Política

De investigador a investigado

La Legislatura aceptó evaluar el desempeño del fiscal Patricio Serjal

El funcionario judicial está sospechado de presunta “violación a la responsabilidad ética y a la transparencia”. Compró dos autos Toyota, por tres millones de pesos, en una concesionaria que había sido beneficiada por un fallo que él mismo confirmó


El origen de las sospechas está vinculado con la actuación que tuvo Serjal en una causa por delitos económicos.

Después de dos intentos fallidos por falta de quórum, finalmente este viernes la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial se reunió y aceptó investigar el pedido realizado por la diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez para que se investigue el desempeño del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.

La Comisión Bicameral había sido convocada para el miércoles a la tarde, pero no reunió quórum. Ese día juraron los nuevos senadores. Tampoco hubo quórum el jueves a la mañana, en la segunda convocatoria. Ese mismo día, al mediodía, juraron los diputados electos. Finalmente, el viernes a la mañana se reunió la Bicameral y por mayoría simple se le dio curso al pedido de la diputada Gutiérrez.

Los diputados y senadores que integran la Comisión Bicameral deberán revisar si el funcionario judicial cometió una “falta grave por mal desempeño”. Serjal está en la mira de los legisladores por haber comprado dos vehículos Toyota cero kilómetro en una concesionaria que había sido beneficiada por el cierre de una causa, decisión ratificada por el propio jefe de los fiscales rosarinos. Por ese motivo, Gutiérrez pidió que la Bicameral inicie una “investigación disciplinaria” y resuelva además la suspensión preventiva del funcionario judicial.

Los diputados Leandro Busatto (PJ), Gabriel Real (PDP), Alicia Gutiérrez (Frente Progresista), Inés Bertero (PS) y Julio Eggiman (PJ) y el senador Alcides Calvo (PJ) firmaron el dictamen que dio curso al pedido de Gutiérrez.

Los integrantes de la Bicameral resolvieron que el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) sea el encargado de llevar adelante la acusación contra Serjal. El legislador tiene la potestad de solicitar la remoción o suspensión de las funciones del funcionario judicial por 180 días una vez concluida la investigación. En ese caso, el pedido se deberá aprobar en ambas cámaras legislativas con mayoría especial de dos tercios.

La ley del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indica que cualquier fiscal regional “podrá ser removido o suspendido del cargo por 180 días sin goce de sueldo a solicitud del Poder Ejecutivo o de un legislador provincial por las causales de mal desempeño funcional o institucional o comisión de delito doloso”.

“La remoción o suspensión del cargo se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado”, añade la normativa. Mientras tanto, Serjal seguirá en funciones ya que el fiscal regional Jorge Baclini lo apartó de la causa de fondo pero no de su cargo, como pedía la diputada Gutiérrez.

El origen de las sospechas

Al fiscal regional de Rosario lo investigarán por presunta “violación a la responsabilidad ética y a la transparencia” luego de que trascendiera que compró dos autos marca Toyota, por un valor de tres millones de pesos, en una concesionaria que había sido beneficiada por un fallo que él mismo confirmó.

El origen de las sospechas está vinculado con la actuación que tuvo Serjal en una causa por delitos económicos iniciada por el empresario Omar Santero, de Carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, titular de la concesionaria Auto Rosario. La denuncia fue desestimada por la Fiscalía Regional del MPA de Rosario. La decisión de los fiscales David Carizza y Natalia Benvenutto luego fue confirmada por el propio Serjal.

Menos de un mes después de esos hechos, entre los meses de junio y julio, el fiscal regional compró dos autos cero kilómetro en la concesionaria que había sido beneficiada por el fallo previo: un Toyota Corolla y un Toyota Etios, ambos versión full. Conocido el hecho, los abogados patrocinantes del empresario Santero, Gustavo Peirone y Walter Stramazzo, apelaron la resolución de la Fiscalía y a partir de allí intervino el fiscal general Jorge Baclini.

Para despejar dudas, el propio Serjal pidió ser apartado de esa causa, presentó los comprobantes de compra de los vehículos, explicó el origen de los fondos y afirmó que no hay nada oscuro detrás del hecho ya que el proceso inicial “fue resuelto con criterio jurídico mediante la evaluación de evidencias y el estudio de las mismas”.

No obstante, Baclini decidió intervenir: el jefe provincial de los fiscales del MPA dispuso el apartamiento de Serjal y envió las actuaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura para que se evalúe el comportamiento del funcionario rosarino.

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