centro y la zona comercial de avenida Pellegrini.

  También se inspeccionarán comercios en San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Y en la ciudad de Santa Fe, además del centro, se rastrillarán las avenidas Aristóbulo del Valle y Blas Parera, las dos de fuerte actividad comercial.

  La segunda etapa será en el centro-norte de la provincia, con las ciudades de Rafaela, Reconquista y Santo Tomé como principales objetivos. En la tercera etapa se encarará la zona sur. De momento, adelantaron desde el Ministerio de Economía, ya está confirmado que Cañada de Gómez será parte del itinerario. El orden en que se irán recorriendo las localidades más chicas se definirá a medida que avance el operativo.

  En paralelo a las inspecciones, se iniciará un proceso de fiscalización que tendrá como objetivo establecer controles en un sector que creció –y mucho– en los últimos años: los servicios destinados la actividad agropecuaria y a la construcción. Además, a medida que la API obtenga información actualizada sobre el nivel de evasión en el impuesto a la Patente –que se coparticipa en un 90 por ciento a municipios y comunas y, por tanto, le rinde muy poco a la provincia pero mucho a cada localidad–, los funcionarios comenzarán a analizar posibles cambios en ese tributo.

  El operativo rastrillo, comentó Fernández, “tiene que ver con el objetivo de concretar la necesaria equidad tributaria y que todos los santafesinos aporten para lograr mayores niveles de bienestar para todos los ciudadanos”. Todo el personal de planta de la API y todo el político de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, acotó Beccari, estará abocado al operativo.

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