Agustín Aranda
La provincia garantizará 100 testeos de aceite de cannabis a madres de chicos y chicas de la ciudad de Santa Fe que sufren distintas enfermedades y necesitan saber qué contienen los preparados para mejorar los tratamientos. Por un año el Estado cubrirá parte de los gastos del equipo de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de la UNR, dónde se hacen los estudios desde 2016. En paralelo, este fin de semana se presentaron los cinco puntos de acuerdo para la regulación del uso adulto del cannabis.
Saber para mejorar
La información de los testeos de aceites es esencial para que profesionales de la salud ayuden a tratar enfermedades y patologías que no están incluidas por ahora en la ley de cannabis medicinal. Hasta el momento la Nación solo permite el uso de un aceite si la persona tiene epilepsia, lo que lleva a muchas familias a cultivar cannabis y hacer sus preparados. Con la actual ley de drogas esas familias están expuestas al peligro y la persecución de la Justicia. Y necesitan saber cómo están compuestos los aceites para orientar a futuro los tratamientos.
“No tenemos soluciones en el producto importado y cultivamos variedades que necesitamos testear. Con esto nos sentimos incluidas y protegidas”, dijo a El Ciudadano, Laura Acosta, al frente de Asociación Civil Madres del Cannabis Medicinal de Santa Fe (Macame), la principal beneficiaria del convenio provincial.
El testeo en la UNR comenzó entre 2016 y 2017 como un programa de extensión que impulsó el ex decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia, Esteban Serra. Las muestras llegaban gracias a las asociaciones Arec, Aupac y la fundación María Victoria, que asisten a personas en tratamientos e información sobre el cannabis en Rosario. La experiencia duró 18 meses y pudieron devolverles a quienes los usaban el detalle de qué estaban tomando para que un médico definiera un tratamiento seguro y efectivo.
Cuando terminó el programa de extensión en la UNR descubrieron que menos de un 10 por ciento de las casi 500 muestras tenían THC y CBD. Son dos de los componentes de la planta que ayudan a combatir enfermedades. El resto eran truchos, una muestra de cómo el mercado negro se aprovechaba de la necesidad de las familias.
En 2019, y a instancias de Serra, la UNR incorporó el programa de testeo en la Facultad, pero tuvo que empezar a cobrar. El costo es de mil pesos (la mitad que el de La Plata) y las muestras son recibidas dos veces por mes en la sala 9 planta baja del Hospital Centenario (Urquiza 3101). Allí quienes estén interesados puede retirar el instructivo –que asegura anonimato– y el tubo para dejar la muestra.
Una vez por mes el laboratorio envía al correo electrónico del usuario o usuaria los resultados. Además, les piden dejar un cuestionario para conocer qué los llevó a consumirlo, comprarlo o producirlo. Incluso les preguntan la variedad de la planta de cannabis, si tienen asesoramiento de profesionales de la salud, entre otros datos. Para más información el programa creó un sitio web para consultas y lograr más información.
Política de Estado
El convenio para cubrir los testeos entre la provincia y la UNR fue una de las últimas políticas que llevó adelante la ex ministra de Ciencia y Tecnología, Érica Hynes. Ella también encabezó las gestiones para cultivar y producir un aceite en el laboratorio estatal santafesino.
“Tenemos un año de testeos asegurados por la provincia. Queremos que se vuelva una política estable y que el comité asesor de la ley de cannabis medicinal santafesina tenga más dinámica”, explicó Laura Acosta, desde Macame, donde hay más de 20 madres que cultivan y producen aceite para darles a sus hijos e hijas.
La iniciativa fue posible por la figura de aportes no reintegrables a unidades de vinculación tecnológica, universidades y polos tecnológicos con proyectos de interés científico y social.
“Sumar nuestro conocimiento como madres que cultivan y tratan a sus hijos es muy importante para la medicina. Queremos mejor acompañamiento de médicos que se involucren en el cannabis medicinal y sus distintas aplicaciones”, agregó Acosta.
Cambio de época
A poco de la asunción del gobierno de Alberto Fernández el ahora ministro de Salud, Ginés González García no solo oficializó el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sino que adelantó que generará una nueva reglamentación a la ley de cannabis medicinal. “Está mal hecha la reglamentación. Hay una mezcla de desconocimiento. La reglamentación no cumple con la ley que limita tremendamente el uso”, dijo y agregó: “Está demostrado que el uso tiene que ser permitido para otras patologías. Hay que romper con un mercado negro absurdo. Eso se logra trabajando sobre la reglamentación de la ley para mejorarla y que amplíe el tema de las patologías para que se aplique”.
Para el ministro, la salud es un elemento que no solo es un derecho humano, sino un instrumento político de construcción social. “Si se mejora la salud, se reconstruye el país más rápidamente”, concluyó.
Acuerdo
Este viernes en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) representantes de organizaciones sociales presentaron los cinco puntos del acuerdo para la regulación del uso adultos del cannabis en Argentina. A mitad de año unas 20 organizaciones de todo el país vinculadas al uso de cannabis firmaron una base que servirá para el futuro debate de proyectos legislativos que modifiquen las políticas de drogas en Argentina.
De la presentación en Rosario, que organizó la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (Arda) y el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (Ceads) de la UNR, participó el rector de la universidad, Franco Bartolacci. “Queremos garantizar líneas presupuestarias que apoyen la investigación para poder romper con los prejuicios que hay sobre este tema”, dijo el rector en la apertura de la jornada. También participó el diputado provincial, Carlos Del Frade; el ex decano Serra; Silvia Inchaurraga (directora del Ceads); y Gustavo Zbuczynski, presidente de Arda.
En la jornada hubo representantes de Reset, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de Arec y de la Asociación Civil Cogollos del Oeste. Facundo Rivadeneira, miembro de esa asociación, explicó: “Queremos superar lo que viene sucediendo en los últimos diez años, en los que tuvimos unos 25 proyectos de ley presentados por diferentes sectores políticos en relación, ya sea a la despenalización, o la regulación del cannabis que no llegaron a ser ley por disputas políticas que no representan a la sociedad”.
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