Los secuestros y asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ocurridos en mayo de 1983 en Rosario, en el ocaso de la dictadura, no quedarán impunes. Después de obstinados reclamos a partir de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo firmó ayer la resolución que habilita la reapertura de esta causa, pedida por el fiscal Juan Murray y los abogados de la agrupación Hijos Rosario, representantes legales de la familia Cambiaso. “Hoy (por ayer) fuimos notificados que se declara nula la cosa juzgada, que reclamábamos desde hace cinco años”, confirmó a este diario Ana Oberlin, abogada de Hijos. La investigación de los secuestros, torturas y homicidios de los dos militantes tiene entre los principales imputados al ex comisario del partido bonaerense de Escobar Luis Abelardo Patti, que ya cumple prisión en el penal de Marcos Paz por otra causa de lesa humanidad.
El juez Fillafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento de la fiscalía y la querella para retomar la causa Cambiaso-Pereyra Rossi en toda su amplitud. Si bien Patti está señalado como líder del operativo comando que secuestró a los militantes montoneros en el bar Magnum de Córdoba y Ovidio Lagos, a plena luz del día, la causa tiene como imputados a varios integrantes de aquella patota.
El fiscal nicoleño Murray investigó el caso en profundidad y en marzo de 2005 le solicitó al juez Fillafuerte Ruzo la anulación de los sobreseimientos dictados en 1986 por el juez Juan Carlos Marchetti, que beneficiaron a Patti y a otros dos imputados, al tiempo que solicitó la reapertura de la causa. Los familiares de Cambiaso y Pereyra Rossi se habían sumado a ese requerimiento en calidad de querellantes.
Desde Hijos Rosario celebraron la resolución de la Justicia y opinaron que la reapertura del caso es “un paso importante para que el crimen de los compañeros no quede impune, para que los familiares recuperen esperanzas en la Justicia, y para avanzar en el camino hacia la construcción de una sociedad que no deja sin castigo los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura contra los hombres y mujeres de su pueblo que dieron la vida por una patria para todos”.
“En el mismo año 83 se pudo iniciar una investigación, pero la causa no pudo avanzar. Ese año la Justicia dicta un sobreseimiento provisorio y ya en 1986 el sobreseimiento definitivo de los imputados. En su momento la querella no apeló el fallo porque ya estaba en vigencia la ley de Punto Final (del alfonsinismo)”, recordó Oberlin, que junto con Nadia Schujman, Lucas Ciarniello Ibáñez y Álvaro Baella, integra el equipo jurídico de Hijos.
Oberlin indicó que “hay datos importantes para esta causa que se desprenden de la desclasificación de los archivos del Estado norteamericano, como amenazas, persecuciones e intimidaciones a varios de los protagonistas del caso”.
El 14 de mayo de 1983, alrededor de las 10.30, un grupo de policías pateó las puertas del bar Magnum donde estaban sentados a una mesa tomando un café los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, quienes padecieron el exilio y regresaron al país cuando la dictadura se derrumbaba. Ante la mirada estupefacta de parroquianos y transeúntes que caminaban por la zona del bar, el grupo comando sacó a los empujones a los militantes hasta los autos estacionados enfrente.
Cambiaso y Pereyra Rossi, según las investigaciones, sufrieron interrogatorios y torturas. Y alrededor de las 17 de ese mismo día los militantes fueron fusilados a quemarropa por integrantes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre –Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez– en un camino rural de la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, a dos kilómetros de la ruta nacional 9. Los cuerpos fueron encontrados tres días después y la Policía habló de “enfrentamiento”.
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