Más allá del cambio de nombres en el polémico tema de la Administración de Programas Especiales (APE), el gobierno avanza en silencio hacia un cambio del sistema que ha convertido a esa oficina en el centro de los reproches cuando administra apenas el 3 por ciento de lo que recauda de los salarios para las obras sociales. El diagnóstico del gobierno –que se negará a reconocer en público– es que la influencia de los delegados de Hugo Moyano, y antes Juan José Zanola, en ese organismo que trata de compensar a las obras sociales para el pago de tratamientos muy caros y de escasa frecuencia ha convertido al APE en un emblema de la falta de transparencia y en un objetivo de los jueces. Eso ha paralizado el sistema, algo que enardece más que nada a los otros caciques sindicales que han dejado de recibir esos fondos. En todas las reuniones transversales de los sindicalistas de todas las centrales (CGT, Azul y Blanca, algunos de la CTA), la queja por esa parálisis se hace en nombre de obras sociales pequeñas, que tienen una baja recaudación y que han tenido en ese fondo un tubo de oxígeno. Tanto es así que lograron el último año que se incluyeran en esos tratamientos excepcionales subsidios, algunos tan rutinarios como ciertos tipos de partos.
Esta pelea entre el gobierno y el moyanismo es un emblema de las inquinas que separan a distintas tribus del oficialismo. Como se manejan millones, la bronca con la cual se expresan esas peleas hacia dentro del gobierno es tan fuerte que convierte a las de la oposición en un juego de niños.
La queja sobre la parálisis de APE se suma a otra que es más vieja: la que reclama al Estado nacional la liquidación de cerca de 9.000 millones de pesos que forman parte de la recaudación de las obras sociales y que van desde el gobierno de Eduardo Duhalde a un Fondo Solidario de Redistribución creado en la emergencia de 2002 para asistir a las obras sociales y equilibrar a aquellas que tienen buena recaudación con las más pobres. Se alimentó en su creación con el 10 por ciento de los aportes de los salarios y un 15 por ciento de los más “ricos”. Con la asunción de Graciela Ocaña en reemplazo de Ginés González García en 2007, los ricos pasaron a contribuir con el 20 por ciento y los pobres con el 15 por ciento.
Esos fondos están en una cuenta del Banco Nación a disposición del sistema, pero no han sido liquidados desde antes de la asunción de Néstor Kirchner. La administración no lo admite, pero esos fondos, sin pasar a rentas generales, se usan para el giro del funcionamiento de las cuentas del Estado y siguen detraídos desde entonces del sistema de salud.
El acceso de Graciela Ocaña a la cartera de Salud con Cristina de Kirchner en 2007 redobló el blindaje de esos fondos, como resultado de la campaña de revisión del circuito del manejo de fondos sindicales que emprendió en ese puesto. En esa pelea confrontó, y perdió, con Hugo Moyano; ha dedicado sus días desde la renuncia en junio de 2009 a relatar las diferencias con el jefe sindical y también con el matrimonio Kirchner, que lo prefirió a él en esa disputa.
Ocaña heredó al asumir a Héctor Capaccioli, un albertista que terminó procesado, en la Superintendencia de Salud y a Juan Rinaldi, delegado de Moyano, que, entre las medidas para asegurar más transparencia en el reparto de los fondos, retiró de la página web de la repartición el registro público de los montos y destinos del dinero del APE. También está procesado.
El gobierno estudia, con el auxilio de baqueanos del sistema que no responden a la orga sindical y que no tienen cargos en el área, alguna salida que cubra los daños en dos terrenos: 1) el desprestigio del sistema como blanco de investigaciones como foco de corrupción; 2) normalizar el sistema –paralizado– para que cumpla su finalidad y, de paso, pacifique las relaciones con los gremios. Esto tiene que incluir alguna forma de desbloqueo de los otros 9.000 millones de pesos retenidos en el Banco Nación, un regalo que a medida que aumenta más el monto es más difícil de conceder. La idea, obvia, es irlo soltando de a poco y con condicionalidades técnicas –a qué se aplicaría– y también políticas. Si es que ocurre alguna vez este pago, que no hicieron ni Duhalde ni Kirchner. El primero lo justificó amparándose en la emergencia de los años de su gobierno. Kirchner no dio nunca explicaciones, tampoco Cristina de Kirchner. Por eso en las reuniones de sindicalistas se dice a lengua suelta que el gobierno no paga ese dinero porque ya no lo tiene y lo gastó. Aunque la cuenta del Fondo Solidario sigue existiendo en Banco Nación.
El nuevo round del APE es para el gobierno más un cambio de sistema que de personas. Si fuera sólo esto, el moyanismo sigue dominando en la línea de funcionarios, pero el gobierno tratará de imponerles una nueva rutina de reparto de los fondos APE, con publicidad del circuito y auditoría forzada de los puntos más oscuros.
El más indicativo de la falta de transparencia es el tráfico de medicamentos para enfermos de sida, que son muy caros y de entrega obligatoria, pero cuya administración está objetada por inflación de precio y adulteraciones. Como los medicamentos para esta enfermedad están resguardados por protocolos que protegen la identidad de quienes los reciben, ha sido muy difícil establecer la trazabilidad que asegure alguna transparencia.
Si este cambio de sistema no funciona o lo boicotean los delegados gremiales y los intermediarios en el APE, el gobierno puede llegar a ensayar la solución Oncca, o sea abolirlo.
El ente de regulación de exportaciones se había convertido en otro blanco de acusaciones de falta de transparencia y quedó también en la mira de los jueces. La oposición le puso el lema de “gestapo del campo” y el gobierno cortó por lo sano. Abolió el organismo y repartió entre varios ministerios el sistema. Hoy nadie en el gobierno piensa en ese destino para el APE, que en realidad funciona como una mesa de reparto de fondos en los que los delegados gremiales acuerdan –sin cornadas– qué se lleva cada cual. Abolirlo sería el comienzo de otra guerra, inconveniente a tan poco tiempo de las elecciones.
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