Política

Ex ministro de Seguridad

La Legislatura santafesina suspendió a Marcelo Sain como director del Organismo de Investigaciones

Después de idas y vueltas, con cruces políticos y de interpretaciones legales, la comisión Bicameral de Acuerdos aceptó la propuesta del auditor ad hoc para el caso y avaló el inicio de investigaciones sobre presuntas irregularidades. Una sesión conjunta de las dos Cámaras debe avalar la decisión


La comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina resolvió este miércoles darle curso a la resolución del fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, quien abrió un proceso disciplinario contra Marcelo Sain por “faltas graves” supuestamente cometidas cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad. En el mismo sentido, los legisladores aceptaron suspender al criminólogo como director del Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y retenerle la mitad del sueldo. El organismo de los fiscales, ahora, abrirá un proceso contra el funcionario judicial, en que el senador Lisandro Enrico será el acusador.

La decisión de la comisión de Acuerdos quedará sellada si las dos Cámaras de la Legislatura, en una sesión conjunta, la avalan con mayoría de votos en cada cuerpo, lo que parece probable.

Martínez, auditor ad hoc, emitió una semana atrás una resolución en la que admitió las presentaciones contra Sain por “faltas graves”, como también la decisión de abrir una investigación disciplinaria, junto a un planteo de suspensión preventiva del exfuncionario como titular del Organismo de Investigaciones.

La comisión de Acuerdos es la encargada de acusar y eventualmente sancionar a fiscales y defensores bajo sospecha de faltas graves. El cuerpo había dado ingreso a las presentaciones contra Sain. Y la recomendación del auditor designado especialmente para el caso, el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez, fue la suspensión provisoria del ex ministro mientras dure la investigación para “evitar el entorpecimiento” del trámite.

La embestida contra Sain en el MPA fue encabezada por el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y la acompañaron 27 diputados provinciales de la oposición. Lo acusan como responsable del hacinamiento de presos en comisarías, de escuchas ilegales contra integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y por declaraciones que consideran discriminatorias y denunciaron ante el Inadi.

La situación de Sain se enmarca en pujas judiciales y políticas, además de cruzar interpretaciones legales. Ahora avanza al compás de un apoyo político menguado y enemigos ganados como el poderoso senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, involucrado en el caso de juego clandestino, y quien señaló al entonces ministro de Seguridad de armarle una causa en su contra.

Idas y vueltas

En abril último, la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, había rechazado la presentación contra el actual director de Investigaciones, cargo al que accedió por concurso en 2018, en el que pidió licencia para incorporarse al equipo del gobernador Omar Perotti y al que volvió tras renunciar en la cartera de Seguridad.

La funcionaria esgrimió entonces que las acusaciones estaban centradas en sus funciones ministeriales, que son políticas. “Eso ya es resorte de otro Poder y de otro marco legal y sancionatorio”, argumentó en su escrito.

Después, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, impuso una revisión y designó a Martínez como auditor ad hoc, con lo que se reactivaron los planteos: el fiscal de Reconquista interpretó que Sain seguía perteneciendo al MPA durante el lapso en el que le adjudican las irregularidades, aún cuando estuviera de licencia y ejerciera un cargo político en el gabinete de Perotti.

La comisión de Acuerdos que hizo suya esta interpretación, por amplia mayoría, está integrada por cuatro senadores (Joaquín Gramajo, Alcides Lorenzo Calvo, Rubén Pirola y Lisandro Enrico) y ocho diputados (Pablo Farías, Lionella Cattalini, Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía, Gabriel Real, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz y Leandro Busatto).

 

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