CESO*
La coyuntura internacional le suma desafíos adicionales a los problemas que tiene que resolver la política económica. Los precios de productos primarios –alimentos y energía– están impulsando la inflación al alza en todo el mundo. Estados Unidos tiene la inflación más alta desde 1982 (7,9%) y la del Reino Unido es la más alta desde 1992 (6,2%).
En el caso argentino, este efecto se monta sobre una inercia inflacionaria en torno al 50% y un escenario distributivo demasiado injusto que si bien viene mejorando levemente respecto del peor momento de la gestión actual –el segundo trimestre de 2021, a la salida de lo más duro de la pandemia–, aún no tiene cambios significativos respecto del que dejó el gobierno de Cambiemos en 2019.
El efecto de los precios internacionales se despliega en dos frentes: el externo y el interno. Aunque todavía hay una alta incertidumbre sobre los precios que van a regir el resto del año, el escenario actual sugiere que en el frente externo no hay un cambio significativo.
El impacto positivo en la exportación de productos agropecuarios y derivados se balancea por el efecto de los mayores costos en las importaciones de energía durante el invierno y el incremento de precios general que habrá en todos los productos que importamos. El principal efecto a administrar del escenario internacional es el que tendrá en el frente interno donde surgen claros ganadores y perdedores.
La reactivación post-pandemia vino con una aceleración de aumentos de precios
El levantamiento de las restricciones de la pandemia implicó una fuerte reactivación económica que se tradujo en el 10,3% de crecimiento del PBI durante 2021. Las características de ese proceso fueron una marcada heterogeneidad sectorial, con sectores que repuntaban mucho más rápido que otros en función de las actividades habilitadas y los comportamientos de la demanda.
La reactivación post-pandemia fue de la mano de una aceleración de los aumentos de precios que mantuvo a raya los salarios reales, dando lugar a una importante recomposición de los márgenes de ganancia. Eso se tradujo en un empeoramiento inicial de distribución del ingreso, que recién pudo empezar a compensarse en el segundo trimestre de 2021
La aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2022 corre el riesgo de mantener el esquema de expansión con escasa mejora en la distribución o incluso, en el caso más regresivo, contraer el consumo y con ello también el nivel de actividad. Es decir, el alza relativa de los precios frente a los ingresos puede pasar de un problema distributivo a uno productivo, si reduce los niveles de consumo y, de esa manera, pone en riesgo el propio proceso de recuperación de la actividad económica.
Las consecuencias de los nuevos precios internacionales ya empezaron a materializarse. El IPS-CESO registró una variación semanal del 2,2% entre el 7 y 14 de marzo, el valor más alto desde la corrida de precios con la que los empresarios “recibieron” a la nueva gestión en la Secretaría de Comercio.
La variación mensual de Alimentos Secos (7,7%) y Alimentos Frescos (6,3%) son números preocupantes para el dato de marzo, aun cuando el Indec pudo haber registrado parte de estos aumentos durante el mes de febrero que fue superior a la que esperábamos. Como respuesta, las medidas que desplegó el gobierno apuntan a amortiguar el impacto, por lo que una parte significativa de los aumentos se terminará convalidando.
Si esto se traduce en una escalada de precios que se come los ingresos de la población, el crecimiento del consumo de los últimos meses se interrumpirá y también la mejora en los indicadores sociales como la pobreza y el desempleo.
Si las medidas implementadas sólo logran amortiguar parcialmente el impacto en los precios internos, otras medidas compensatorias por el lado de los ingresos podrán ser necesarias como los bonos a AUH, jubilados, actualización de la tarjeta alimentar e incrementos mayores en el salario mínimo vital y móvil al que se ajustan otros programas sociales.
Sin embargo, el gobierno todavía no usó todas las herramientas que tiene a disposición para enfrentar la suba de precios internacionales. Comenzó con una modificación mínima de las retenciones a los derivados de la soja, que pasaron del 31 al 33%, buscando conformar un fondo con el que contener el precio interno del trigo.
La medida, que utiliza los escasos márgenes legales que le quedan al ejecutivo en materia de establecer retenciones, alcanza para subsidiar parcialmente el precio interno del trigo ante la escalada de su valor internacional.
El recrudecimiento del conflicto militar en Europa también puede dar pie a medidas más contundentes en la administración del comercio exterior. Para eludir la traba legal con las retenciones, puede recurrir a tipos de cambio diferenciales pero se encuentra en esa materia con el escollo del FMI que no habilita esas reformas.
Aún más, en el marco de los conflictos bélicos globales del S.XX se han implementado otras medidas mucho más intervencionistas como la centralización de las compras por parte del Estado y la creación de entes públicos que son los encargados de negociar las ventas con otros países.
También puede tener que volver a aplicar un monitoreo más estricto de las líneas de producción, como sucedió en 2020, para evitar faltantes en las góndolas. Avanzar en esta agenda implica mayores costos.
