El periodista Daniel Santoro fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla por lo delitos de coacción y extorsión en grado de tentativa. Embargó además sus bienes hasta cubrir la suma de tres millones de pesos. El magistrado le dictó, en cambio, la falta de mérito en relación con la acusación de integrar una asociación ilícita cuya cabeza visible es el falso abogado y presunto agente de inteligencia Marcelo D’Alessio.
Para Ramos Padilla, el editor de Judiciales de Clarín estaba al tanto de las maniobras mafiosas de Marcelo D’Alessio y no solo utilizó al falso abogado y espía como fuente para sus notas, sino que tuvo un papel clave para llevar a cabo las extorsiones.
En la resolución de 258 páginas firmada este miércoles, el magistrado detalló pormenorizadamente las extorsiones que le atribuye a Santoro. El texto está acompañado de notas firmadas por el periodista, fotos y chats para acreditar su grado de participación en la organización ilegal.
Santoro está considerado en el expediente como partícipe necesario de los delitos cometidos en perjuicio del ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y del empresario patagónico Mario Víctor Cifuentes, ambos considerados víctimas de la organización que se le atribuye liderar a D’Alessio.
El periodista “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. Deberá dar aviso, por sí o por intermedio de su abogado defensor, de cualquier cambio de domicilio. Lo mismo, acompañado del pedido de autorización, para viajar al exterior.
La resolución del juez agrava también la situación de D’Alessio, a quien le amplió el procesamiento y le mantuvo el embargo por diez millones de pesos.
Para el juez de Dolores, Santoro fue partícipe necesario en el hostigamiento a Dovat para que declare ante el fiscal rebelde Carlos Stornelli (que dirige la causa de las fotocopias de los cuadernos) sobre supuestas irregularidades en la petrolera venezolana con el objetivo de que Estados Unidos pueda trabar embargos a Venezuela.
Al empresario Cifuentes, dueño de la petrolera OPS, le exigieron 1.200.000 dólares para llegar a buen puerto con la Afip y alivianar una supuesta difícil situación judicial.
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