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Seguridad

La provincia admitió que la marcha entregó una “señal de hartazgo”

El ministro de Gobierno aceptó que la protesta del jueves llevará “a un replanteo de todas las políticas” de seguridad; Pablo Farías fue el encargado de salir a dar la mirada oficial sobre la manifestación. “Sí o sí tendremos que cambiar”, reconoció.


Los ecos de la movilización del jueves por la tarde en la ciudad aún retumban. Miles de personas marcharon desde los Tribunales hasta la sede de Gobierno frente a la plaza San Martín en reclamo de seguridad. La magnitud del pedido no dio margen e hizo que ayer autoridades provinciales tuvieran que salir desde bien temprano a dar su versión del hecho. El encargado no fue el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, ni mucho menos el gobernador Miguel Lifschitz. La voz cantante la llevó el titular de la cartera de Gobierno, Pablo Farías, quien dejó en claro que la administración santafesina tomó nota de la manifestación. “Esto fue una señal de hartazgo”, reconoció.

El funcionario admitió que en el gobierno provincial se sintieron “impactados” por la protesta. “Fue una marcha multitudinaria. Conmueve ver a toda esa gente en un solo lugar de forma silenciosa. Nos genera una gran responsabilidad”, sostuvo Farías.

Tras eso, el ministro de Gobierno también aceptó que quienes asistieron dieron una clara “señal de hartazgo” por los que se vive a diario en Rosario en materia de inseguridad. “Es por eso que decimos en el mismo gobierno que esto nos lleva a un replanteo de todas nuestras políticas. Sí o sí tenemos que cambiar”, agregó Farías.

Sobre la posible llegada de más gendarmes, el ministro apuntó que recién el martes, cuando representantes de la provincia se reúnan con los de la cartera de Seguridad nacional, se tendrá un panorama más claro de los pasos a seguir. Esta semana dirigentes locales del PRO habían anticipado el desembarco de unos 3 mil agentes, pero Farías aclaró que no hay cifras cerradas. “Tenemos que ver qué disponibilidad tiene Nación”, observó.

Consultado sobre la continuidad de Pullaro al frente del Ministerio de Seguridad santafesino, el funcionario desechó que el problema de la criminalidad en Rosario y en la provincia se resuelva con cambios de nombres.

Destacó, entre los planteos que se escucharon en la marcha, el pedido por más compromiso. “Quienes estamos en lugares clave tenemos mucho para dar –aseguró–. Hay una decisión política muy fuerte de combatir los focos de corrupción”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, dijo “no tener la menor duda” que el reclamo “fue tremendo”, por lo que “quienes ejercemos funciones en el Estado no tenemos más que escuchar el justo clamor de la sociedad”.

“No es momento de empezar a echarse culpa entre los poderes, la marcha de ayer (por el jueves) nos tiene que hacer reflexionar a los tres poderes del Estado pero no en lucha política. La cuestión de la seguridad es de Estado más allá de lo partidario y tiene que ser abordado con seriedad”, agregó.

“Lo de la marcha ha sido algo que nadie, que tiene una función en el Estado, puede no sentirse conmovido. No podemos dejar de escuchar el reclamo. Tenemos que avanzar con mayor premura”, concluyó.

En busca de respuesta y acciones concretas

Tras la masiva convocatoria del jueves, algunos de los familiares de víctimas de inseguridad celebraron la importante participación de las personas que se congregaron en contra de la violencia en diálogo con El Ciudadano.

“A Rosario le cayó la ficha, de alguna manera la respuesta masiva tiene que ver con una realidad a la que se le ha hecho la vista gorda. El miedo impulsó que la ciudad salga a la calle. Fue de gran emoción ver a miles de personas, de distintos estratos sociales, lo que demuestra que es una realidad que ha llegado a todos”, señaló Eduardo Trasante, padre de dos hijos asesinados en episodios violentos. “El gobierno está trabajando con mayor grado de compromiso y seriedad. Esto va a llevar a un efecto dominó que va a afectar a todas las áreas, incluso más allá del motivo por el que se ha salido”, agregó.

En tanto, Raúl Ciarroca, cuyo hijo murió tras recibir un disparo durante el robo de su celular, enfatizó la necesidad de compromiso de parte de la ciudadanía. “Queremos lograr que las personas se comprometan para luchar y para que podamos salvar otras vidas. La gente se tiene que comprometer para que los que tienen el cargo también se comprometan”, expresó, mientras celebró que los convocados hayan respetado la idea original de movilizarse pacíficamente.

En el mismo sentido, el periodista Pablo Procopio, a cuyo hermano Sandro lo mataron cuando salía de inspeccionar una obra en construcción que tenía a su cargo, destacó la contundencia del reclamo. “La gente quería expresarse porque se siente no escuchada. Fue una manifestación espontánea, sin banderas políticas, de todas las clases porque la inseguridad atraviesa todos los sectores. Hay que visibilizar el tema para que se pueda actuar”, sintetizó.

Controles a comercios

El día después de la multitudinaria marcha que pidió seguridad por las calles de Rosario, la intendenta Mónica Fein convocó a una reunión de trabajo con coordinadores e inspectores fiscalizadores, pertenecientes a la órbita de la Secretaría de Control y Convivencia, a fin de abordar las particularidades de los operativos que se llevarán a cabo en comercios y empresas vinculadas con los rubros en los que se modificará el esquema de fiscalización, de acuerdo a lo anunciado el miércoles último.

Durante el encuentro, del que también participaron los secretarios de Gobierno, Gustavo Leone, y de Control y Convivencia, Gustavo Zignago, y la fiscal Verónica Caini, la intendenta remarcó la necesidad de trabajo en conjunto entre los distintos niveles del Estado y, junto a los responsables de las áreas correspondientes, repasó las nuevas disposiciones a fiscalizar.

Entre otras cosas, se repasaron los nuevos requisitos sobre operatoria, composición y origen de capital y de titulares habilitados que regirán para los rubros priorizados, entre los que se incluyen armerías; talleres mecánicos; desarmaderos; espectáculos públicos; compra y venta de celulares y accesorios; y actividades de empresas que utilicen precursores químicos. También se recalcó que en todos los casos, la información obtenida será compartida con otras agencias estatales.

La intendenta sólo hizo una escueta declaración sobre la marcha del jueves, cuando fue consultada por cronistas a la salida de una cátedra que se dictó en la Fundación Litoral: “Es el momento de escuchar, entender el dolor y actuar”.

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