Carina Ortiz
Con un reclamo firme por la reglamentación de la ley nacional de agricultura familiar, la familia Marinucci es la punta de lanza de una lucha que engloba a muchos pequeños cultivadores cercanos a la localidad de Bigand, en el departamento Caseros.
El proceso judicial que afrontan ya lleva más de 12 años. Pero ellos son sólo un ejemplo de lo que pasa en esa zona: muchos agricultores sucumbieron ante la presión de la llamada Fundación Bigand que intenta sacar los agricultores de la tierra que trabajaron por generaciones.
Sandra Marinucci contó que el desalojo es en realidad un desarraigo: “Es abandonar lo que hace tantos años venimos haciendo”. Habló de Héctor, un agricultor que se prendió fuego tras ser desalojado y murió. La embestida busca recuperar todas las tierras del fundador del pueblo cuya última hija murió sin descendencia y darle paso a la especulación inmobiliaria.
La Federación Agraria Argentina (FAA), la diputada nacional Lucila De Ponti, la diputada provincial Mercedes Meier (del Frente Social y Popular) y organizaciones como Movimiento Evita y Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTR), entre otros, acompañaron este jueves a Sandra y Omar Marinucci en las escalinatas de los Tribunales provinciales.
Hasta Balcarce al 1600 llegaron con el fin de visibilizar lo que pasa en Bigand con los agricultores familiares y reclamar la reglamentación de la ley de agricultura familiar a nivel nacional. En Santa Fe además está vigente la ley 13666 que declaró la emergencia y suspensión de desalojos de predios rurales. Con su esposo tomándola del hombro, Sandra agradeció la presencia de todos.
La postura de la familia
“Nosotros encabezamos la lucha de muchísimas familias que están pasando por esta situación que es tremenda. El desarraigo es abandonar lo que tantos años venimos haciendo. Nosotros hace 100 años que estamos trabajando esa tierra, somos tres generaciones que ponemos la mano en la tierra y pata en el chiquero para seguir adelante y queremos seguir haciéndolo”, dijo Marinucci.
Contó que la Fundación Bigand se formó después de la muerte de la tercera hija del fundador del pueblo y no dejaron descendientes. “Entonces empresarios de Buenos Aires, junto con abogados y contadores, vienen hacia Santa Fe para desalojarlos. Se llevan la plata a Buenos Aires. Nada queda en Santa Fe, nada queda en el pueblo de Bigand, el único obstáculo somos nosotros, los chacareros, los que estamos trabajando”, describió.
“Por eso decimos no a los desalojos, no a la concentración de la tierra en pocas manos. Sí a los pueblos del interior, a un rostro humano en la agricultura familiar. No un tractor que trabaje todas las tierras, sino que seamos nosotros los que pongamos las manos en la tierra”, continuó Sandra.
Capítulo judicial
La familia Marinucci, como tantos otros agricultores de la región, enfrentan juicios de desalojo por parte de la Fundación Bigand que busca recuperar las tierras con otros fines. Sandra explicó que el juicio que enfrentan tiene 12 años y ya pasó por varias instancias. En la última se dictó la primera sentencia en el caso: el juez Sergio Verdura, de Cañada de Gómez, aplicó la ley y dispuso que no podrán ser desalojados hasta febrero de 2020. “Y después la lucha tenía que continuar”, dijo la mujer. “Pero la Fundación, que tiene muchísima plata apeló y nos hace venir a este tribunal”, detalló.
Sandra les envió un mensaje a los tres camaristas que intervendrán –el caso llegó el miércoles último desde Cañada de Gómez para tramitar la apelación en la Cámara de Circuito de la ciudad–: “Acá estamos con rostro humano, queremos seguir trabajando y viviendo en esa, nuestra tierra, que vio crecer a cuatro generaciones en ella. Seguimos con fuerza, no sólo por nosotros, por todas las familias. Nunca más un Héctor que se prende fuego porque es desalojado de su campo, nunca más ninguna familia que tenga que sufrir esto que no es fácil de llevar”.
Sobre este punto, el presidente de FAA Carlos Achetoni dijo: “La tierra debe ser tomada como un bien social y para el desarrollo de estas familias que siempre lo hicieron en virtud de producir y desarrollarse. Federación Agraria ha estado históricamente en esta defensa y lo vamos a seguir haciendo”.
Cerró Achetoni: “Estamos esperando que se reglamente la ley de agricultura familiar a nivel nacional, en donde estos casos estarían quizás contemplados y resueltos, y no estaríamos pasando por esta instancia. Estamos apelando a que prontamente contemos con una ley reglamentada y que estas familias o cualquier otra, porque este es problema de muchos, se encuentren representadas y defendidas por un marco legal y no tengan que estar pasando por estas instancias, porque un productor que tenga que estar en las escalinatas del Poder Judicial no es lo más saludable: ni se hubieran imaginado que para defender a sus hijos tendrían que estar acá”.
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