La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio del 1º de septiembre pasado reclamó que se secuestre el teléfono celular del diputado nacional del PRO Gerardo Milman, ante una evidencia de su involucramiento “que es cada vez mayor”, según nueva prueba incorporada.
“A esta altura de la investigación consideramos imperioso secuestrar el celular cuyo análisis es más importante para la pesquisa, el de Gerardo Milman”, sostuvieron en una presentacion los apoderados de la vicepresidenta en la causa, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
El nuevo pedido de pruebas se hizo ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo, en quien la magistrada delegó la investigación tras rechazar el pedido de la querella de que se apartara.
“Le solicitamos a la jueza (ya que esta medida es de exclusivo resorte jurisdiccional)” que “proceda al inmediato secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman”. De manera subsidiaria, es decir si no autoriza lo primero, el escrito pide “que solicite, de modo inmediato, autorización a la Cámara de Diputados para proceder al secuestro del celular” del legislador.
La querella aclaró que Milman tiene, como diputado, inmunidad de arresto “pero en ningún caso de proceso”.
“Una vez secuestrado el dispositivo, requerimos que se practique una amplia pericia con el fin de identificar cualquier vinculación de Milman con los hechos objeto de este proceso”, agrega la presentacion.
El legislador “sólo podría ser convocado a prestar declaración indagatoria, y no testimonial”, advirtió la querella y por eso consideró que “sólo debe llamarse a Milman cuando esté más clara la plataforma fáctica”, es decir, el papel que jugó. “Por eso, la próxima medida a seguir debe ser el secuestro de su celular”.
En el mismo escrito, los abogados pidieron a la Fiscalía que disponga otras medidas de prueba vinculadas a la “pista Milman”, entre ellas un pedido de informes sobre “todas las líneas telefónicas” de Milman, sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz y otras dos personas, Hernán Carrol, creador de la organización Nueva Centro Derecha y allegado a Patricia Bullrich, y María Alejandra Mroue, quien sería socia de Gómez Mónaco en un centro de estética. Ella se presenta como “TV host” de Crónica TV y Canal 9, en cuyas pantallas aparecieron entrevistados por móviles Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, ambos detenidos por el intento de asesinato, y otros militantes de Revolución Federal, organización que desplegó movilizaciones violentas y discursos antivacunas, antigobierno, y antiperonismo.
Los abogados Ubeira y Aldazábal reclamaron también un entrecruzamiento telefónico entre los mencionados y los detenidos Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo, con un estudio de geolocalización de celulares, desde abril último a la actualidad.
Desde abril, “Uliarte comenzó a tener mensajes vinculados con el atentado, y en mayo fue cuando Mroue conoció a Gómez Mónaco y comenzaron a hablar para asociarse en un supuesto emprendimiento comercial”, contextualizaron.
“Este momento es, a su vez, coincidente con el inicio de la incitación, por parte de Revolución Federal, a la violencia contra Cristina Fernández”, remarcaron los abogados.
También se pidieron a la Fiscalía medidas de prueba sobre Carrol y Fernando Villares, este último ex jefe de gabinete de Milman en el Ministerio de Seguridad de la Nación en la gestión de Cambiemos, donde también trabajó Gómez Mónaco, es Miss Argentina.
“De Carrol, lo último que supimos es que borró su celular el día antes de «ponerlo a disposición»”.
Carrol “tiene fotos con Milman y Bullrich, y tuvo contacto directo con Uliarte y Sabag Montiel”, remarcó la querella.
Sabag Montiel, autor material del intento de asesinato, envió una carta manuscrita a la jueza Capuchetti en la que afirmaba que Carrol le iba a designar un abogado defensor particular en reemplazo de la defensa oficial. Pero el patovica, quien fue precandidato a concejal en el partido bonaerense de La Matanza por Avanza Libertad, la fuerza de José Luis Espert, en 2021, no lo hizo.
En el escrito, los abogados también volvieron a cuestionar a la jueza Capuchetti, quien con “un criterio nunca antes visto” delegó la investigación en la Fiscalía y mantuvo esa decisión tras ser confirmada al frente de la causa. “Para sorpresa de todos, el abandono de la instrucción por parte del juzgado se dio casi tres meses después del atentado contra la vicepresidenta, y con procesamientos confirmados”, consideraron Ubeira y Aldazábal, en lo que calificaron de “claudicación investigativa” y apuntaron que “es la confesión, o bien de que la dirección de la instrucción superaba ampliamente la capacidad de la jueza, o bien de que su compromiso absoluto es no investigar a personas vinculadas con Juntos por el Cambio”.
Con todo, los abogados sostuvieron que las medidas de prueba que ordenó el fiscal Rívolo desde que se le delegó la pesquisa muestran que “la evidencia contra Milman es cada vez mayor”.
En esa línea recordaron que un testigo declaró bajo juramento que escuchó al diputado en la confitería Casablanca el 30 de agosto pasado decir: “Cuando la maten yo voy a estar en la costa”, ante dos de sus asesoras. Y remarcaron que se comprobó que Milman estuvo en Casablanca con sus asesoras el día indicado, “y que viajó a la costa, tal como escuchó el testigo”.
También mencionaron “los pedidos de informes solicitados por Milman sobre la custodia de la vicepresidenta: uno, del día del atentado”; la comprobación “de que el testigo contó lo sucedido sólo una hora y media después de los hechos”, y “las contradicciones de las asesoras de Milman en sus testimoniales del día 26 de octubre de 2022”.
En ese sentido, remarcaron que una de las asesoras de Milman cambió el teléfono una semana antes de entregarlo al fiscal Rívolo para un peritaje y la otra borró “en su totalidad” el contenido del suyo.
Los abogados destacaron que una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, declaró no haber sabido nada de los pedidos de informes sobre la custodia de la bicepresidenta, previos al atentado, pese a que “parece ocuparse de muchas de las tareas del despacho del diputado”.
“Es más, dijo que, por su conocimiento, Milman los mandó desde su propio email. Esto es particularmente extraño. Cada diputado nacional tiene su equipo y no es frecuente que redacten sus propias presentaciones sin consultarlas con sus asesores (especialmente con los de más relevancia) y que, incluso, se ocupen de presentarlas ellos mismos”, analizaron.
La otra asesora que estuvo con Milman en Casablanca, Ivana Bohdziewicz, “dijo que ella se ocupa de presentar proyectos, aunque no de leerlos”, remarcó la querella.
“Si lo que dice Gómez Mónaco fue así, implica que, quizás, para Milman, orquestar el asesinato de la vicepresidenta fuera un proyecto propio, más allá de que luego haya presumido de él frente a sus asesoras en Casablanca”, agregaron Ubeira y Aldazábal.
Las pruebas “se han ido acumulando”, salvo “las destruidas por sus asesoras”, sostuvieron los abogados, y concluyeron: “Secuestrar el celular de Milman es imperante”.
La investigación de la llamada pista Milman se profundizó las últimas semanas luego que la Cámara Federal porteña rechazó apartar del caso a Capuchetti a pedido de la querella, pero ordenó disponer medidas en torno a esta línea de la pesquisa.
Capuchetti había delegado poco antes la causa en Rívolo y resolvió no volver a asumir la investigación pese a un planteo al respecto del fiscal, luego de ser confirmada.
Rívolo dispuso entonces medidas de prueba convocó a declarar a los diputados nacionales Mario Leito y Marcos Cleri, y a las asesoras Gómez Mónaco y Bohdziewicz.
“El resultado de estas medidas corroboró situaciones predichas por esta parte y obliga a profundizar el estudio de las pistas que señalamos hace casi dos meses”, advirtió ahora la querella.
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