Guillermo Correa
La Municipalidad de Victoria extendió hasta el 31 de octubre la vigencia de la “emergencia ambiental” declarada por el decreto 920, emitido el pasado 3 de septiembre y que caducaba este jueves 15, por lo que la disposición, que prohíbe “absolutamente” toda actividad en la zona de islas, desde acampes hasta pesca y navegación, “y todas aquellas que impliquen circulación en islas, riachos o lagunas”, sigue vigente. Empero, a la par se exceptuó a la Universidad Nacional de Rosario, que a partir de un convenio firmado entre el rector, Franco Bartolacci, y el intendente Pablo Javkin, instalará un centro de investigación en la Reserva Los Tres Cerros, que pertenece a la ciudad como parte del Legado Deliot. Resuelto así el doble cortocircuito, con Prefectura Naval y con el municipio entrerriano con jurisdicción en las islas del Alto Delta, Bartolacci confirmó a El Ciudadano que a principios de la semana que viene una delegación hará una recorrida para determinar el sitio donde se emplazará la base científica, y que en unos 10 días los primeros investigadores ya comenzarán sus tareas allí: los pioneros trabajan sobre “detección de regeneración de fauna”, y cruzarán el brazo principal del Paraná a tomar muestras del ecosistema.
Son unos 70 los científicos, investigadores, docentes y alumnos de la UNR ligados a proyecto sobre la flora, la fauna, composición e importancia del Humedal que trabarán in situ. Pero además, está previsto que la Universidad, junto a otras reparticiones e instituciones montará un sistema de alerta temprana para la detección de fuegos que según se estima ya arrasaron unas 300 mil hectáreas sólo en el Alto Delta, y todos, se presume, iniciados en forma intencional.
En ese marco el decreto 920 de la Municipalidad de Victoria había vuelto a cobrar relevancia a partir del oficio que Prefectura Naval había cursado al rector de la UNR advirtiendo que la fuerza debía asistir como apoyo para garantizar su cumplimiento. Bartolacci había respondido con indignación: “Sería importante que controlen y prohíban el acceso a los que incendian nuestras islas, no a los que vamos a hacer investigación para defenderlas”, se enojó. Pero todo quedó saldado este miércoles con Prefectura, que asistirá a la misma base científica incluso con traslados de personas y equipamiento, y este jueves con Victoria, que sumó al centro de la UNR a las excepciones.
La repercusión del entredicho había alcanzado nivel nacional no sólo por la importancia de los centros de investigación que funcionan a nivel local y forman parte del Conicet, sino también porque la administración del municipio entrerriano se había puesto como escollo a un proyecto que procura la preservación, a partir de un instrumento que decía tener esa misma intención. Por si fuera poco Bartolacci confirmó que, como parte de su trabajo en conjunto con la Nación, se están articulando planes conjuntos con la Administración de Parques Nacionales, que está bajo la órbita del Ministerio de Defensa, que conduce Agustín Rossi. Y también que el Ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, sumó la UNR y a la Uner, la Universidad Nacional de Entre Ríos, al relanzado Piecas, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná: “Antes no estábamos”, celebró el rector.
Todas esos ingredientes habían dejado a la administración de Victoria, encabezada por el intendente Domingo Maiocco, en claro off side. El decreto 920 exceptuaba de las restricciones a “las brigadas afectadas a la extinción de incendios; las fuerzas de seguridad nacional y provincial; las autoridades provinciales, nacionales o municipales afectadas a la prevención y el control de incendios”, y a “los civiles voluntarios debidamente capacitados y con equipamiento para la extinción de incendios forestales, expresamente autorizados por alguna de las jurisdicciones integrantes del Comité de Emergencia Ambiental, cuya formación fue ordenada por la Corte Suprema”. La discusión, respecto a ese instrumento es si el Centro Experimental de Investigación, Producción Científica y Educación Ambiental de la UNR podía no considerarse en ninguno de esos puntos. De igual modo la duda se resolvió con un agregado “que explícitamente menciona a la UNR”, y que “además expresa su apoyo”, destacó el rector Bartolacci a este diario.
Se trata del artículo 3º –el nuevo decreto lleva el número 1.102– y marca que “a los efectos de evitar cualquier error interpretativo” de la disposición anterior “se declara que las restricciones establecidas en dicho instrumento no abarcan las actividades científicas que deba realizar la Universidad Nacional de Rosario en la isla El Charigüé o en cualquier otro sitio de las islas ubicadas en el ejido de Victoria, indicándose en forma expresa que la Municipalidad de Victoria apoya y ve con beneplácito dicho emprendimiento científico”.
Un mes antes, cuando se emitió la disposición, la Multisectorial por los Humedales, cuyos voluntarios habían cruzado a la Boca de la Milonga a enfrentar ellos mismos los focos de fuego –y después lo hizo para entregar donaciones a los residentes isleños– entendió que la disposición había sido redactada a su medida: le impedía desplegar cualquier acción en el territorio e incluso llegar hasta él, lo que excedía las potestades del municipio entrerriano.
Ahora también esta situación comenzó a dar un giro: el rector de la UNR se reunió este jueves con miembros de la Multisectorial –a cuyos miembros se refirió como “custodios del Legado Deliot”– para coordinar, complementar y desarrollar actividades en conjunto.
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