Organizaciones gremiales y sociales concluyeron este viernes su multitudinaria “Marcha Federal” con un acto en la Plaza de Mayo, donde advirtieron que el gobierno nacional “pone en riesgo la paz social” con sus políticas económicas, cuestionaron la suba de tarifas y el acuerdo con el FMI y reclamaron un “paro nacional”, que durante la jornada la CGT confirmó que convocará para antes del Mundial.
El llamado a un paro fue la consigna que mayor adhesiones cosechó entre los oradores, como el líder de La Bancaria y dirigente de la CGT, Sergio Palazzo; el titular de Suteba, Roberto Baradel; y referentes de ATE, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Popular Darío Santillán.
Durante el acto que se realizó en las puertas de la Casa Rosada luego de una marcha de cinco días que atravesó distintos puntos del país y colmó el centro de la ciudad de Buenos Aires, Palazzo –que junto a Pablo Moyano, de Camioneros, encabezan el sector más combativo de la CGT– pidió directamente a esa central gremial que lleve adelante un paro general.
“Los gremios estamos reclamando que la CGT acompañe la decisión de un paro nacional para reclamar que el gobierno cambie su política, que mire a los que menos tienen, que deje de mirar el horizonte de los más ricos”, señaló el líder del sindicato de trabajadores bancarios.
Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, se sumó a ese planteo al afirmar que “no es momento para cobardes, hay que pagar el precio de defender al pueblo y si es necesario convocar a un paro nacional activo con cortes de ruta por todo el país”.
“A lo largo de la historia estos ajustes terminan con hechos complicados, y nosotros queremos llamar al gobierno a la paz. El veto es una señal muy complicada porque rompe todos los puentes de diálogo. Un ajuste como el propuesto pone en riesgo la paz social”, agregó Menéndez.
La Marcha Federal había comenzado el pasado lunes desde varios puntos del país y ayer, en su ingreso a Capital Federal, las columnas partieron desde tres puntos de encuentro rumbo a la Plaza de Mayo, reinaugurada esta semana tras las obras de refacción.
Tras un acampe y vigilia, las organizaciones sociales que venían desde el oeste partieron desde la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, mientras que la que llegaba desde el sur salió desde el Puente Pueyrredón y la que provenía del norte se concentró en Retiro.
Ya sobre el escenario principal, el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, también reclamó un “gran paro nacional con movilización en todo el país”, tras destacar que la Marcha Federal “nació para decirle no al ajuste, a la entrega”.
Esteban Castro, referente de la CTEP y encargado del cierre del acto, también adhirió al planteo y, en un juego de palabras con la consigna de la marcha “Pan y Trabajo”, invitó al público a cantar “pan, trabajo, el Fondo al carajo”, en alusión al FMI.
“La dos CTA resolvimos para la semana que viene un paro general de actividad, pero tenemos que hacerlo con todas las organizaciones, un paro donde nadie vaya a trabajar”, reclamó a su turno Baradel, en representación del sindicato de docentes bonaerenses que integra una de las CTA.
El techo del 15% a las negociaciones paritarias, los aumentos de tarifas y los despidos en distintas áreas del Estado como parte del “ajuste” ocuparon parte importante de los discursos, así como las críticas a los dichos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sobre el acceso a la universidad pública.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, también se sumó al acto y allí se refirió a los dichos de la gobernadora: “Pobre la señora Vidal, que quiere que seamos todos analfabetos”.
A su turno, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió un duro mensaje hacia la Casa Rosada y pidió “estar más unidos que nunca para derrotar al neoliberalismo, que trae más hambre, más conflicto, a las Fuerzas Armadas en la calle”.
La mayoría de los oradores aludieron además a la necesidad de que el Congreso apruebe un paquete de cinco leyes que las organizaciones sociales impulsan para los sectores más vulnerables: la emergencia alimentaria, la urbanización de barrios populares y la suspensión de desalojos, una ley de Agricultura Familiar, una ley de Emergencia en Adicciones y un proyecto para que el 25% de la obra pública sea realizada por cooperativistas.
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