Ciudad

Final feliz para Kiki

La provincia aguarda ahora un fallo de fondo

“Esperemos que la situación se resuelva en el menor tiempo posible”, señaló el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Jorge Álvarez.


La Justicia de segunda instancia de Santa Fe ordenó que Kiki, el niño de 3 años que había sido entregado a otra familia en enero pasado, sea restituido al matrimonio que lo crió por más de un año bajo “guarda”, figura que impide la adopción de parte de quienes acceden a ese programa.

Se trata de una resolución de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, que con la firma de Eduardo Sodero, Luciano Pagliano y Armando Drago dio lugar a una apelación presentada por la Defensoría General -que había sido rechazada en primera instancia-.

Así, se ordenó el retorno del niño al matrimonio de guarda, algo que ya ocurrió este martes, según confirmaron desde el entorno del menor.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Álvarez, recordó que tras el fallo de este martes resta ahora la resolución judicial de fondo.

“Esperemos que eso se resuelva en el menor tiempo posible. Hablamos de la situación de adoptabilidad del niño, por la cual existe legalmente un proceso a través del Ruaga, en el cual hay más de 800 familias que están anotadas para este mismo fin”, explicó en dialogo con el portal Unosantafe.

Tras eso, el funcionario detalló que la situación del hermanito de Kiki (quien queda ahora separado y viviendo en otro hogar) sigue igual. “No hay nada que cambie. El fallo nada dice al respecto. Él está con otra familia solidaria. La jueza ya resolvió sobre ese niño la adoptabilidad, ya ofició al Ruaga, que ya envió los perfiles de familia, y lo que se tiene que resolver es a qué familia se le va a dar la guarda”, señaló.

Álvarez también fue consultado sobre las críticas que recibió la Subsecretaría de la Niñez en torno a los tiempos con que manejó la situación.

“Los tiempos siempre pueden mejorarse y fundamentalmente si está el interés de un niño. Desde que se tomó la medida excepcional, que fue en junio de 2016, hasta que se declaró la situación de adoptabilidad, pasaron ocho meses. Y después se dio la denuncia judicial que ahora se debe resolver”, sostuvo.

“Las familias solidarias pueden tener al menor -según plantean nuestras propias normas- seis meses, lo que puede ser prorrogado cuando la situación lo amerite, cuando hay un proceso de resolución de adopción en ciernes, cómo fue en este caso. Y esa prolongación fue en acuerdo con la familia”, recordó el secretario de Desarrollo Social.

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