Alvaro Arellano
En su intento por retomar parte de la agenda política, la oposición planteó una nueva iniciativa que busca imponer penas de prisión para la protesta gremial y que se suma a al paquete de reformas que pretenden para el mercado laboral en Argentina. Desde el oficialismo rechazaron de plano algún tipo de apoyo a esta posibilidad y consideraron que se trata de un relevo de pruebas sobre lo que pretende Juntos Por el Cambio en una eventual futura gestión. Desde el Ministerio de Trabajo consideraron que los bloqueos “no son la normalidad” y “se resuelven trabajando”.
En resumen, el proyecto de ley presentado por la senadora nacional de Juntos Por el Cambio, Carolina Losada, propone penas de hasta seis años para aquellas personas que obstaculicen el ingreso a una empresa. Se trata de una nueva iniciativa que pretende modificar principios del mundo laboral e ir a un esquema de mayor disciplinamiento. De hecho, hace algunos días la diputada por la misma fuerza a nivel nacional, María Eugenia Vidal, publicó un dudoso cálculo para insistir con una reforma laboral.
En ese caso, la ex gobernadora de Buenos Aires publicó un tuit en el que aseguró que de cada cien personas solo trece se desempeñan en el ámbito laboral privado. Pero el cálculo de la referente de Juntos Por el Cambio para insistir con una reforma laboral cuenta con una inconsistencia, y es que esas 6 millones de personas que conforman el mundo del empleo privado según el Indec, deberían ser medidas en relación a la población que está en condiciones de trabajar, que en definitiva son 13,5 millones de personas. De lo contrario, se estaría incluyendo a jubilados, menores y personas que no están en condiciones de trabajar.
La pregunta es si las dificultades que atraviesa el mundo laboral actualmente se resolverían con la criminalización de la protesta o con una flexibilización laboral. Parte de esta incógnita se puede responder con los últimos datos oficiales, que indican que hasta julio el empleo privado registrado sumó dieciocho meses consecutivos de recuperación. El problema por ahora no parece ser la generación de empleo privado, sino el nivel de inflación que corroe el poder adquisitivo provocando malestar en trabajadores y trabajadoras. Esa pérdida que padecen empleados y empleadas, no solo genera descontento sino además una transferencia de recursos que beneficia a pocos sectores.
La semana pasada, un informe del Centro de Economía Política (Cepa) expuso cómo ocurre este fenómeno. Analizaron los balances de grandes empresas como Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor y, por otro lado, la red de supermercados La Anónima, el multimedio Clarín, la fabricante de chapa de acero Ternium Siderar y las petroleras Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol, llegando a la conclusión que en todos los casos los resultados en lo que va de 2022 revelan mejoras sustanciales respecto de años anteriores. En simultáneo, todas verificaron una caída en sus “costos salariales” durante el primer semestre, ilustrando la transferencia de ingresos derivada de tal proceso.
El proyecto
En diálogo con este diario, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Nación, Cristian Recchio, analizó las iniciativas opositoras para abordar el mundo laboral y consideró: “El crecimiento del empleo tiene que ver con las políticas económicas, no con otra cosa. En un momento de expansión del trabajo como este, con estas leyes laborales, nos muestran que cuando el empresariado tiene demandas, contrata, por más que digan que con estas leyes es difícil. Terminan contratando porque tienen que cumplir con la demanda. En este país cuando fue fácil despedir, no se contrató, se despidió”.
La polémica respecto al tema se reavivó hace algunos días cuando la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, presentó junto a un grupo de pares macristas un proyecto para encarcelar a trabajadores que participen en alguna manifestación que interrumpa el ingreso a un establecimiento laboral.
En el proyecto de ley, los firmantes citaron el artículo 158 del Código Penal que dice: “será reprimido con prisión de dos a cuatro años al que impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento”, y agregan: “Si las acciones tuviesen como finalidad perjudicar la continuidad de una relación contractual con un tercero, corresponderá una pena de prisión de tres a seis años”.
La acompañan en la iniciativa una decena de legisladores de Juntos Por el Cambio, como Alfredo Cornejo (UCR), Luis Naidenoff (UCR), Stella Maris Olalla (UCR), Eduardo Vischi (UCR) y Guadalupe Taglarierri (PRO).
Más adelante, los firmantes advirtieron: “Los bloqueos son la modalidad delictual de la huelga, la cual en los próximos años se seguirá agudizando producto de los desbarajustes económicos. Por tal motivo, es fundamental la aplicación del derecho penal como medio para resolver los conflictos restablecer el orden y la paz social”.
Consultado sobre un posible crecimiento en casos de bloqueos en establecimientos laborales, Recchio manifestó: “Hoy por hoy no es la normalidad tener casos de bloqueos. A veces aparecen algunos casos, pero se resuelve trabajando, no metiéndolos preso. Se resuelve yendo al lugar, hablando con los trabajadores, tratando de buscarle la vuelta. Si vamos por el lado que proponen ellos, exacerbamos el conflicto”.
La iniciativa generó más de un rechazo en referentes regionales del oficialismo. Uno provino de la actual directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), María de los Ángeles Sacnun, quien planteó: “Horroriza leer los fundamentos del proyecto de Losada ya que pronostica lo que puede suceder si ellos gobiernan nuevamente el país, porque dice textualmente que la conflictividad sindical creciente no tiene vistas de disminuir. Cree que va a resolver con el código penal lo que no van a resolver con la Economía”.
Quien se sumó a las críticas fue la concejala justicialista, Norma López, quien la acusó de desconocer la realidad de los santafesinos, pero además aprovechó para vincularla con el intendente Pablo Javkin, con quien Loasada se mostró públicamente hace algunos días. “El intendente de Rosario, a quien el sábado se lo vio de campaña junto a la senadora que vive en Buenos Aires; ¿opina igual que ella?”, deslizó la edila.
Por su parte, Cristian Recchio suscribió lo dicho por Sacnun y sintetizó: “Ya si advertís con una ley que dice que el que corte o bloquee va a ser detenido, quiere decir que vienen por los derechos de los trabajadores. Ya lo tenemos claro, ya vimos la Gestapo contra el movimiento obrero comandada por Vidal, o Macri diciendo que a los sindicalistas hay que sacrificarlos como a los caballos”.
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