Lucia Demarchi
El Parque Rafael de Aguiar es un área natural protegida de 1.500 hectáreas de humedales y bosques nativos de la ciudad de San Nicolás. En noviembre de 2020, vecinos autoconvocados se constituyeron en Asamblea para proteger ese espacio, luego de que el municipio ordenara rellenar con escombros un sector de laguna para luego pavimentar un camino. Realizaron varias manifestaciones pacíficas y, según denunciaron en varias oportunidades, por ese motivo comenzaron a ser hostigados por la policía bonaerense. Esa situación llegó a su pico máximo el martes pasado, cuando un grupo de asambleístas que cortaba una calle interna del Parque fue reprimido por las fuerzas de seguridad, que los desalojó a los golpes y los detuvo sin una orden judicial que los avalara. El abogado que los acompaña presentó un habeas corpus y la Fiscalía abrió una investigación por vejaciones y apremios ilegales. Los asambleístas solicitaron que se investigue, además, al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, luego de que justificara el accionar policial bajo el argumento de que los uniformados habían actuado en cumplimiento de una inexistente orden judicial.
El Parque Aguiar es una reserva de biodiversidad que se extiende sobre una superficie 1.500 hectáreas de humedales y bosques nativos ubicadas sobre la margen del río Paraná inferior, en la ribera de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Fue fundado en las década de 1950 a través de una ordenanza y en 2012, otra normativa local –la N° 8235- lo declaró área natural protegida municipal.
Según contó a El Ciudadano el abogado ambientalista Fabián Maggi, es dentro del predio del Parque que la Municipalidad de San Nicolás pretende realizar obras públicas que violan la legislación nicoleña e incluso la ley de Bosques Nativos. “Es un proyecto que no está puesto sobre la mesa de manera clara, pero se sabe que hay una intención de urbanizar la reserva para generar una zona hotelera comercial, de a poco”, explicó.
“Lo que está anunciado y que fue motivo de la creación de la Asamblea Comunidad Nicoleña por el Ambiente (Cona) fue una obra pública para pavimentar el camino costero de la reserva ecológica”, refirió Maggi respecto del proyecto que pretende ensanchar y elevar el nivel del camino para que no lo afecten las inundaciones. “Eso le quita la dinámica natural al humedal, que necesita de la creciente y la bajante natural para existir. Al crear nuevas condiciones, el ecosistema deja de funcionar”, refirió el letrado.
“Ellos dicen que son obras públicas pero la realidad es que están rellenando los humedales, con el agravante en términos ambientales de que esa zona es, además, zona de bosque nativos que están protegidos por ley, y los están destruyendo”, analizó.
En 2020, cuando se produjo la bajante del río, hubo un desmoronamiento en un sector del camino y un juez ordenó repararlo. “Con ese solo permiso, la Municipalidad avanzó con todo”, detalló Maggi. “El Municipio dice que es una obra pública que pretende generar una restauración y puesta en valor. Eso significa, en realidad, generar espacios que van a ser aptos para comercios, restaurantes, bares, hoteles. Esa es la intención encubierta del Municipio”, consideró el abogado.
La Asamblea Cona se constituyó en noviembre de 2020, después de que la Municipalidad de San Nicolás presentara un pliego de licitación para concretar una obra de pavimentación. “Al tomar conocimiento de que los primeros camiones intentaban ingresar al Parque Aguiar con escombros que iban a ser volcados en la laguna, la gente se posicionó, se crea la asamblea y comienzan las movilizaciones pacíficas”, expuso Maggi.
Intimidación
Con la continuidad del conflicto, en diciembre la Asamblea adquirió el carácter de permanente, con acampes dentro de la reserva a un costado del camino. “En ese momento empieza la violencia institucional, cuando los manifestantes son desalojados del acampe en forma violenta”, contó el abogado, quien detalló que el 10 de diciembre se formalizó la primera denuncia por hostigamientos y amenazas por parte del personal de la comisaría 3° de San Nicolás. Esa denuncia fue ampliada en enero, después de que dos policías que pasaron en un patrullero por al lado grupo de asambleístas hiciera con los dedos el gesto de gatillar contra los manifestantes.
Este martes, esta situación llegó a su pico máximo, cuando personal de la comisaría 3° reprimió a golpes a los manifestantes que cortaban pacíficamente el camino, les sustrajo los celulares a algunos de ellos y los llevó detenidos a la dependencia policial. Todo fue transmitido en vivo a través de la cuenta de Facebook de uno de los manifestantes. O casi todo, porque en plena transmisión un policía lo despojó de su teléfono.
