La Relatoría sobre los Derechos de Personas Privadas de su Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe con las conclusiones de la visita que hicieron en septiembre pasado donde advirtió que en los lugares relevados –ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mendoza y Santa Fe– “casi la mitad de las personas privadas de libertad se encuentran bajo el régimen de la prisión preventiva”. En ese marco, el organismo alertó sobre el abuso en la utilización de este recurso cautelar como herramienta para enfrentar los problemas de “inseguridad ciudadana y mostró su preocupación acerca de la debilidad de la defensa pública, directamente relacionada con su falta de independencia”, describió el comunicado publicado en la página del Ministerio Público de la Defensa santafesino, www.defensasantafe.gob.ar.
La delegación compuesta por el presidente de la CIDH y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad, James Cavallaro, y por el personal de la Secretaría Ejecutiva visitó ciudades de la Argentina para monitorear la situación de derechos humanos de las personas en condición de encierro como así también los principales avances del Estado argentino para reducir el uso de la prisión preventiva.
Cavallaro y su equipo destacó en el documento que publicaron tras los encuentros sobre el abuso en la utilización de la prisión preventiva y recordó que la misma “debe tener carácter estrictamente excepcional”.
Sin embargo, la CIDH constató que más de la mitad de las personas privadas de libertad en los lugares relevados se encuentran bajo el régimen de la prisión preventiva. “Estas políticas que plantean mayores niveles de encarcelamiento por sobre la implementación de medidas alternativas, se refleja principalmente en la promoción de la utilización de los juicios abreviados en caso de delitos cometidos en flagrancia”, explicó el documento presentado en el portal del Ministerio de la Defensa Pública.
El informe también hace hincapié en situaciones agraviantes de requisa donde las autoridades encargadas de ejecutar estos mecanismos tienen la práctica de golpear a las personas privadas de su libertad y destruir sus pertenencias injustificadamente. De esta forma, la CIDH instó al Estado argentino a “adoptar medidas de control y monitoreo necesarias para asegurar que las requisas en los centros de privación de libertad sean conducidas de forma tal que se respete el derecho a la integridad personal de los reclusos, en particular que no se recurra al uso desproporcionado de la fuerza, ni se utilice el mecanismo de las requisas como forma de agredir y humillar a los presos”.
En Santa Fe
En las inspecciones realizadas en las unidades penitenciarias y comisarías de la provincia de Santa Fe, el comité se entrevistó con el defensor provincial, Gabriel Ganón, funcionarios judiciales y del Ejecutivo. Estas mismas reuniones las mantuvieron con los representantes de Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De las visitas a los establecimientos penitenciarios y policiales santafesinos en la que la comisión evaluó las afectaciones y violaciones a los derechos humanos, la CIDH manifestó “su profunda preocupación por las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de libertad en los distintos centros de reclusión, principalmente en las comisarías.
Sobre los penales de la seccionales, los integrantes de la relatoría concluyeron que se generan graves violaciones a derechos humanos considerando que estos recintos no han sido diseñados originalmente, ni cuentan con las condiciones para el alojamiento de personas por períodos de tiempo prolongados”.
En tanto, la CIDH advirtió que en las unidades penitenciarias de Santa Fe fueron observadas situaciones de hacinamiento y pésimas condiciones de detención en general. “La comida se sirve en mal estado, la atención médica no es la adecuada y los internos no pueden realizar actividades al aire libre. Hay establecimientos edilicios con estructuras físicas muy antiguas, que requieren ser reparados, adecuados y mantenidos”, destacó el comunicado de la Defensa Pública interpretando las conclusiones del documento del organismo internacional.
Además, resaltó “la utilización de las comisarías como centros de detención permanente deriva principalmente de la insuficiente cantidad actual de plazas penitenciarias y del respectivo abuso de la prisión preventiva”.
Por su parte, la comisión constató “falta de luz solar e insuficiente luz artificial, ausencia de ventilación, colchones en mal estado, falta de agua caliente, humedad, instalaciones sanitarias precarias y condiciones antihigiénicas”, según el comunicado.
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