La muerte de Ceferino Crespo y Julio Lucero, de 54 y 24 años, dos obreros que el 8 de junio de 2011 quedaron sepultados por una avalancha de lodo mientras trabajaban en el fondo de la zanja cavada a la altura de las calles Herrera y Unión no quedará impune.
El juez de Cámara Gustavo Salvador revocó la impugnación por prescripción, por lo que la investigación sigue en un juzgado penal. En un solo caso el juez aceptó la prescripción y es a favor de un empleado de la firma que no había sido citado a declarar.
Crespo y Lucero eran empleados de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Vivienda, que tenía a su cargo la ampliación de una red de cloacas en la zona noroeste. Muchos eran los operarios que se encontraban en el lugar y a unos cuatro metros de profundidad cuando, alrededor de las cuatro de la tarde, el derrumbe de una losa ocasionó primero la caída de tierra sobre ambos y, de inmediato, la rotura de un caño maestro de agua potable que en minutos inundó toda la excavación. Murieron ahogados pese a que sus compañeros intentaron en vano socorrerlos mediante sogas, pero enseguida tuvieron que retirarse del sitio al peligrar sus propias vidas en esa tarea.
Bomberos y Defensa Civil recuperaron los cuerpos, que estaban a seis metros de profundidad. Si bien las muertes dieron lugar a una causa judicial por homicidio culposo hubo pocos avances: tardaron más dos años en llamar a indagatoria, pero nunca se tomaron las declaraciones.
En noviembre del año pasado Juan José Alarcón, el único juez que quedó en el viejo sistema a cargo de los juzgados correccionales, resolvió el archivo de la causa por prescripción. Los fiscales los que apelaron la medida para intentar, seis años después, que estas muertes no queden impunes. El juez Salvador les dio la razón.
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