Este viernes por la mañana, el Juzgado Penal a cargo del juez Fernando Verón rechazó un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial contra la Tortura y acompañado por el ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, en el marco del proceso penal que se le sigue a Miryam Bogado, una joven misionera de la comunidad mbya guaraní detenida y procesada por ser la única acusada de matar a su beba de 4 meses bajo la calificación de homicidio agravado por el vínculo.
En su presentación, los defensores solicitaron la incorporación de la perspectiva indígena dentro de la investigación tanto para aplicar algunas leyes como también para interpretar algunos hechos y conductas. “En este caso son fundamentales porque lo que parece ser sospechoso para el juez de instrucción Carlos Giménez tiene una explicación coherente para la conducta de las mujeres de su cultura, ante la muerte por ejemplo. La forma en que se interpreta todo su accionar desde la postura occidental la convierte a ella en sospechosa”, aseguró la abogada de Miryam, Roxana Rivas, en diálogo con El Destape.
En su resolución, el juez Verón señaló que pretender aplicar una legalidad distinta por su condición de originaria sería pretender que el Estado aplique una ley paraestatal. “Es como decir que la Ley indígena no se puede aplicar en nuestro Estado cuando lo que se reconoce con el artículo 75, inciso 17, es la preexistencia de los pueblos indígenas, de su cultura, sus instituciones jurídicas y su legalidad y que, además, se impone al Estado considerarlas cuando son objeto de algún tipo de proceso”, agregó Rivas.
Por su parte, desde el ministerio de Derechos Humanos señalaron que desde junio vienen pidiendo informes a la Justicia sobre la causa pero nunca tuvieron respuestas. “Este fallo está totalmente fuera de lo que es una mirada pluricultural y del respeto indigenista”, aseguró la titular de dicha cartera, Lilia Marien Marchesini, quien adelantó que este lunes presentarán la apelación del fallo.
La historia
Miryam Bogado es una joven misionera de 19 años que es parte de una comunidad mbya guaraní. A pesar de corta edad, fue madre tres veces. Tiene un hijo de 4 años, cuyo padre se encuentra ausente, y su segundo hijo también falleció.
Desde el 2 de febrero se encuentra detenida y procesada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, luego de que le rechacen la excarcelación dos veces pedida por su defensa.
Su hija de 4 meses había nacido el año pasado de manera prematura y como consecuencia de esto estuvo internada 45 días en el hospital pediátrico con asistencia médica y aparatológica. Era una bebé con daños neurológicos graves, sin reflejos de succión, era alimentada por sonda y en esas condiciones fue dada de alta para que sus papás, de 18 años en ese momento, se hicieran cargo, en medio de una situación de vulnerabilidad extrema: en una vivienda precaria, sin acceso al agua potable, sin ningún tipo de condiciones de asepsia.
Fue en ese contexto que la bebita falleció y el poder judicial instantáneamente vinculó su muerte a un hecho doloso y colocó a Miryam como la única sospechosa.
Según un informe elaborado por el juzgado de instrucción, el cuerpo médico forense del Poder Judicial de la provincia informó que el cuerpo de la bebé tenía lesiones “que fueron producidas por traumatismo contuso con gran violencia (…). Este informe junto con los demás elementos probatorios incorporados en el expediente, requeridos por el juzgado interviniente en la causa de la integrante de la comunidad guaraní, fueron los que determinaron la prisión preventiva de la imputada que se encuentra alojada en la Alcaldía de mujeres – Anexo UpV del Servicio Penitenciario provincial”.
Es por esto, continúa el informe, que se realizó una pericia antropológica “para determinar si el rol de la madre resulta adecuado conforme a las pautas culturales de la comunidad, puntualmente la conducta desplegada en oportunidad del fallecimiento de su hija menor entregándole al cuidado de terceros; como asimismo cualquier otra información que consideraran”.
Para su abogada, lo que al Tribunal interviniente le llamó la atención es que, una vez que falleció la beba, Miryam le haya entregado el cuerpo a su cuñado y se haya ido con su hijo de 4 años a otra comunidad, que es la de origen, donde estaba su madre, interpretando que ella huyó del lugar porque “algo habrá hecho”, cuando ella en realidad estaba cumpliendo los rituales propios de su cultura como es llevar a su otro hijo lejos del lugar donde acaeció la muerte de su hermanita. “Según sus creencias, los bebés que mueren antes del año o antes de recibir su nombre originario, que también tiene un significado simbólico muy fuerte, quedan arraigados dentro de ese entorno y apegados a las otras almas o cuerpos cercanos. Es por esto que es una práctica común de esa cultura alejar a los hermanos del lugar donde aconteció la muerte, para que no se los lleve a ellos también. Eso fue lo que hizo Miryam. Sin embargo, todo esto, en vez de haber sido interpretado desde la perspectiva indígena, fue interpretado de manera occidental, entendiendo que eran indicios de “algo habrá hecho”’, aseguró su abogada.
