Policiales

Juicio abreviado

La mafia de las visitas: lo condenaron por balear el frente de la cárcel de Piñero

El atentado que en agosto de 2019 dejó al descubierto un sistema ilegal de venta de números a familiares que querían ver a sus seres queridos terminó con un hombre penado a tres años de prisión, a quien acusaron de formar parte de una asociación ilícita


 

En agosto de 2019, una balacera contra el portón de acceso a la cárcel de Piñero, donde familiares de detenidos hacían fila para poder ingresar, dejó al descubierto un sistema ilegal de venta de números para privilegiar las visitas a cambio de dinero. El ataque fue perpetrado desde un auto a la madrugada y los gatilleros no apuntaron a nadie en particular sino al bulto. Dos mujeres resultaron heridas. En el marco de esa investigación ayer fue condenado a tres años de prisión efectiva Claudio Alvez por el delito de asociación ilícita. La misma habría comenzado a funcionar en octubre de 2018 bajo el mando del convicto René “Brujo” Ungaro para la comisión de ilícitos en los barrios de zona sur Tablada, Municipal y Parque del Mercado, además de Villa Gobernador Gálvez. No obstante, la Fiscalía no encontró pruebas para condenar a Alvez de todos los delitos que le había imputado.

En el marco de un procedimiento abreviado realizado ayer por videoconferencia, el juez Héctor Núñez Cartelle homologó el acuerdo presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa y condenó a Claudio Alvez a la pena única de 3 años de prisión efectiva por el delito de asociación ilícita en calidad de autor y consumado.

El fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos lo había imputado por el hecho ocurrido el 11 de agosto de 2019, a las 4.35 aproximadamente, en la Unidad XI de la Penitenciaria de Piñero, ubicado a 30 kilómetros de Rosario. Según la acusación, Alvez, luego de haber tenido una discusión en el acceso a las visitas por el reparto de números para los invitados, efectuó al menos cinco disparos de arma de fuego contra dos personas que se encontraban esperando el ingreso a dicho penal, dándose a la fuga en dirección a Rosario.

Pero además, Edery había acusado a Alvez de formar parte de una asociación ilícita destinada a la comisión de otros delitos indeterminados contra la propiedad y las personas para la defensa de los barrios Tablada, Municipal y el Fonavi Parque del Mercado, además de diversas zonas de Villa Gobernador Gálvez.

Entre esos delitos mencionó la compra y venta de armas de fuego, el robo de vehículos, amenazas, atentados contra las personas, usurpaciones, abuso de armas y la regulación ilegal del ingreso de las personas a establecimientos penitenciarios a través de la venta de números.

Según su investigación, la organización comenzó a funcionar en octubre de 2018. A Alvez le sindicó ser miembro de una banda encargada de la logística ocupándose de los traslados de las personas hacia la Unidad Penitenciaria de Piñero y de ser miembro de una organización para que cometan diversos hechos delictivos. Asimismo, lo acusó de ser uno de los encargados de regentear la venta ilegal de números para el acceso a la Unidad Penitenciaria Número 11.

No obstante, luego de pruebas colectadas la Fiscalía desistió de acusar a Alvez por los delitos de abuso de armas y portación ilegal de arma de fuego de guerra ya que no consiguió recolectar evidencias suficientes para lograr una eventual sentencia.

 

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La mafia de los turnos

En marzo de 2018, una disputa entre el Servicio Penitenciario y el Poder Judicial respecto a las condiciones de las visitas a detenidos en Santa Fe dejó un hueco que  terminó allanando el camino para que operen las mafias, manejadas por presos de alto perfil con connivencia de carceleros, privilegiando a las visitas que tienen poder adquisitivo para poder ver a sus seres queridos privados de la libertad.

Ese conflicto entre poderes surgió con un sorpresivo comunicado del Servicio Penitenciario que “limitaba” hasta dos kilos el peso del bulto que podía llevar una visita a su familiar detenido.
Esa disposición que restringía el ingreso de bultos fue revocada por un fallo judicial y la respuesta del Servicio Penitenciario fue suspender la entrega de números por parte de los agentes a las visitas. Así se abrió un negocio paralelo, controlado por presos de alto perfil, que utilizaron la violencia para imponer los privilegios.

Turno online

Este mes, el gobierno de Santa Fe puso en vigencia un sistema de turnos online para autorizar las visitas de familiares a los internos de los diferentes penales de la provincia.

A través de la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Gobierno, se informó que el nuevo sistema informático de control de visitas incluirá el uso de un código QR.

 

 

 

 

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