El 56 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en la Argentina están presas por delitos vinculados con el tráfico de drogas, cifra que alcanza el 85 por ciento si se suman las que están por robos menores, según un estudio oficial.
Un informe sobre la situación de las mujeres en prisión en el país detectó además un incremento de 193 por ciento de la población carcelaria femenina a partir de 1990, contra una suba de sólo el 111 por ciento de los varones.
“En general, estas mujeres son mulas que ocupan un nivel bajo en la cadena de tráfico de drogas y que son forzadas a adoptar ese rol por necesidad económica”, ya que el 75 por ciento de ellas son sostén de familia, indicó el dossier presentado por la Defensoría General de la Nación.
Según el estudio, elaborado en cooperación con las facultades de Derecho de las universidades norteamericanas de Cornell y Chicago, junto al Avon Global Center for Women and Justice, este incremento “sin precedentes” del número de mujeres privadas de la libertad en la Argentina se debe a las políticas introducidas en el país “por el modelo de guerra contra las drogas impulsado por Estados Unidos”.
El trabajo se basó en información recolectada a través de una encuesta que fue respondida por cerca del 30 por ciento del total de la población de mujeres encarceladas en prisiones federales locales pero también se valió de visitas a dos prisiones argentinas y entrevistas con presas, académicos, activistas, jueces y otros actores.
Medidas paliativas
El informe destacó dos “medidas progresivas” para paliar el efecto de esta suba de la población carcelaria femenina: el arresto domiciliario y los programas para que los niños vivan en prisión con sus madres, pese a los propios reparos de muchas mujeres a beneficiarse con ellos por la suposición de los “daños irreparable” que esto ocasionaría a los menores.
El informe además identifica diversas reformas que mejorarían el trato de las mujeres en el sistema carcelario, como por ejemplo reducir las condenas por tráfico de drogas a aquellas que se encuentran en lo más bajo de la cadena.
“Es importante evaluar objetivamente el sistema penitenciario federal para poder identificar los problemas e implementar las reformas necesarias”, aseguró Silvia Martínez, codirectora de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, al presentar el estudio.
Condiciones de detención
El trabajo fue presentado durante un panel de discusión en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chicago, moderado por la profesora Rashida Manjoo, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.
En un apartado sobre las condiciones de detención de las mujeres, el informe destaca el déficit de cuidados médicos y alimentarios.
El 16,74 por ciento de reclusas dijo haber sufrido abusos físicos, los que fueron denunciados a las autoridades aunque sin ser tomados con seriedad, revela el informe.
En cuanto a la proximidad del lugar de detención y las visitas, la investigación detectó que el 53,71 por ciento de las mujeres entrevistadas se encuentran alojadas a más de cien kilómetros de sus hogares y familias.
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