Álvaro Arellano
Especial para El Ciudadano
En medio de las diferencias que generó el nuevo proyecto de ley de alquileres que se está discutiendo en Diputados, voceros del sector inmobiliario sostuvieron que el nivel de morosidad en alquileres prácticamente se triplicó con respecto a la media habitual, dato avalado por representantes de los inquilinos que reciben cada vez más consultas sobre rescisiones.
Aunque no existe un registro contractual de alquileres, desde Concejalía Popular aseguraron que la demanda de asesoramiento para rescindir un alquiler se triplicó en los últimos tres años.
Del 1,9% histórico al 5%
Para José Ellena, de la Cámara de empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), el motivo sustancial del alza en el registro de morosidad es “el aumento del costo de vida que tiene que afrontar una familia, contra un sueldo que quedó anclado”.
“A principios de este año ya estábamos en 3% de morosidad, y actualmente estamos en 5%”, comentó Ellena en referencia a números de enero y septiembre, respectivamente. Los datos corresponden a Rosario y a un testeo sobre cuarenta inmobiliarias que pertenecen a la Cámara, con volúmenes de hasta cuatrocientas propiedades cada una.
El peor de los últimos 10 años
“No ha habido en los últimos 10 años un momento tan malo desde lo económico”, manifestó Ellena, en relación a la situación generalizada que repercute en los índices del sector. Aseguró además que para encontrar registros de morosidad más altos hay que remontarse al año 2001, donde las estadísticas marcaban un 18%. Al día de hoy ese 5% de morosidad lo engrosa “gente que históricamente pagó y hoy se le imposibilita” como efecto de la crisis.
Ante este escenario, hay preocupación por una baja constante en la cantidad de propiedades alquiladas, con inmuebles desocupados en un contexto dificultoso para volver a alquilarlos. “Antes tenías un departamento que se desocupaba a fin de mes y ya ibas programando cuándo lo ibas a mostrar, ahora se ha estirado todo mucho más”.
“Medida casi populista”
A esta situación, el presidente de Cadeiros le sumó el rechazo a la posible nueva ley de alquileres, alegando que significa más carga y gasto para el sector: “El gobierno interviene con una medida casi populista para anunciar algo porque les está yendo muy mal y con esto creen que van a tener a favor a un sector, pero termina perjudicando al mercado inmobiliario”.
Por último, señaló que aunque desde la Cámara no hay relevamientos precisos, en los últimos dos meses vienen acentuándose la cantidad de rescisiones: “En nuestro caso, de tener 25 propiedades disponibles hoy tenemos más de 40, y el promedio de desocupación de departamentos pasó a ser de 60 días cuando normalmente lo tenías alquilado antes que se desocupara”.
Se triplicaron consultas
Desde la Concejalía Popular, explicaron que la ausencia de un registro contractual de alquileres hace difícil precisar el dato de alquileres rescindidos. Aunque esperan que con la sanción del proyecto de ley que se está debatiendo, ese registro se implemente. Aseguran que se triplicaron de 2016 a hoy la cantidad de consultas sobre rescisión de contratos por parte de inquilinos.
Al respecto, Ariel D’Orazio detalló: “Tenemos que hablar de alrededor de 100 consultas específicamente de rescisión contractual en lo que va del 2018, cuando la media normal no superaba las 10 o 20”.
Pese a que en 2016 hubo una modificatoria en el Código Civil y Comercial, lo cual provocó un aumento exponencial de consultas a la Concejalía, lo que precisan del sector, tiene que ver puntualmente con inquietudes relacionadas a rescindir contratos de alquiler. “En 2015 tuvimos 30 consultas y hoy estamos alrededor de las 100, relacionadas a la recisión en sí, cómo pagar y de qué manera” sostuvo D’Orazio.
Por su parte, Nire Roldán analizó que el aumento exponencial de la morosidad y de las consultas por rescisión tiene que ver con la imposibilidad de seguir afrontando pagos. “Ese 1,8% de morosidad histórica tiene un dato positivo, habla de que la morosidad era inexistente, no hay que pensar en otra guillotina para los inquilinos”, expresó en virtud de lo necesario que consideran comience a regir la ley que vienen defendiendo desde la Concejalía Popular.
“Lo que hay que hacer justamente es favorecer dignamente al inquilino con esta nueva ley y ajustar el contrato con una cifra acorde a la realidad”, concluyó.
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