Ezequiel Nieva
Organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantes y gremiales y víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado realizaron este miércoles un escrache en la puerta de la casa donde está alojado –con prisión domiciliaria– el represor Víctor Hermes Brusa, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Brusa cumple una sentencia de 23 años de prisión por secuestros, torturas y asociación ilícita. En diciembre de 2009, el ex juez federal de Santa Fe se convirtió en el primer funcionario judicial del país en ser condenado por su participación activa como miembro de una patota de la dictadura.
El represor está detenido desde 2005 y debía purgar sentencia hasta 2028. Los últimos nueve años estuvo alojado en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Las Flores, en la capital provincial. Pero a principios de diciembre la Cámara Federal de Casación aceptó su planteo, fundado en razones de salud, y le otorgó la domiciliaria. Desde el 7 de diciembre, el ex magistrado se encuentra en su hogar de calle 9 de Julio 1741, en el sur de la ciudad de Santa Fe, a media cuadra del Juzgado Federal en el que se desempeñó hasta su destitución por parte del Consejo de la Magistratura en el año 2000.
Los organismos que forman parte del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe se convocaron este miércoles en la Plaza del Soldado, en pleno microcentro, para marchar luego hacia la Casa de Brusa. Una vez allí, realizaron intervenciones y pintadas para dejar señalado el domicilio: “Aquí vive V.H. Brusa, genocida”.
La abogada de Hijos Santa Fe, Lucila Puyol, opinó que el fallo de Cámara que benefició al represor santafesino “es una burla a la justicia y a un proceso que empezó apenas recuperada la democracia, en el momento de los juicios; después tuvimos una etapa de impunidad con las leyes de obediencia debida y punto final y, cuando la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esas leyes y volvimos a un proceso de juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, tenemos que estar viendo prisiones domiciliarias, incluso excarcelaciones de genocidas condenados”.
Según Puyol, “es una política de época, no es un caso aislado. Lamentablemente en los últimos tiempos tuvimos que ver que a genocidas muy paradigmáticos como Etchecolatz planteara un pedido de domiciliaria. También el famoso fallo del 2×1 es parte de esta época que estamos viviendo, de mucho retroceso en las políticas de derechos humanos”
Ante esa situación, la abogada aseguró que los organismos de derechos humanos seguirán dando batalla contra la impunidad de los represores “en las calles y en los tribunales”.
Durante el escrache, se leyó un documento en el que los organismos recordaron que el primer escrache contra Brusa –cuando era juez federal– se hizo en el mismo lugar hace más de 20 años: en febrero de 1998. También rememoraron que su destitución fue por haber chocado con su lancha a un nadador en la laguna Setúbal, al que dejó abandonado, y por haber tratado de desviar la investigación judicial sobre el hecho.
Durante la última dictadura, Brusa fue secretario del juez federal Fernando Mántaras y formó parte de una patota, junto a policías provinciales, dedicada al secuestro y la tortura de dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles.
Brusa fue sentenciado por la Justicia Federal en tres causas distintas por delitos de lesa humanidad y se encuentra cumpliendo una condena unificada de 23 años.
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