“No había ningún pedido de ninguna autoridad para que la manifestación del día 26 (de enero) sea desalojada o reprimida. Eso fue una decisión de la policía. No hay ninguna orden de un fiscal ni de un juez que diga que desalojen o arresten a los manifestantes. Fue en el momento que la policía decidió hacerlo”, remarcó Maggi, quien luego de la detención presentó un habeas corpus para que los 11 manifestantes fueran liberados.
En primera persona
Oscar Ramírez es un vecino de San Nicolás de 69 años que, desde hace varias décadas, trabaja como guardaparques voluntario en la reserva. “El día martes me presenté en el Parque Aguiar porque había personas que querían pasar para hacer las obras, con la policía. Es una obra ilegal que no está permitida en el área natural protegida. El camino ya había sido reparado. Esto es otra obra aparte, que no tiene que ver con lo que autorizó el juez”, relató.
“El propósito de ellos es hacer una costanera, pero no puede haber una avenida urbana dentro de un área natural protegida. Para eso tienen que destrozar forestación y rellenar lagunas, que es lo que están haciendo”, contó.
“El día viernes (22 de enero), se había presentado un fiscal y les hizo sacar las máquinas y los camiones. El lunes (25 de enero) pasó lo mismo con otro fiscal. Entonces este martes fui yo, les pedí la orden para hacer la obra y no la tenían. Vimos mucho movimiento y empezaron a llegar muchos patrulleros. Nosotros nos sentamos en el camino y cortamos pacíficamente, porque siempre lo hemos hecho pacíficamente. Somos vecinos autoconvocados. Nos sentamos en el piso y vinieron a reprimirnos y a desalojarnos”, relató.
Los asambleístas pidieron a las fuerzas de seguridad una orden de desalojo que no tenían. A partir de allí, Oscar recuerda todo en cámara lenta. “Empezaron a manotearnos, a golpearnos y a arrastrarnos. Vi cuando pisoteaban mi celular, le rompieron la pantalla. Vi como golpeaban y arrastraban a mis compañeros, vi como entre tres mujeres le pegaban a una de mis compañeras, vi como dos policías arrastraban a las chicas. Vi muchas cosas. Vi cuando golpeaban los vidrios del auto que estaba atravesado en el camino, querían sacarlo y romperles los vidrios”.
“Y yo sentía golpes como adormecedores. Me duele toda la espalda porque me clavaron las rodillas en las espalda, me han pateado las piernas, y me duele todo el cuerpo”, recordó el guardiaparques. “Pero esto no apaga la luz que tengo para la naturaleza. Para hacer una obra, la gestión (municipal) tendría que haber publicado el proyecto que tienen, tendrían que haber presentado un estudio de impacto ambiental, tendrían que haber llamado a una audiencias pública”, consideró. “Nosotros vamos a seguir reclamando lo que es justo y necesario”.
“Nos llevaron a una comisaría, nos pusieron en una celda de dos por dos. Éramos nueve personas, las dos chicas estaban aparte”. Cuando los liberaron, dos de los asambleístas debieron ser hospitalizados. “A un chico le luxaron la cadera y a una chica le lesionaron el brazo. Yo creí que estas cosas se habían terminado hace 40 años, pero no hemos crecido mucho”, dijo.
Cuando los manifestantes fueron liberados, tras la presentación del habeas corpus, afuera de la comisaría 3° de San Nicolás había unas 150 personas apoyando a los asambleístas.
Vejaciones y apremios ilegales
Maggi dijo a El Ciudadano que este jueves por la mañana desde Fiscalía les informaron que se había iniciado una investigación por vejaciones y apremios ilegales. “Y a esto se suma que el ministro Sergio Berni salió a decir que el accionar policial había sido adecuado. Y ni el accionar fue adecuado ni existía orden judicial para el desalojo. Me lo confirmaron en el Juzgado de Garantías. Si el máximo responsable del Ministerio de Seguridad va a avalar esta situación, hay que ir contra él. Por eso presentamos una ampliación de denuncia donde pedimos desde la Asamblea que se investigue por qué el Ministerio Público Fiscal no investigó a la bonaerense cuando había denuncias en su contra y que se investigue a Berni por participación necesaria o encubrimiento de la violencia institucional”, indicó el abogado.
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