Policiales

idas y vueltas

La Justicia retoma control clave

La Corte Suprema dispuso que el monitoreo de las medidas alternativas a la prisión, como los arrestos domiciliarios, dejen la órbita policial y pasen a una oficina, la Omas, que en una prueba piloto había tenido auspicioso desempeño.


La Corte Suprema de Justicia creó una oficina de control de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva (Omas). Con esta decisión, que se pondrá en práctica antes de fin de año, el más alto tribunal volverá a sacar del ámbito policial el control de los arrestos domiciliarios. Omas fue una prueba piloto que se realizó en la provincia pero el tema presupuestario jugó en contra y la oficina desapareció a mediados de 2015. A partir de allí las medidas alternativas a la prisión efectiva quedaron en manos de distintas entidades del Estado pero ninguna de ellas centralizó el control. El problema estaba especialmente en las prisiones domiciliarias, donde en la práctica la inspección sólo estaba a cargo de la Policía. Finalmente la Corte retomó el tema y decidió que Omas quedara bajo la órbita de la Oficina de Gestión Judicial. Tendrá dos grandes funciones: el control de las alternativas a la prisión que fije un juez y la recopilación de información previa del sospechoso antes de una audiencia imputativa, lo que facilitará a las partes y al magistrado la fijación de una medida cautelar.

Durante un proceso judicial, cuando hay peligrosidad procesal, el juez dispone la prisión preventiva del imputado. Esa medida puede estar morigerada o se puede aplicar una alternativa a la prisión preventiva, como la presentación semanal ante un organismo judicial o el arresto domiciliario, entre otras. En 2012 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) presentó un proyecto y firmó un convenio con la Corte para el control de estas medidas a través de una oficina, la Omas. En octubre de ese año el proyecto pasó a la práctica y fue sostenido con fondos de Inecip hasta diciembre de 2014. Funcionaba en una dependencia de Tribunales y un equipo interdisciplinario realizaba el trabajo.

Gracias a una prórroga, la Omas sobrevivió hasta mediados de 2015, cuando la falta de fondos para sostener al personal terminó con ella. En aquella oportunidad,  el entonces ministro de Justicia Juan Lewis criticó el proyecto de Omas y no dio curso a unos pocos contratos que se necesitaban para sostener la dependencia cuya actuación fue defendida por el Poder Judicial, especialmente la por Cámara Penal. La Omas dependía de segunda instancia y los vocales Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho eran sus directores.

Con la desaparición de la oficina se firmó entre la Fiscalía, el Colegio de Jueces y la Oficina de Gestión Judicial un protocolo de trabajo para absorber la labor de la Omas, pero no había ningún actor que se encargara del control de las medidas alternativas en general. En el discurso de apertura del año electoral, el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, marcó  la creación de la Omas como una necesidad que finalmente tuvo una respuesta este mes.

A través de la Acordada N° 36 la Corte dispuso la creación de la Omas. El alto tribunal explicó la necesidad de institucionalizar el proyecto piloto y consolidarlo mediante la ampliación de funciones. Trabajará bajo la órbita de la Oficina de Gestión Judicial de Rosario y tendrá dos grandes funciones: previo al pedido de una medida cautelar, remitirá información a las partes sobre la situación del imputado: seguro social, información sobre la base de datos, capturas, datos del organismo de migraciones, informes ambientales, entre otras. Luego,  el control de la medida alternativa.  Erbetta detalló que la idea es ponerlo en marcha antes de fin de año y luego  extenderlo al resto de la provincia.

Va a arrancar con dos funcionarios y cuatro empleados que llegaran desde el sistema conclusional y se abrirá concurso para dos o tres cargos de personal técnico como psicólogos y asistentes sociales. La idea es empezar lo antes posible para que se consolide, refirió el funcionario.

Si bien la capacidad de respuesta va a ser limitada con esa estructura, se aspira a su ampliación y expansión al resto de la provincia. Erbetta explico que es un tema que venían trabajando, que no es sencillo porque se necesitan recursos y además era un reclamo de los colegios de jueces de primera y segunda instancia. La prueba piloto tuvo muy buena receptividad, evaluó.

En cuanto al control del arresto domiciliario, el funcionario detalló: “Daría la impresión que se resintió un poco, en base a lo expresado por los jueces de ambas instancias. No es un trabajo que resulte de lo más adecuado para la Policía; la opinión de los jueces es que funcionó mucho mejor cuando estuvimos con la prueba piloto”.