Martín Lucero (*)
La ley de ART de los 90 con Carlos Menem y Domingo Cavallo junto con su reedición “mejorada y aumentada” durante el gobierno de Mauricio Macri tiene la misma concepción ideológica: optimizar las ganancias de las empresas, bajando lo que consideran “costo laboral”, ajustando sobre la salud y la vida de trabajadores y trabajadoras.
Siguiendo las palabras del abogado laboralista Jorge Elíasi existe una:
“…Obsesión por impedir que los trabajadores puedan reclamar por los daños sufridos en el trabajo.
Por muchas razones (especialmente falta de prevención), siempre hubo en Argentina muchos accidentes y enfermedades del trabajo, muertes incluidas. La mayoría de las veces esos infortunios no son reconocidos por las aseguradoras, o fijan incapacidades muy bajas en relación con el daño real. Lógicamente, eso da lugar a juicios.
Las aseguradoras, y también los empresarios, están preocupados por la cantidad de juicios. No les importa demasiado que haya heridos, enfermos o muertos, lo que quieren es que esas víctimas se conformen con lo que se les da y se dejen de embromar.
Así nació en 1995 –tiempos de Menem y Cavallo– la ley de Riesgos del Trabajo, que fijó indemnizaciones francamente miserables, dejó sin reparar la mayoría de las enfermedades, y para que los trabajadores no pudieran hacer juicio sencillamente los prohibió. Cualquier reclamo debía ser resuelto por una Comisión Médica, formada por profesionales con fuerte compromiso con las ART, y con la misión de cuidarles sus intereses…”.
La continuidad de la historia es sabida. En 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de la ley de ART menemista por distintas razones, que en los hechos terminan habilitando que trabajadores y trabajadoras pueden volver a la vía judicial y salvaguardar sus derechos ante la Justicia laboral y no ante una comisión médica que habitualmente se nos negaba (en connivencia con las ART).
En 2017 el gobierno de Mauricio Macri empieza una fuerte campaña, con amparo empresarial y fuerte cobertura de los medios concentrados, contra “la industria del juicio laboral”, llegando de calificar de mafia a abogados laboralistas y jueces laborales. En medio de ese contexto impulsa la ley 27.348, complementaria de la ley de ART donde se vuelven a establecer todo tipo de trabas para que trabajadores/as accedan a la posibilidad de reclamar una reparación justa de afecciones de salud a causa de su trabajo.
Para evitar las impugnaciones legales la ley “invita” a las provincias a adherir a su procedimiento, renunciando a su competencia originaria de legislar sobre los procedimientos.
Y aquí tenemos una nota distintiva: el neoliberalismo en el poder nunca “invita” siempre “impone”. Si “invita” es por necesidad, nunca por convicción democrática, menos aún cuando se trate de proteger derechos laborales.
La adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de Riesgos de Trabajo impulsada y votada bajo el gobierno de Mauricio Macri ha despertado múltiples debates y polémicas.
El planteo es sencillo. Si Santa Fe no adhiere a la ley, la implementación de esta normativa claramente perjudicial para trabajadores y trabajadoras va a ver muy dificultada en su aplicación.
Como vimos, la adhesión que requiere la ley no es una “invitación inocente” de parte la normativa nacional sino una condición necesaria para que su aplicación no sea pasible de objeciones constitucionales.
Tanto en el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social como en el actual gobierno del PJ la adhesión ha cobrado de parte del Poder Ejecutivo un fuerte impulso, más allá de la enorme resistencia y oposición de la aplastante mayoría de los sindicatos santafesinos.
En ese contexto son llamativos los esfuerzos de ministros, funcionarios y legisladores de distintos signos políticos por demostrar cómo la adhesión de Santa Fe a la ley de ART macrista es algo beneficioso para trabajadores y trabajadoras.
Se muestran estadísticas de dudosa credibilidad, se muestran fotos de reuniones con algunas representaciones gremiales, se publican respaldos de diversos agrupamientos y se difunden apoyos de cámaras empresariales con claros e innegables intereses económicos en la materia.
Una muy exagerada carga de maquillaje para tratar de ocultar lo que está a la vista. Nadie que se considere progresista y haga de la defensa de los derechos laborales una declaración de principios puede apoyar nada vinculado a la ley de ART. Su origen, sus reformas y sus matices siempre fueron pensados para favorecer el ajuste sobre los derechos económicos de trabajadores y trabajadoras, sobre su salud (o vida) que pierden en ocasión de su trabajo, para aumentar la rentabilidad de las empresas (que bajan su inversión en prevención de riesgos del trabajo) y las ganancias de las ART que, generalmente, lejos de invertirse en programas de cuidado se aplican en la especulación de los mercados de capitales esperando una rentabilidad no productiva. En términos concretos, van a la timba financiera.
Como puede verse nada bueno puede salir de lo que sigue siendo malo.
En 1920 el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en el caso Silverthorne Lumber Company que deben considerarse nulas todas las pruebas producidas a partir de la prueba viciada. Este caso se reconoce como el origen de la enunciación de la teoría del árbol venenoso.
Si bien el caso penal es inevitable, al escuchar algunos discursos cae la relación.
Es hora de que en la política, y especialmente en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos laborales, expresemos con todas las letras que es ilegítimo, incoherente e inaceptable que se sostenga impunemente que los frutos (adhesiones) de las leyes de naturaleza contraria a los derechos laborales (árbol) se puedan considerar buenas o beneficiosas para los principales perjudicados: trabajadores y trabajadoras. Nada puro viene de lo que está viciado. No hay grises.
La política exige tomar decisiones y definiciones. Elegir qué intereses se van a representar y que derechos se van a defender.
En el caso de la adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de ART las posibilidades son claras: o defienden los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras santafesinas y no se vota ley; o se defienden los intereses de las empresas, las ART y las cámaras empresarias que buscar incrementar su rentabilidad.
Hay que elegir entre la convicción ideológica de defender a quienes trabajan o los compromisos asumidos con quienes aportan para las campañas.
Quizás en esos aportes esté el veneno que lleve a muchos a pensar en comer el fruto toxico.
(*) Secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de Rosario
Comentarios