Los distintos partidos de la oposición manifestaron ayer su confianza en que la Corte Suprema logrará frenar la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo y anticiparon que realizarán presentaciones de inconstitucionalidad de los proyectos. Dirigentes del radicalismo, el Frente Amplio Progresista, PRO, Coalición Cívica y el peronismo disidente coincidieron en que apostarán por la instancia judicial, tras la aprobación en Diputados de tres de las iniciativas. El resto de los proyectos se tratarán el 8 de mayo en el Senado y la mayoría de los partidos esperará la aprobación para avanzar con presentaciones judiciales.
El titular del radicalismo, Mario Barletta, ratificó que su partido agotará “todas las instancias judiciales” para intentar frenar la reforma del Poder Judicial, al considerar que muchas de las iniciativas son “inconstitucionales”.
También denunciará “la trampa del gobierno” contra partidos de oposición al “generar trabas en la posibilidad de conformar frentes electorales”, a raíz de los requisitos para integrar a los candidatos a consejeros de la Magistratura en las listas.
Desde la UCR también denunciarán el “atropello al Poder Judicial ante organismos y tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU”, se detalló en un documento firmado ayer por los dirigentes nacionales.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió se mostró confiada en que la Justicia intentará frenar las leyes que impulsa el gobierno, al advertir que marcan “el punto entre la democracia y la dictadura de las mayorías”.
“Todavía falta una semana, una votación en el Senado, y una impugnación generalizada de inconstitucionalidad. De todas maneras, nosotros ya estamos en el comienzo de la ejecución de una alteración al orden institucional”, afirmó.
El Frente Amplio Progresista (FAP) también tiene previsto realizar planteos de inconstitucionalidad de las distintas iniciativas oficialistas, en conjunto con “otros partidos y organizaciones sociales”, explicó la diputada socialista Alicia Ciciliani.
Ciciliani insistió en que “se van a agotar todos los recursos ante la Corte Suprema” porque, según dijo, “las iniciativas están viciadas de inconstitucionalidad, con estos proyectos el gobierno va a tener el manejo de la Justicia por lo cual todo el sistema republicano va a quedar desvirtuado”.
El PRO pondrá el foco en las supuestas irregularidades en el trámite legislativo que tuvo en la Cámara de Diputados la reforma y, según el diputado Pablo Tonelli, es “altamente probable” que su bloque recurra a la Justicia.
A diferencia de las presentaciones de inconstitucionalidad del resto de las fuerzas, Tonelli opinó que el trámite judicial “convendría iniciarlo antes” de que el Senado dé fuerza de ley a la reforma del Consejo de la Magistratura, que tuvo una polémica sesión en revisión en Diputados.
A su turno, el diputado del Frente Peronista Eduardo Amadeo confirmó que su bloque esperará que el Senado debata y apruebe la ley que reforma el Consejo de la Magistratura y luego presentará una demanda ante la Justicia para impedir su vigencia.
“El tema más importante de la reforma, el del Consejo de la Magistratura, todavía está en el Senado y no fue promulgada, por lo que la ley no existe, y por eso no podemos hacer presentaciones ante la Justicia”, afirmó el legislador peronista. No obstante, Amadeo confió que diputados de su bloque analizaban “los caminos jurídicos”, que quedarán definidos el lunes próximo, para reclamar la acción de la Justicia.
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