Contrariada apreciablemente por la inactividad de la comisión de Legislación del Trabajo –“Justo ahora que todos los días hay nuevos desocupados”, dirá con molestia– la diputada nacional Alicia Ciciliani, jefa del bloque Socialista en la Cámara baja, habló con El Ciudadano sobre su proyecto para reducir la cantidad de horas de trabajo en el país. La iniciativa propone cambios sustanciales en la ley de Contrato de Trabajo de modo tal que aumente el número de puestos en cada sector de la economía, pero sin tocar los niveles salariales. La idea va en camino diametralmente opuesto a la lógica que empezó a primar en distintos acuerdos laborales a nivel macro –petroleros, mecánicos y el más reciente con los trabajadores de la lechería– donde parece primar el trueque de supervivencia laboral por resignación de beneficios y aun de salarios. La intención de su autora va todavía más allá, y es debatir la matriz tributaria y productiva del país antes de que la robotización y tecnificación haga estragos en el empleo y, para peor, sin que se distribuya las “ganancias extraordinarias” que genera la incorporación de equipos que reemplazan mano de obra humana.
Ciciliani estuvo al frente de la Secretaría de Empleo de la Municipalidad en la década del 90 y fue viceministra de Trabajo de la provincia antes de entrar al Congreso nacional. Como funcionaria percibió cambios sustantivos en la dinámica laboral que ahora son fundamentos para su proyecto. Pero choca con un escollo impensado: la paralización de la actividad legislativa. Ante ello, comenzó a difundir su proyecto a través de redes sociales y foros, y ahora busca darlo a conocer entre quienes serán sus beneficiarios directos: los trabajadores. A través de foros y redes sociales, en sindicatos y federaciones como el Movimiento Sindical Rosarino, y en la CGT nacional la idea de la diputada es que la iniciativa coseche un interés tal que fuerce la discusión parlamentaria.
—¿En qué consiste el proyecto?
—Cada día hay más desocupados, hay más gente con problemas laborales y no nos damos cuenta que el propio sistema, por más que haya crecimiento e inversiones, no va a producir con las regulaciones actuales todos los puestos laborales que necesitamos. Y eso es un tema que no está en la agenda: se discute como si viviéramos en la sociedad industrial del siglo pasado, cuando había inversiones, eran de mano de obra intensiva y se creaba empleo. Hoy las inversiones que estamos esperando son intensivas en capital, pero para crear pocos empleos. Hay trabajadores que se enferman porque los hacen trabajar diez horas diarias y otros que se enferman porque no tienen trabajo.
—El proyecto ¿cómo alteraría esa situación?
—¿Cómo impacta la tecnología en el sistema económico y productivo? Generando más bienes y servicios con menos mano de obra. Entonces se trata de ver cómo hacemos para que ese incremento de la productividad lo repartamos entre el capital y el trabajo. Y esa discusión es de fondo.
—La iniciativa, ¿contempla una reducción salarial?
—Obvio que no, porque estamos discutiendo la renta con los dueños de la máquina. Si General Motors incrementa la productividad con un robot en la línea de producción, ese incremento genera ganancias extraordinarias que nosotros creemos que se deben distribuir. Las grandes empresas, las más innovadoras, reconocieron que buenas condiciones de trabajo generan trabajadores más motivados y se incentiva la productividad. Así que hay un cambio sustantivo en todo el sistema que no está en la agenda política ni en la agenda sindical. Nosotros queremos que esté en la agenda de los partidos de izquierda y socialdemócratas que luchamos por la igualdad y de los sindicalistas, porque ellos van a dar una lucha sin resultados cuando el sistema productivo no cree los empleos suficientes.
—Un proyecto para reducir la jornada laboral, ¿puede tener el mismo recorrido que la ley Antidespidos, que fue vetada por el presidente Macri?
—Son sustancialmente distintos. Uno era una emergencia por un tiempo muy acotado y había una amenaza real de que la recesión la pagaran los trabajadores. (Y la pagaron: los que proponíamos esa legislación protectiva para la emergencia teníamos razón y los trabajadores pagaron con la destrucción de miles de puestos). Eso marca una sensibilidad acerca de la situación de desigualdad en el proceso de ajuste que estamos sufriendo, pero lo que nosotros estamos hablando con la reducción de la jornada laboral, y la revisión de costos laborales y el sistema de formación profesional, es un cambio estructural. Macri dijo en dos o tres oportunidades que había que aggiornar la legislación para que vengan las inversiones. No sabemos a qué se refiere: nosotros esperamos que no sea crear condiciones de esclavitud para que venga el capital. Y también dijo que había que trabajar sábados y domingos: no sabemos tampoco a qué se refirió con eso. Nosotros creemos que en términos individuales hay que trabajar menos para que trabajemos todos y todos nos beneficiemos de la tecnología. Es un debate que hay que dar, y tenemos que llegar a consensos con los representantes de los trabajadores, de los sectores populares de los partidos políticos más preocupados por la desigualdad social.
—¿Cómo funcionaría el mecanismo en las pymes, que en muchos sectores están con problemas o al borde del cierre?
—El costo laboral se compone del salario del trabajador y de la carga fiscal. Y en un mundo donde el bien escaso es el trabajo, nosotros cargamos con un 50 por ciento de impuesto al salario del trabajador y les rebajamos los impuestos a las mineras. Si eso no es una irracionalidad económica y social, ¿qué es? Hay muchísimas pymes, trabajadores y actividades que están en la economía informal porque su nivel de productividad no les da para soportar estas cargas. Con el blanqueo, a los que se llevaron 130 mil millones de dólares al exterior para no pagar impuestos les cobramos el 10 por ciento para que los traigan, y al quiosco de a la vuelta le queremos cobrar el 30 por ciento y a los trabajadores el 50 por ciento sobre el salario. No tiene ninguna racionalidad. Tenemos que discutir el sistema impositivo y la carga: ese es el costo laboral que no pueden soportar las pequeñas y medianas empresas. Atrás de eso hay millones de trabajadores autónomos que no quieren estar en la ilegalidad pero su nivel de productividad no les permite cumplir con esta legislación, que es muy vetusta y no condice con la realidad del siglo XXI.
—La idea, ¿se aplica en otros países?
—En todas las economías europeas se debate hace al menos dos décadas y todas están bajando. Para ingresar a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) algo que la Argentina está intentando hacer, están mirando la cantidad de horas trabajadas porque ven como una situación no deseable no compartir el trabajo. En la Comisión Económica para América Latina se estará debatiendo próximamente en México. Está en la agenda global de las principales universidades y centros de pensamiento del mundo. Nosotros tenemos 48 horas como Paraguay; Brasil y Uruguay ya tienen 44. De modo que es absolutamente posible debatir esto y no podemos atrasarnos para no perder una ola virtuosa de los cambios en la forma de producir por la revolución tecnológica.
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