Lucia Demarchi
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dictó un fallo en detrimento del derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y a participar en la vida política, al revocar una sentencia que ordenaba a la Legislatura porteña a realizar un pedido de disculpas pública por no haber respetado el cupo femenino en la composición de la Auditoría General de Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y otras minorías repudiaron la resolución y anticiparon que llevarán el caso a la Corte Suprema de la Nación.
La acción fue presentada en 2013 por varias organizaciones que luchan por reivindicaciones de género: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación Mujeres en Igualdad y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
El reclamo fue por una violación de la Legislatura porteña a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la composición de la Auditoría General, que no respetaba el cupo femenino para la designación de sus integrantes.
la Constitución porteña establece que en la conformación de los organismos estatales colegiados debe asegurarse que al menos un 30 por ciento de los cargos estén ocupados por mujeres. La Auditoría General es un órgano colegiado compuesto por siete auditores. Su función es la de ejercer el control externo del sector público de la ciudad y a las empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales y de gestión de legalidad.
En diciembre de 2013, ante la apertura de la vacante que dejaba la renuncia de la auditora Paula Oliveto Lago a mitad de su mandato, la Legislatura resolvió –por 52 votos afirmativos, uno negativo y cuatro abstenciones– que ese cargo debía ser ocupado por Facundo De Gaiso, un varón, por el período 2013-2015. Con ese reemplazo, el cuerpo que estaba integrado por tres mujeres y cuatro hombres pasó a tener dos mujeres y cinco varones, lo que excede el 70 por ciento que puede tener el género mayoritario en su composición.
El reclamo que, justamente, realizaban las organizaciones que presentaron el amparo, era que la persona que reemplazara a la auditora saliente debía ser una mujer para que, de ese modo, se respeten las proporciones establecidas en la Constitución.
La resolución de primera instancia fue favorable en ese sentido: admitió el amparo, declaró la nulidad de la designación por violar el cupo femenino y ordenó a la Legislatura porteña que hiciera un pedido de disculpas públicas al colectivo de mujeres por el incumplimiento, la que debía publicarse en los tres diarios de mayor tirada de Caba. La Legislatura apeló la demanda, que quedó en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Al momento de expedir su resolución, la Cámara entendió que, por el tiempo que había transcurrido, el planteo de realizar la designación de un nuevo miembro de la Auditoría había devenido abstracto –De Gaiso había concluido su gestión y la Auditoría General había modificado el cien por ciento de su composición ateniéndose al cupo femenino–, pero sostuvo la orden de difusión de disculpas públicas.
La Legislatura, entonces, presentó ante la Cámara un recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado, por lo que recurrió en queja al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
En diciembre último, el Tribunal se expidió al respecto y el contenido de la resolución se hizo público esta semana: con argumentos sumamente regresivos para los derechos por los que las mujeres luchan desde hace años para romper con la lógica machista en la participación de la vida política y el ejercicio de cargos públicos, revocó el pedido de disculpas públicas que había resuelto la Cámara. El fallo fue dividido.
“Los criterios sostenidos por la mayoría resultan preocupantes, no solo porque legitiman la vulneración a una disposición expresa de la Constitución de la Ciudad, sino porque además contradicen los estándares internacionales de derechos humanos sobre los derechos de las mujeres. Con su decisión, el Tribunal Superior de Justicia desconoce las obligaciones asumidas por la Ciudad de Buenos Aires respecto a la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”, expresaron a través de un comunicado las organizaciones que iniciaron la demanda tras conocer la resolución del Tribunal.
“Expresamos nuestro rechazo y preocupación sobre el criterio sostenido por la mayoría del Tribunal, el cual posibilita que las violaciones a los derechos de las mujeres a no ser discriminadas en el acceso a cargos públicos queden sin reparación alguna”, dijeron, y anticiparon que presentarán un recurso extraordinario federal para que el caso pueda ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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