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La Pampa: proyectan nueva ley de gestión de agrotóxicos

Luego de que la provincia prohibiera y rehabilitara la comercialización de fitosanitarios, el Ejecutivo envió un proyecto a la legislatura. La normativa prevé distancias de la línea urbana de 500 metros para las fumigaciones terrestres y 3 mil para las aéreas


El gobierno de La Pampa envió un proyecto a la legislatura provincial para modificar la ley de agrotóxicos sancionada en 1989 y que rige en todo su territorio. El texto que ya se está debatiendo en comisiones modifica la distancia de las ciudades en las que se pueden realizar fumigaciones. Para las terrestres aplica un margen de 500 metros y para las aéreas las aumenta de mil a tres mil metros. Ese último punto es el más cuestionado por los productores, que pidieron expresamente poder fumigar más cerca de las ciudades. También hay modificaciones respecto de la gestión de los envases de agrotóxicos cuando estos queden vacíos, algo que ya generó revuelo en la provincia que en enero terminó por prohibir la comercialización de fitosanitarios hasta tanto las empresas usuarias se atengan a lo que reglamenta la ley nacional. La prohibición duró apenas 15 días y, en el medio, el gobierno puso a debate este nuevo proyecto.

De agrotóxicos y leyes

El 29 de enero el gobierno de la provincia de La Pampa prohibió la comercialización de agrotóxicos en todo su territorio. La medida, orientada a proteger la salud de las personas y a preservar los ecosistemas productivos, fue adoptada por la Subsecretaría de Ambiente pampeana después de que la Fundación Campo Limpio –que conglomera a más de 90 empresas nacionales e internacionales responsables de la venta del 95% de los productos químicos para la agricultura en Argentina, como Bayer, Monsanto, Dow, Basf, Casafe, Nova y Acay Agro– incumplieran los plazos de la ley para poner en funcionamiento el sistema de gestión de envases peligrosos vacíos.

La ley nacional 27.279 establece que los registrantes –es decir, toda persona física o jurídica que haya obtenido el certificado de uso y comercialización de un producto fitosanitario– son los responsables de gestionar los residuos de esa actividad. Uno de esos residuos son los envases, que según estudios absorben entre el 3% y el 5% de los agrotóxicos que contienen en su interior y que por lo tanto deben ser sometidos a un procedimiento antes de ser reciclados o destruidos.

Para hacerlo, deben instalar Centros de Acopio Transitorios (CAT), que deben estar autorizados por el Estado. Se trata de espacios en donde deben acopiarse los envases ya utilizados y donde deben realizarse todos los procedimientos necesarios para garantizar que los envases no contengan residuos tóxicos que puedan directa o indirectamente afectar a la salud y/o al ambiente. Eso era con lo que debía cumplir Campo Limpio, y no lo hizo.

Así, al no estar garantizada la correcta gestión de estos residuos peligrosos, el gobierno de La Pampa prohibió su comercialización. La medida se sostuvo hasta el 12 de febrero.

Ley nueva

Nueve días antes de reactivar la comercialización en el territorio de La Pampa, el Ejecutivo provincial envió a la legislatura un proyecto para modificar la ley de plagiuicidas.

“Fueron pocos los días que duró la prohibición, pero la buena noticia es que este conflicto hizo que el gobierno (de La Pampa) saliera a exigir que se cumpla la ley y que ahora presente un gobierno sobre el que se está avanzando, que pide distancias de aplicación terrestres de 500 metros y de aplicación aérea de 3 mil”, explicó a <El Ciudadano> el ingeniero agrónomo pampeano, Fernando Frank, que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación e integra la ONG Agro-Culturas (Territorios y Soberanía Alimentaria).

El objetivo de la ley es derogar la que rige actualmente –la 1.173– ya que desde su sanción en 1989 “creció el uso de plaguicidas en toda la provincia, lo que trajo aparejadas prácticas deficientes, manejos, usos y aplicaciones inadecuadas y riesgosas de los productos”, explica el proyecto, que lleva las firmas del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; del ministro de Justicia, Gobierno y Derechos Humanos, Daniel Bensusan, del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo; y del ministro de Salud, Mario Kohan.

El espíritu que se desprende de los considerandos del proyecto es que en la actualidad se torna necesario “armonizar” la actividad agropecuaria con el ambiente, a través de la adopción de técnicas más racionales y eficientes y a través del uso controlado y adecuado de plaguicidas “para así garantizar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las actividades presentes sin comprometer a las generaciones futuras”.

El proyecto, además de ratificar lo que dice la normativa nacional respecto de la gestión de envases peligrosos, pone un coto a las distancias en las que res pueden realizar fumigaciones respecto de las áreas urbanas: para las fumigaciones terrestres fija una distancia de 500 metros, mientras que para las aéreas, que antes estaban fijadas en mil metros, las aumenta a 3 mil.

En una provincia donde los reclamos ambientales no han tenido siempre buena acogida por parte del poder político, Frank lo considera un triunfo similar al de la localidad santafesina de Sastre, que hace unas semanas, a través de un fallo judicial, consiguió que las fumigaciones terrestres no pudieran realizarse a 800 metros de las ciudades.

Ese último punto es de los más cuestionados por los productores de La Pampa, que consideran excesivas las distancias que plantea el proyecto, y por eso mismo hacen lobby en las distintas comisiones en las que se está trabajando sobre el proyecto para que se aplique distancias menores.

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