Este viernes Silvia Aramberri, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Rosario, resolvió que la Dirección de Vialidad Nacional deberá iniciar las tareas de reparación de 22 kilómetros de la autopista que une la ciudad con la capital cordobesa. Son los que conectan Roldán con Carcarañá y por los que la ONG Usuarios y Consumidores Unidos de Rosario, la Defensoría del Pueblo, e incluso legisladores nacionales pidieron la intervención del Estado.
La jueza puso un plazo de inicio de 15 días hábiles y la obligación de que las autoridades reporten dos veces por mes el avance de las obras. Según explicaron referentes de Vialidad Nacional en la reunión de este viernes, tardará un año. La decisión de Aramberri surgió después del pedido de acción colectiva de la ONG ingresado en febrero. “La justicia federal ha actuado con rapidez. Estamos muy contentos. Será en beneficio de todas las personas que transitan a diario por ese camino. Queremos evitar más muertes por el abandono de la autopista”, explicó a El Ciudadano, la abogada del grupo, Juliana Ruchelli.
Sentados
La decisión de la Justicia federal fue compartida por la jueza Aramberri en una audiencia este viernes. Participaron representantes de la Dirección de Vialidad Nacional y de la ONG, y escucharon la orden de reparar y señalizar la autopista en ambas manos del tramo que va del kilómetro 314 al 336. Las obras deberán iniciar en un plazo de 15 días hábiles. Nación deberá girar informes dos veces por mes hasta que terminen. Cuando esté, siempre según la resolución de Aramberri, el concesionario Corredor Panamericano II deberá hacer el mantenimiento. “Vamos a formar parte de la revisión de la obra. Es un avance y actuaron con rapidez y justeza. El reclamo se hizo valer”, explicó la abogada de la ONG y dijo que en un mes habrá una audiencia donde la jueza compartirá el estado de avance de los arreglos.
El camino
El año pasado la ONG había pedido a la concesionaria arreglar el tramo a cuenta de los reclamos que recibían y los siniestros viales registrados. No tuvieron respuesta y fueron a buscar voluntades. En tres días de diciembre recabaron 5 mil firmas que presentaron en una acción colectiva en la Justicia Federal dos meses más tarde. Fueron contra Vialidad Nacional para exigir la reparación. Pero no estuvieron solos. Ese mismo mes en el Concejo Deliberante de Carcarañá (localidad que tiene un acceso al tramo en cuestión) presentaron un proyecto para que no se pague el peaje hasta que Nación iniciara los trabajos. Desde la Defensoría del Pueblo también giraron pedido de informes a Vialidad Nacional. El diputado Federico Angelini de Cambiemos había dicho que las obras iban a iniciar en abril. Sin embargo, había muchas preguntas respecto al tramo. Un grupo de diputados nacionales por Santa Fe del peronismo presentaron un proyecto en el Congreso Nacional para saber cómo iban a ser las obras. En paralelo, la jueza Aramberri pidió a Vialidad conocer cuál era la empresa encargada de hacer los mantenimientos.
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