Por Carla Deiana / Ex candidata a gobernadora del Frente de Izquierda. Socióloga y profesora
La muerte de Ezequiel Francisco Curaba, con 21 años recién cumplidos, debería calificarse como asesinato y la responsabilidad de su crimen imputársela enteramente al Estado. Su lucha por aferrarse a la vida fue hasta el final, como lo declaró la médica del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), cuando dijo que era increíble que permaneciera vivo con el 90% del cuerpo quemado.
Como contó una de sus docentes, Ezequiel no siempre fue ladrón, también tiraba de un carro de mano para sobrevivir. Revolvía lo que para algunos es basura y que para él era la fuente de una ración de comida, o de un nylon para taparse de la lluvia porque vivía en situación de calle. Y estudiaba en una escuela pública, de esas que no tienen agua cuando hace calor, o que son baleadas por los narcos para darle un mensaje al comisario del barrio.
La vocinglería para justificar este cruel deceso de un pibe chorro, que antes de llegar a serlo fue empujado de la pobreza a la indigencia, está muy lejos de ser una opinión ciudadana. Es la pedagogía de la crueldad que imparten los gobiernos para lavarse las manos: las miserias del pobre le suceden porque se las merece, no porque todos los que gobernaron fracasaron para resolver el problema social de la pobreza.
En el primer semestre de 2023, el índice de pobreza en el Gran Rosario fue del 33,5% y en el Gran Santa Fe del 43%, incluso por encima del promedio nacional que registró un 40,1%. En cuanto a la indigencia, en Gran Rosario midió 6,2%, mientras que en el Gran Santa Fe alcanzó el 10%. Datos viejos que omiten el final inflacionario de los Fernández-Massa y el salto calamitoso de la pobreza con el gobierno de Javier Milei. Esto, en la provincia de donde salen el 85% de la exportaciones del país, como le gusta recordar a los gobiernos provinciales y nacionales cuando se pelean por el reparto de la caja que nunca llega a hospitales, escuelas, rutas o barrios; ni han significado ningún verdadero impulso industrializador, que cree millones de puestos de trabajo y saque a la juventud de la desocupación.
Por caso, el vocero de la Empresa Provincial de Energía, Esteban Rezza, declaró frente a la muerte de Ezequiel que habría que imputar bajo la figura de “asociación ilícita” a las personas que roban cables. El hecho de que cada vez haya mayor cantidad de casos de robo de cables en Rosario (en los pozos que deja abierta la EPE), incluso personas que fueron atendidas por quemaduras más de una vez en los hospitales, no le mereció al bien alimentado funcionario público ninguna autocrítica sobre la gestión del gobierno al que pertenece, que es una versión más derechista del viejo Frente Progresista, que se alterna en el poder con el peronismo desde los 1990.
Rezza no usa la misma vara penal para medir los delitos de la empresa a la que representa, que dejó a millones de rosarinos sin luz en la ola de calor durante enero, pese a lo cual ahora reclama un 88% de aumento sin pasar por la más mínima audiencia pública. Pese a los tarifazos continuos, los cortes de luz afectaron a entre 14 mil y 20 mil clientes por día en Rosario en lo que va de Febrero, perjudicando a más del 30% de los hogares y comercios de la ciudad.
Con la misma lógica impúdica atienden la cuestión del narcotráfico, causa número uno de asesinatos entre hombres y mujeres menores de 25 años, es decir, de jóvenes. Frente a la masacre que vivimos Rosario, todos siguen la lógica del ex Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, para quien no habría que “sobredimensionar” el tema “porque se matan entre ellos”. Son reducidos a simples criminales niños, niñas, adolescentes y adultos recién llegados a la mayoría de edad, muertos por robar un kilo de cable que paga 7 mil pesos, secuestrados en búnkers a manos de redes narcos, acribillados por disputas de esquina, asesinados al boleo.
Mientras el hilo se corta por lo más delgado, ningún político del sistema se atrevió a interrumpir el circuito capitalista del gran delito. ¿Quién compra el metal robado? ¿Bajo la jurisdicción de qué comisaría, fiscalía y juzgado se hacen las compra-ventas clandestinas de cables y metales? ¿Qué banco blanquea el dinero negro del narco y habilita la salida de estupefacientes por los puertos privados? Con el mismo manto de impunidad con el que se tapan estas respuestas indecibles, los que gobiernan tapan los cadáveres de los “pibes chorros” que ellos generan con sus políticas de hambre y miseria.
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