La población trans atraviesa días de “hambre”, “desalojos” y hostigamiento policial porque con la cuarentena “se cierra la esquina y aparece una economía de supervivencia”, según Alba Rueda, activista trans a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad que anunció diversas acciones para dar respuestas en la emergencia sanitaria.
Hace dos semanas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) anunció la incorporación de 3.536 personas de este colectivo en el programa Potenciar Trabajo, la entrega de 2835 refuerzos alimentarios, la realización de gestiones para impedir 120 desalojos así como para la regularización migratoria de otras 223 personas travestis trans.
“Históricamente, las políticas de los programas alimentarios no tenían como sujeto de derecho a la población travesti trans porque había un modelo de pobreza heteronormativo y binario: nuestra misión es transversalizar la perspectiva de diversidad en todos los organismos del Estado”, dijo Rueda en diálogo con Télam.
La funcionaria del MMGyD explicó que “hay provincias que nunca habían entregado bolsones a personas travesti trans” por este “sesgo ideológico de políticas alimentarias” que tienen “la misión, como ministerio, de interpelar”.
“Esta situación de pandemia y cuarentena pone en evidencia todos los reclamos de la desigualdad estructural que venimos señalando desde las organizaciones sociales, que es de donde vengo”, afirmó Rueda.
La funcionaria destacó que son ellas las que hoy “expresan en números cómo se manifiesta esta demanda” de la población trans en tiempos de cuarentena, subsanando “la falta de información” en los organismos públicos, que es “una de las grandes deficiencias del Estado” en relación al colectivo.
“Miles de compañeras que están pidiendo comida porque se cierra la esquina y aparece una economía cotidiana de sobrevivencia”, dijo.
Rueda explicó que el panorama actual confirma lo que las organizaciones vienen diciendo sobre un “80% sin empleo formal”.
“Como la mayoría de las compañeras están en prostitución y no pueden estar en la calle, se rompe el modo de subsistencia con un efecto en cadena: falta el alimento pero también impacta en el pago del alquiler y ahí aparecen no sólo las demandas de cobro sino la amenaza de desalojo”, dijo.
“Y al estar la policía controlando el cumplimiento del aislamiento social, se agravan comportamientos ya conocidos, que siempre tuvo esta institución, de mirada discrecional, amenazas y ejercicio de la violencia contra la población trans”, dijo.
En ese sentido, Rueda recordó el caso de Delfina, una joven trans de 19 años que denunció haber sido detenida y abusada sexualmente por cuatro policías en la ciudad jujeña Libertador San Martín, en el marco de las medidas de prohibición de circulación por el coronavirus.
La cuarentena es aún más dura de sobrellevar para las migrantes que no están al día con la documentación o vieron interrumpidos sus trámites y ahora “no salen a la calle por el temor a la policía”; así como para “las jóvenes que tienen que pasar la cuarentena con personas que violentan su identidad, en un contexto de mucha hostilidad” familiar.
“Como los efectos son en cadena, las respuestas tienen que ser integrales; y es cierto que no se dan todas las respuestas, pero las fuimos mejorando”, agregó.
En ese sentido, el MMGyD junto al Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) en articulación con organizaciones sociales, ya incorporó 3536 personas trans al programa Potenciar Trabajo, dedicado a “promover la inclusión social plena y el mejoramiento progresivo de los ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica”.
“Es un programa social que conjuga dos anteriores -Hacemos Futuro y Salario Social Complementario- que consiste en una asignación del 50% del salario vital y móvil, con la contraprestación la terminalidad educativa y la formación para el empleo”, dijo.
Rueda explicó que al momento de asumir “había ya mil personas trans en el programa Hacemos Futuro”, a las que ahora se agregan 3.536 más.
“Si tenemos demanda de 7.000 módulos alimentarios, entregamos 2.835 bolsones y ya tenemos 4.500 personas contenidas en un programa social, quiere decir que ya hay un acercamiento a una respuesta en este primer paso que damos”, dijo.
Los módulos son bolsones con productos alimenticios y de higiene que se distribuyen a partir de “un trabajo territorial en cada jurisdicción”, que supone vincular las respuestas alimentarias “con una perspectiva (de diversidad) que hasta ahora no se había llevado adelante”, dijo.
“Dar los primeros pasos hacia un estado transfeminista implica mirar la integralidad de los aspectos que hacen a esta violencia estructural (hacia las personas trans) y romper con un modelo de estado compartimentado para dar lugar a uno de ciudadanía diversa, que abrace a los sectores o personas más excluidas”, dijo.
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