En lo político-institucional, deberá lidiar con un sector empresario que puso la guardia en alto al elegir a Funes de Rioja, delegado de las empresas productoras de alimentos, al frente de la UIA. La Copal, que lo entronizó, fue la encargada de insistir en el cuestionamiento de los programas de precios máximos aún en el escenario más duro de la pandemia, mientras engordaba sus balances.
El alza de los alimentos reduce la influencia del oficialismo en los centros urbanos
Las entidades organizadas en la mesa de enlace también van a fondo y no están dispuestas a ceder un milímetro, cuestionando toda la vigencia del sistema de retenciones a pesar de los precios internacionales récord. Esta dimensión es central ya que el resultado de las medidas no depende solamente de la voluntad de decisión de un gobierno en un momento determinado, sino de las posibilidades de traccionar al resto de los actores en función del resultado buscado.
En ese sentido, el camino de la moderación y búsqueda de consensos, puede quedar preso de las posiciones distributivas ultraconservadoras defendidas a ultranza por parte del establishment empresarial.
En lo electoral, el alza relativa de los alimentos reduce la influencia del oficialismo en los centros urbanos. Por su parte, la hegemonía cultural de las patronales agropecuarias fuera de las grandes ciudades, puede consolidar el débil apoyo electoral al FdT en esos distritos, si la confrontación por las retenciones y otras medidas de intervención se acentúa.
Esa división tan marcada entre el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia fue un límite para poder ganar las elecciones en 2017 y también se tradujo en una pérdida de representación parlamentaria en el Congreso.
Si se intenta evitar el conflicto con los sectores agro-exportadores pero conservar el apoyo de las mayorías sociales urbanas, la alternativa es aceptar la aceleración de los precios y acompañarlas de medidas redistributivas más audaces (bonos que aumenten transferencias a familias, mayores incrementos salariales, etc.).
Una búsqueda de una mejora distributiva a costa de relegar el objetivo inflacionario dado que no se tiene la capacidad de contener los aumentos de precios en alimentos. Este esquema es el que se aplicó durante la gestión de Grinspun a comienzos del gobierno de Alfonsín, donde se buscó mejoras distributivas mediante alzas nominales de los ingresos en un contexto de aceleración inflacionaria. En la actualidad, las tasas de inflación de que se parten son menores, pero corren el riesgo de acelerarse ante un shock externo que obliga a elegir entre la mesa de enlace y la mesa de los argentinos. Salir de esa disyuntiva por el camino del medio puede tener el costo de una importante aceleración inflacionaria.
El impacto externo de la guerra
No hay grandes certezas respecto de los precios que vayan a regir el resto del año. Las últimas semanas marcan una referencia de precios en los que la soja, el maíz y otros productos se ubican un 20% por encima del promedio del año pasado y un 30% en el caso del trigo. En el caso del maíz y la soja, este efecto no se va a trasladar directamente a una mejora en las exportaciones porque las cantidades caerían un 5% de acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario para esta campaña. Esto podría mejorar las exportaciones en USD 5.958 millones.
Al haber inflación en el resto del mundo, el resto de las importaciones también se van a encarecer pero en particular nos afectan los precios de la energía. El GNL que el año pasado importamos a un precio promedio de USD 8,4/MBTU se encuentra a valores superiores a los USD 30/MBTU y hasta alcanzó valores superiores a los USD 100/MBTU, lo que da cuenta de su extrema volatilidad.
La sequía complica más el escenario al golpear la generación de energía hidroeléctrica e incrementar la dependencia de la generación térmica en el sector eléctrico que en un 90% se produce a partir de gas. Las importaciones de gasoil y fueloil también son una parte significativa de la demanda energética para este año, dado que la capacidad de transporte de gas desde la cuenca neuquina está a tope. Todo esto puede terminar implicando importaciones adicionales por USD 6.042 millones que terminarían anulando el efecto benéfico de las mayores exportaciones.
Sin embargo, existe un margen para que este escenario termine siendo positivo. Por un lado, la mejora en los precios de commodities puede terminar dinamizando las economías de socios comerciales como Brasil. Si eso se traduce en una mayor actividad en otros países, pueden terminar demandando también más bienes industriales de nuestra economía.
Además, las importaciones de GNL previstas pueden no terminar concretándose, no tanto por falta de dólares sino por imposibilidad de contratar buques que irán a colmar la capacidad de abastecimiento europea. Como forma de mitigar este impacto, también pueden ensayarse acuerdos con Chile y Brasil que descompriman la demanda de energía importada en el invierno a cambio de devolverla en el verano.
Si los acuerdos no prosperan, lo más probable es esperar escenarios de cortes de gas programados en el sector industrial que ya está adelantando producción por si no puede operar normalmente los próximos meses. En cualquier caso, se profundiza la dependencia de los dólares del sector privado agroindustrial por parte del sector público que los necesita para las importaciones (IEASA y CAMMESA).
