Rodrigo Arévalo
Los pedidos a través de plataformas digitales se volvieron comunes en los últimos años. Jóvenes en bicicleta o moto recorren la ciudad haciendo entregas para empresas internacionales como Glovo, Pedidos Ya y Rappi. ¿Qué se esconde detrás de lo que se presenta como una economía colaborativa digital? ¿Existe algún tipo de regulación para esta actividad?
Todos los días, decenas de jóvenes en moto y bici, con cajas que llevan la inscripción de estas empresas, se reúnen en la plaza San Martín a la espera de ser llamados para una entrega. Por la crisis de empleo que atraviesa el país, que afecta principalmente a personas de entre 18 y 30 años, no son pocos los que ven una oportunidad para obtener ingresos.
En la Legislatura santafesina ya tomaron nota de la situación. El diputado provincial del Partido del Progreso Social Héctor Cavallero presentó un proyecto para encuadrar laboralmente a estos trabajadores y registrar fiscalmente a las empresas para que paguen impuestos municipales y provinciales. Su par del Frente Progresista, Joaquín Blanco, planteó otro que apunta a que desarrolladores tecnológicos de Santa Fe puedan disputarle el mercado a estas tres compañías foráneas.
“Estas tres multinacionales no reconocen ninguno de los derechos laborales”, dijo Cavallero en diálogo con El Ciudadano. Su proyecto plantea “que estos jóvenes, al tener una relación de dependencia, deben encuadrarse en la ley de contrato de trabajo”.
Actualmente, los trabajadores de Glovo, Pedidos Ya y Rappi no cuentan con seguro personal ni contra terceros. Utilizan su propio vehículo y en el caso de las motos pagan el combustible. No tienen aportes jubilatorios ni obra social. Hasta les cobran el alquiler de las cajas que llevan la inscripción de la empresa. Recién ahora comenzaron en Buenos Aires las primeras reuniones para conformar una organización sindical que los represente.
“Estas aplicaciones digitales son la forma más avanzada de la precarización laboral. Estos trabajadores cobran sus haberes a través de la misma plataforma digital”, señaló Cavallero.
El ex intendente de Rosario explicó que la otra pata de su proyecto es encuadrar fiscalmente a estas empresas para que tributen en la provincia y en las ciudades donde prestan sus servicios. “Sólo están anotadas en la Afip, por lo que pagan impuestos nacionales. Pero no están ni en el API ni en la Municipalidad”, afirmó el diputado provincial.
Igualmente, Cavallero consideró que su proyecto debe ser consensuado con los trabajadores para que no salgan perjudicados. “Se trata de la banda etaria más afectada por la desocupación, por eso tenemos que hacer equilibrio y proteger también su fuente laboral”, expresó.
Competencia local
El proyecto del diputado Blanco tiene como objetivo “apoyar y estimular a alternativas santafesinas para que puedan disputarle mercado a estas aplicaciones extranjeras”, según señaló el propio legislador socialista en diálogo con El Ciudadano.
“Apuntamos a que la tecnología sea un bien producido en la provincia de Santa Fe y ayude a que el acceso al mercado sea más igualitario”, dijo Blanco. Sin embargo, reconoció las dificultades de competir con plataformas “que generan un monopolio”.
“No hay que combatir a la tecnología en sí misma, sino lograr que sus beneficios sean aprovechados en la ciudad, respetando los derechos de los trabajadores y el sistema tributario argentino y santafesino”, agregó.
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