Además, Rivas destacó que ninguna de las personas que declararon señalaron que Miryam haya sido una madre violenta o que haya maltratado a la hija, como para que el juzgado de instrucción pudiera adjudicarle algún tipo de responsabilidad.
Sin embargo, el hecho se encuentra calificado como un hecho de muerte violenta porque la médica encargada de asistir a las comunidades, y que fue la encargada de llamar a la Policía y de darle intervención al juzgado, llegó aproximadamente 24 horas después, a pesar de encontrarse a 5 km del centro de San Ignacio, donde está el hospital. En ese interin, el cuerpo del bebé estuvo a la intemperie, fue movido del lugar y estuvo circulando porque había niños en la zona. Cuando la asistente llegó, vio que el cuerpo tenía lesiones y dio aviso a la policía. “El cuerpo médico forense nunca puso certificar ni procesar si esos golpes eran pre o post mortem. Todos los testimonios recogidos del lugar dicen que cuando ella entrega el cuerpo a su cuñado no observó ningún tipo de lesión ni herida que supusiera una muerte violenta”, afirmó Rivas.
Además, los testimonios que se recogieron se realizaron sin la presencia de un intérprete, tal cual lo exige la ley que, a su vez, no debe ser traductor únicamente sino un intérprete intercultural bilingüe, es decir, una persona que no solo interprete palabras sino también su significado y su simbología.
“Designaron a un cacique para que le leyera la imputación a Miryam, lo que no cumple con las formalidades ni exigencias legales. El cacique sólo traduce del castellano al guaraní pero con limitaciones. No es un intérprete oficial ni conoce el funcionamiento de las instituciones”, añadió Rivas.
A pesar de no haber dado muchos más argumentos, el juez la procesó por “homicidio calificado agravado por el vínculo”, un delito que puede tener una pena de hasta 35 años.
Ana María Gorosito Kramerl, referente académica en toda la región en cultura mbya guaraní y quien realizó una pericia antropológica en el mes junio, señaló que en este caso hubo una ausencia de seguimiento y control por parte de los encargados de la atención sanitaria.
“No existen pruebas para que ella esté detenida. No hay indicios en relación a la mecánica ni lugar de la muerte de la beba, ni fecha, ni hora. Nada indica que Miryam fue la causante. Hay registros fotográficos de que la beba era absolutamente bien cuidada dentro de las tremendas contingencias de su estado clínico que era grave y no fue tomado en cuenta durante todo el desarrollo del expediente”, aseguró Kramerl.
Y continuó: “La gente de la comunidad que fue entrevistada trató de exculpar a Christian, el padre de la beba, e insinuaron sutilmente que Miryam no cuidaba de su bebé. A partir de esto decidieron llevarla presa. Todo es una sobrelectura confusa de hechos donde no hay más que indicios. La caratula la decidió un médico que no interviene en la zona”.
La falta de perspectiva de género
Misiones es una provincia con índices de mortalidad infantil muy altos en referencia a otras provincias. “Lo que vemos es que ante la muerte de un niño/a en un entorno en el que hay varias personas mayores de edad, la mirada culpabilizante recae siempre sobre la madre: porque no la cuidó, porque es una mala madre, porque no es responsable, etc.”, indicó Rivas.
En este caso, dijeron que Miryam estaba mucho con el teléfono y que era el padre el que le tenía que dar la leche a la bebé, lo cual es erróneo, ya que la beba no podía succionar. Pero además de todo, si así hubiese sido, “se encontraba cumpliendo un rol que le es propio por su responsabilidad por ser el padre. Sin embargo, en este caso, la culpa de la tragedia es de la madre por no haberlo cuidado bien. Para criminalizar, siempre se escoge a la madre por no cumplir determinados mandatos”, destacó Rivas.
“La bebé de Miryam murió cuando fue dada de alta pero se la entregaron a unos padres que no podían cumplir con las mínimas pautas de sobrevivencia. Sin embargo la culpable es ella”, concluyó.
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