Por orden del juez Juan Carlos Curto Gendarmería Nacional allanó por segunda vez las oficinas de Litoral Gas. Esta vez la orden judicial tuvo por objeto ampliar datos sobre el sistema informático de la concesionaria y para ello los peritos utilizaron un software de última generación. Además el juzgado cursó una serie de citaciones para que algunos de los dependientes que declararon en sede judicial regresen a profundizar sus dichos, incluso se dispuso la realización de algunos careos. Además, el fiscal de Cámaras, Guillermo Camporini sostuvo que hasta el momento al gasista detenido se lo acusa por un obrar imprudente y negligente. “Igualmente hoy por hoy no podemos descartar nada. Eso incluye a Litoral Gas. Es posible la figura de responsabilidad extendida como la obligación de garante del servicio”, sostuvo el funcionario. Aunque esta no fue la única novedad en la causa: el juez dispuso el secuestro del resto de la cañería de gas del edificio de Salta al 2100 y el gasista detenido requirió a ampliar su declaración indagatoria. Por su parte, un funcionario provincial se presentó ante el magistrado con el fin de requerir autorización para que los vecinos del edificio siniestrado ingresen a sus hogares a retirar algunas pertenencias personales.
Fuentes judiciales refirieron que el juez Juan Carlos Curto, a cargo del Juzgado Correccional de la 7ª Nominación, por pedido fiscal, ordenó un nuevo allanamiento a la dependencia de la firma Litoral Gas ubicada en calle Mitre al 600. El magistrado dispuso que la medida la realicen expertos en informática de Gendarmería Nacional, quienes en base a un software de última generación –al que usualmente recurre la Justicia federal porteña– llevaron adelante la medida. Con este allanamiento la Justicia busca acopiar elementos del sistema informático de la empresa vinculados a la tragedia. Otra de las medidas que dispuso el magistrado fue el acopio de parte de la cañería de gas del edificio de Salta 2141 que se encuentra en la primera torre y que llega hasta la llave candado ubicada en el subsuelo de la propiedad. Los peritos solicitaron la mayor cantidad de piezas que se puedan recuperar para realizar una pericia más exhaustiva. Elementos que se sumarán a la válvula de gas que el juez ordenó retirar la semana pasada.
A su vez se conoció que el gasista Carlos García solicitó, a través de su defensor, ampliar su declaración indagatoria y se cursaron citaciones para algunos de los representantes de Litoral Gas comparezcan a Tribunales y aclaren algunos puntos de su primera declaración informativa. Incluso se ordenaron algunos careos, refirió una fuente judicial. Por su parte el titular de la Dirección de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, se presentó ayer en Tribunales a los fines de solicitar autorización al juez Curto para que los habitantes de las dos naves del edificio de Salta al 2100 que quedaron en pie luego de la explosión, puedan ingresar a retirar pertencias ligeras y de valor, lo que fue aprobado por el magistrado. Según refirió el funcionario, no hay escaleras en el lugar, por lo que van a armar un operativo para determinar cómo van a realizar la extracción de los elementos, detalló.
Enargás es parte
Por su parte el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini dijo en referencia a la pesquisa que por ahora cuentan con informes preliminares y que el sábado pasado estuvo con el magistrado Curto en el lugar del siniestro. Al respecto detalló que “hay que hacer un encofrado para acceder a un espacio cercano a la caja de gas del ingreso de Salta 2141. Hasta que no terminen las tareas de limpieza no tendremos la pericia integral. Por ahora sólo tenemos informes”, sostuvo.
Con respecto al ente regulador, Camporini explicó que Energas se presentó espontáneamente. “Vinieron acompañado de un técnico industrial y un representante legal que se interiorizaron hasta donde se les permitió sobre la causa. “Hay que destacar que son parte interesada. Tendrán acceso a la peritos al igual que el resto de los actores en la causa. Pero la investigación es más amplia. La pericia, tal como estableció oportunamente el juez Curto, se realizará justamente por técnicos independientes, esto es, no ligados al Energas”, aclaró.
Sobre las imputaciones, Camporini explicó que el gasista Carlos García es hasta el momento el principal imputado por obrar imprudente y negligente. “Igualmente hoy por hoy no podemos descartar nada. Eso incluye a Litoral Gas. Es posible la figura de responsabilidad extendida como la obligación de garante del servicio. Sería como la función de policía, de prevención. En responsabilidades penales, y llegado el caso de que avanza sobre Litoral Gas, tendrá que venir la persona apoderada”, aseguró.
Sobre la posibilidad de que los vecinos quieran accionar en la Justicia, Camporini explicó que el proceso penal permite una figura llamada querellante. Esto es una persona que se considera víctima o damnificada por un hecho. “Debe acreditar esa condición y de considerarlo, tanto los fiscales como el juez que entiende en la causa, se puede introducir en el proceso penal. Ahora, en la parte civil cada persona deberá asesorarse para ver cómo accionar”, destacó.
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