¿Acaso se puede echar luz para que se revelen o manifiesten los indicadores que permitan presumir el destino de esta paradoja económica llamada Argentina? Poco probable será ello en tanto aquellos sobre quienes pesa la responsabilidad de dirigir un país tan rico (entre tales, repárese bien en ello, los hombres y mujeres de la oposición) sigan comprometidos pobremente en pujas por el logro del mero poder y apartados del buen propósito, esto es la satisfacción de las necesidades de las personas físicas y jurídicas del país.
Aquellos que dan la vida, sustentan y sostienen el mercado productivo, la estructura industrial y comercial y el aparato financiero argentino, es decir aquellos que posibilitan la vida a millones de personas mediante el trabajo, se encuentran en vilo merced a un disparate sin precedentes: la acción de un funcionario, Martín Redrado, que tiende a mantenerse en su puesto, aun cuando la máxima institución, esto es la presidencial, en el marco de la democracia y la república, le ha solicitado su renuncia en aras de llevar la política que ella cree conveniente y necesaria para el país. Es impensable, por ejemplo, para efectuar comparaciones, que el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Timothy Geithner, sostuviera una acción de las características de Redrado para con Barack Obama, o que cosa por el estilo se le hiciera a Sarkozy.
Es un verdadero dislate, por otra parte, que legisladores de la oposición, enfrentados en lo ideológico con un funcionario (Redrado perteneció a la estructura menemista que ellos criticaron y critican), salgan a defenderlo mediante el eufemismo de los métodos, cuando para toda la comunidad argentina todo tiene olor a disputa política que comenzó de manera virulenta con la protesta rural. Lo poco feliz de todo este asunto es que algunos que hoy defienden a Redrado parecen haber olvidado que en el año 2001 el gobierno de De la Rúa, al que pertenecían (como el caso del actual senador nacional Gerardo Morales) echó por decreto al entonces presidente del Banco Central, Pedro Pou. ¿Y por qué no hubo de hacerlo el ex presidente si necesitaba un funcionario que fuera en tandem político con su línea de acción?
Por otra parte, y para abundar en detalles, una noticia aparecida en el mes de mayo de 2005 en un matutino porteño decía exactamente: “Daniel Scioli, presidente del Senado, tiene desde hoy en su despacho un pedido para destituir al presidente del Banco Central, Hernán Martín Pérez Redrado. Está basado en «mala conducta» y «carencia de reconocida solvencia moral para el ejercicio de su cargo». Ese pedido fue formulado por el diputado nacional del ARI, Adrián Pérez (…) Redrado está siendo investigado por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción por su actuación como presidente de la Comisión Nacional de Valores entre 1991 y 1994. La Oficina Anticorrupción lo investiga por haber recibido supuestamente en ese período aproximadamente 46.000 pesos (o dólares, en ese momento) mensuales en concepto de «fondos reservados»”.
En el país de las contradicciones, hace pocos días Elisa Carrió le dio un consejo al controvertido titular del Banco Central: “Debe pedir una medida cautelar de la Justicia para que se mantenga en el cargo…”.
Claro, la opinión de quien esto escribe suena a defensa del modelo K, o a apología del mismo, pero nada más lejos de ello, pues precisamente el autor de esta opinión ha sido un crítico de diversas medidas y modos de conducción de esta gestión (publicadas en varios medios del país). Pero lo que no se puede hacer, a no ser que no importe el riesgo de sumergir en la asfixia a toda la economía argentina, es convalidar actitudes que están reñidas con las necesidades y los anhelos de la sociedad, y que la oposición política y no política de estos días saca a relucir como si todo fuera no más que un juego.
En cualquier nación más o menos responsable, no se hubiera visto jamás a legisladores de la oposición apuntalando a un funcionario cuyo presidente no lo desea más en su estructura de gobierno. En una Nación que se precie de tal, ningún vicepresidente seguiría en su cargo cuestionando al mismo gobierno al que pertenece. Y en esto cabe muy bien recordar las plausibles y meritorias palabras recientes de Ricardo Alfonsín, correligionario del vicepresidente argentino: “Cobos debe renunciar, porque es anómalo pertenecer a un gobierno al que se quiere enfrentar en las urnas”. Podría añadirse, como reiteración, que es más anómalo pertenecer a un gobierno al que se critica. Todos los principios éticos aconsejan la renuncia en estos casos; la misma renuncia que debería concretar el titular del Banco Central a pedido de la presidenta. Sin embargo, esto no ocurre y por ello ha crecido el riesgo país, se ha precipitado el valor de los bonos, los inversores miran con más amor a Brasil y Chile que a Argentina, y la imagen del país se desmorona en picada.
Y no sólo que no ocurre el aconsejable paso al costado de Redrado, sino que en un dislate judicial, para mayor mal de la postrada política argentina, entran a tallar jueces, con lo que todo se torna en un disparate convalidado por ciertos medios de comunicación que flaco favor le hacen no sólo a las endebles instituciones nacionales, sino al mismo ser humano argentino, sufriente y harto de tanto despropósito, para ser magnánimos en la calificación.
El mercado argentino (en sus distintos frentes, y no sólo financiero) corre por estos días serios riesgos que se sentirán en el futuro si quienes son los protagonistas de este escándalo no dan un paso al costado y si la oposición (como bien lo reconoció Elisa Carrió) no adopta un papel más serio en asunto tan delicado. La sociedad reclama de sus dirigentes actitudes responsables en encuentros sensatos, y no fatales disputas que se gestan en viles propósitos de poder.
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