El impacto interno de la guerra
Fronteras adentro, el shock internacional marca claros ganadores y perdedores. Aquellos vinculados al sector agroexportador mejoraron notablemente sus ingresos mientras que las amplias mayorías no logran readecuar tan rápido sus ingresos al ritmo de la canasta básica. En términos distributivos, el impacto es claramente regresivo y afecta especialmente al 40% que permanece debajo de la línea de pobreza.
Las paritarias que comienzan a definirse deberán concentrar los incrementos en la primera parte de los acuerdos y el horizonte de negociación se va a hacer todavía más corto, con acuerdos que en el mejor de los casos regirán por los próximos seis meses.
La estrategia de las paritarias se relaciona con lo que denominamos “la integral de los salarios” que cobra más relevancia en contextos de aceleración inflacionaria. Si se quiere evitar un impacto negativo en la distribución y en el consumo –y por ende, en el nivel de actividad– no alcanza con que a fin de año los ingresos le hayan ganado a la inflación. Por el contrario, se debe lograr que los salarios le ganen a los precios mes a mes.
En el contexto de pandemia, cuando los ingresos eran insuficientes y se necesitaban medidas que llegaran rápido a los hogares se aplicó el IFE, se actualizó un 50% el monto de la Tarjeta Alimentar y se acompañó con bonos adicionales a la base de la pirámide social en las jubilaciones y asignaciones.
En este sentido, recientemente se anunció un bono de seis mil pesos a aplicarse en abril para beneficiarixs de Potenciar Trabajo. Dado que el SMVM ya quedó establecido hasta diciembre de este año, puede ser necesario aplicar bonos adicionales o directamente renegociar los valores si la inflación no cede. En el caso de los jubilados, la última medida de este estilo fue en abril y mayo de 2021 por $1500 cada mes.
Para la AUH y AUE hay que remontarse a julio de 2021 cuando se asignó un bono de $4.500 o el de $15 mil en el AMBA cuando se disparó la segunda ola de covid. A modo de estimación, a continuación detallamos el impacto fiscal que tendría un bono a jubilados de $10 mil, para AUH y AUE de $7 mil, el bono ya anunciado para Potenciar Trabajo de $6 mil y una actualización del 50% de la Tarjeta Alimentar para el resto del año.
Las alternativas de política económica
El fondo anunciado por el gobierno a partir de una suba marginal en las retenciones a los derivados de la soja –pasaron del 31 al 33%– generó airadas críticas por parte del sector agropecuario. Con este incremento se espera recaudar un monto que oscila entre un 15 y un 20% del valor total del trigo utilizado para el mercado local, unas siete millones de toneladas. Un incremento adicional de las retenciones hoy tiene una limitación legal por no haberse aprobado el presupuesto nacional que incluía la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que pudiera definir esta política.
Por lo tanto cabe preguntarse qué otros instrumentos puede emplear el gobierno nacional si estos anuncios resultan insuficientes para amortiguar el impacto en los precios domésticos.
Modificar ciertos límites para avanzar en una agenda redistributiva más de fondo
Una medida alternativa que podría generar un efecto en los precios es modificar el esquema de liquidación de las exportaciones agropecuarias, una medida que no requiere autorización parlamentaria porque depende del Banco Central. En caso de tener que liquidarse a un tipo de cambio menor, los precios internos de los productos primarios se reducirían.
A diferencia de las retenciones, el Estado no podría recaudar fondos adicionales para destinar a otros sectores más golpeados por el incremento de precios. En un programa más intervencionista, podría emular los esquemas de IAPI y las Juntas Nacionales para concentrar el comercio exterior, tal como se hizo en el marco de los conflictos bélicos globales durante el Siglo XX.
Es evidente que si una medida mucho menos disruptiva como la que se aplicó las últimas semanas generó una movilización tan fuerte de los sectores agropecuarios, cualquiera de estas iniciativas tensaría el conflicto político aún más. Eso delinea los límites político-institucionales que existen hoy en día y es necesario modificar para avanzar en una agenda redistributiva más de fondo.
Dado que el acuerdo con el Fondo seguramente deba renegociarse al verificarse el impacto que tiene el nuevo panorama en las metas acordadas, sería deseable que dentro de los “esfuerzos adicionales” que surjan no sean los sectores populares los que hagan esos “esfuerzos” sino los sectores que se benefician de este nuevo contexto.
El gobierno debería negociar con los burócratas del fondo sobre la posibilidad de que condicionen el sostenimiento del acuerdo a una recalibración impositiva que recaiga sobre la riqueza más concentrada, el 0,2% de la población que realizó el Aporte a las Grandes Fortunas, y una readecuación de las retenciones a los nuevos precios internacionales.
*Centro de Estudios Scalabrini Ortiz
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