Ana Laura Píccolo
No es lo mismo decir abatido, que fusilado. Enfrentamiento, que ejecución. Profugado, que desaparecido. Porque cada palabra que se escribe asigna un sentido y construye, de manera imperceptible, una explicación. La reflexión es parte de la charla que dio la antropóloga María Victoria Pita en la presentación de Escribirte en la historia, un proyecto del Museo de la Memoria de Rosario que trata sobre la violencia estatal en democracia y propone contar la vida de pibes asesinados por las fuerzas públicas. Sus historias quedarán plasmadas en diez fascículos de colección que incluirán un archivo biográfico y crónicas contadas por periodistas de la ciudad.
Pita, investigadora del Conicet y miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, fue una de las disertantes en la presentación del jueves 21 de junio y habló de las palabras. O mejor, de cómo se mencionan hechos o sucesos que pueden clasificarse con una misma nominación y que no siempre fueron vistos como violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido se refirió a la tarea de construir archivos y narrar historias. Identificar casos, organizarlos, construir listados, ponerles un título “no se trata sólo de una tarea burocrática”, dijo Pita: “También es una tarea política”. Porque nombrar es clasificar. Por eso mencionó la importancia de historizar la generación de categorías para nominar acontecimientos: “No es lo mismo decir que se les fue, que decir lo torturaron hasta la muerte. Apriete que tortura. Murió a lo mataron”.
La lista sigue y se puede encontrar en cualquier expediente judicial de gatillo fácil, donde suelen sobreponerse los relatos de uniformados sobre cualquier otra versión que los contradiga.
El homicidio de Carlos Vicente Godoy, ejecutado hace tres años por la espalda en Empalme Graneros, es prueba de ello. Su historia da inicio a la serie de fascículos que buscan combatir al olvido con presente y lleva la firma inconfundible de la periodista Sonia Tessa, que sabe conjugar compromiso con sensibilidad. El coordinador, Leandro Bartolomeo, presentó el proyecto “como una política pública de la Memoria que busca indagar y difundir las consecuencias qué produce en las comunidades locales la violencia de Estado en su manifestación más letal”.
La propuesta plantea tres espacios: uno para crear los archivos biográficos con ayuda de familiares de las víctimas, otro para alojar esos archivos físicamente y un tercero que se basa en transformarlos en crónicas. Los registros quedarán en el Centro Documental del Museo de la Memoria, donde se encuentran las historias de vida de los detenidos-desaparecidos de Rosario. Uno de los objetivos del proyecto es “desnaturalizar las modalidades de dar muerte que tiene el Estado” aún en democracia.
Carlitos tenía 25 años. Vivía con su mujer y su hijo de tres en Empalme Graneros, a pocos metros de la casa de sus padres donde se crió junto a sus siete hermanos. También tenía dos trabajos. Desde bien pibe laburaba de mañana en una distribuidora de alimentos y de tarde, en un taller mecánico. Siempre en ese barrio ubicado en el sector noroeste de la ciudad, donde nunca le faltaba un rato para visitar a los amigos, a la familia, o armar un picadito de fútbol.
El 24 de mayo de 2015 recibió dos balazos policiales en la intersección de Garzón y el puente que eleva a la Avenida Sorrento, cruzando el arroyo Ludueña que divide Parque Casas de Empalme Graneros. Los gatilleros, un efectivo del comando y otro de seguridad vial, dijeron que Carlitos intentó robares y desató un enfrentamiento armado. Ninguno de los testigos que a esa hora de la mañana estaban en el lugar sostuvo la versión.
El crimen fue investigado por el fiscal de Homicidios Miguel Moreno, quien terminó apartado del caso. La decisión la tomó en 2017 el entonces fiscal regional Jorge Baclini, 23 meses después del asesinato del muchacho, y reasignó la causa a la Unidad Especial de Corrupción y Violencia Institucional a cargo de Karina Bartocci. Moreno había sido denunciado en varias oportunidades por los abogados querellantes por “maltratar a familiares, investigar a las víctimas y desoír cualquier versión que contradiga la policial”.
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