Casi 50 países sancionaron o ampliaron leyes sobre el derecho al aborto en el último cuarto de siglo en busca de un marco jurídico que dé herramientas a los Estados para evitar unos 23.000 fallecimientos de mujeres que se registran cada año en todo el mundo por interrupciones voluntarias del embarazo, según cifras de la ONU.
El debate y la movilización popular en la Argentina, que desembocará en la sesión del Senado de este martes, se enmarca en una serie de luchas en decenas de países, algunas recientes victorias como la del referendo final de Irlanda en 2018 y otras discusiones públicas más incipientes, como las que se están dando en varios países latinoamericanos para ampliar, al menos, las excepciones de las leyes que criminalizan el aborto.
Chile es un ejemplo de este segundo grupo. En 2017, el parlamento aprobó ampliar las excepciones a tres: cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto es inviable y en casos de violación hasta la semana 14 para niñas menores de 14 años y la semana 12 para las mayores de 15.
Pese a este avance parcial, más de la mitad de los médicos obstetras de los hospitales públicos del país se seguían declarando objetores de conciencia hasta el año pasado, según denunciaron varias ONG y grupos de activistas, lo que en muchos casos casos hace imposible cumplir con las nuevas excepciones.
En total, casi 60 países garantizan acceso legal para interrumpir de manera segura un embarazo no deseado; 134 solo lo permiten en condiciones más o menos estricta -como el caso de Chile o actualmente la Argentina- y solo un puñado lo prohíbe completamente.
El primer país en legalizar el aborto fue la Unión Soviética en 1920, apenas tres años después de la Revolución Rusa y con la única limitación de que la intervención debía realizarse en un hospital, por un médico y sin mediar dinero.
El mundo tardaría más de una década en seguir los pasos soviéticos y cuando lo hizo fue para inaugurar el tipo de legislación que hoy domina la mayoría del mundo y que solo legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en muy pocos casos.
Primero fue México en 1931 solo cuando la mujer hubiera sido violada y cuatro años después Islandia, cuando hubiera riesgo de vida.
En América latina -una región que concentra, junto a África, las leyes más restrictivas en la materia- Cuba fue el pionero en legalizar completamente el aborto en 1968 y el único hasta que Uruguay y la pequeña Guyana se sumaron en 2012 y 2008, respectivamente.
Solo en el último cuarto del siglo, la lucha por este derecho se aceleró en distintos puntos del planeta.
El año pasado, el Centro de Derechos Reproductivos (Center of Reproductive Rights) y el Instituto Guttmacher, ambas ONG que trabajan por el derecho a la salud de las mujeres a nivel internacional, informaron que “en los 25 años transcurridos desde la Conferencia Internacional sobre Población de Naciones Unidas y el Programa de Acción de Desarrollo, la abrumadora tendencia mundial ha sido hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto”.
“Si bien casi 50 países han ampliado las bases bajo las cuales el aborto es legal, solo un puñado reformaron sus leyes para eliminar las restricciones al derecho”, concluyeron las ONG.
El contexto que subyace a este avance gradual pero sostenido son 121 millones de embarazos no deseados al año, de los cuales 73,3 millones terminan en abortos provocados, un tercio de ellos considerados “muy riesgosos”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher.
En su informe, estiman además que al menos 23.000 mujeres mueren por año por esta causa.
El continente con mayor riesgo de mortalidad materna es África, que reúne el 29% de los procedimientos inseguros del mundo, con una proporción de defunciones que asciende al 62%.
Sin embargo, según cifras de la OMS, entre 2015 y 2019, fue el continente asiático el que concentró más de la mitad de los abortos clandestinos en el mundo.
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