El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en la compra del departamento en Caballito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga la evolución de su patrimonio. La profesional deberá presentarse el miércoles 8 de abril en los tribunales de Comodoro Py.
La citación se produce mientras el expediente avanza sobre la operación inmobiliaria realizada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. El foco está puesto en la estructura financiera utilizada para concretar la compra, que incluyó un crédito hipotecario de 200 mil dólares otorgado por las propias vendedoras.
Según los registros, el inmueble de casi 200 metros cuadrados pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes no solo vendieron la propiedad sino que también financiaron la operación en partes iguales. Cada una aportó el 50% del préstamo, quedando registradas como acreedoras del crédito que permitió completar la adquisición.
La intervención de Nechevenko no se limitó a esa operación. También participó en la escritura de otra propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2025 y registrada a nombre de Julieta Bettina Angeletti, esposa del funcionario.
En paralelo, la fiscalía solicitó una batería de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y verificar la información presentada ante organismos oficiales. Entre los pedidos figuran oficios a registros de la propiedad, vehículos y requerimientos vinculados a movimientos financieros.
Desde el expediente, la fiscalía sostuvo que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso del caso en el fiscal.
Además de la citación, Pollicita requirió a la escribana documentación vinculada con las operaciones en las que intervino. Su declaración como testigo está prevista luego de que se reúna la información disponible en los registros correspondientes.
La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Según planteó, el patrimonio del funcionario habría crecido un 500% en un período fiscal y existirían omisiones en la información presentada.
Entre los puntos observados se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, junto con la incorporación de 24.500 dólares en efectivo que, de acuerdo a lo declarado, tendrían origen en préstamos familiares.
También quedó bajo revisión la declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción, donde el jefe de Gabinete informó la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes en countries. A esto se sumaron dudas sobre un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti.
En ese contexto, los diputados Esteban Paulón, Pablo Adrián Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron la denuncia judicial y pidieron avanzar sobre el origen y las condiciones del financiamiento de los inmuebles. La presentación busca esclarecer cómo se concretaron las compras tanto en Caballito como en Exaltación de la Cruz.
Según la denuncia, el funcionario habría accedido a un préstamo no bancario de dos personas para adquirir el departamento, a pesar de que su declaración jurada de 2024 reflejaba escasez de ahorros y sin haber vendido otra propiedad. Además, se remarcó que la operación se habría realizado a un valor inferior al del mercado.
Las supuestas acreedoras del préstamo, Viegas y Sbabo, negaron conocer al funcionario o recordar algún vínculo, lo que incrementó las dudas sobre la operación. En ese marco, los denunciantes señalaron que no hay detalles sobre tasa de interés, plazos ni costo financiero del crédito.
La presentación también recordó que, por su rol, el jefe de Gabinete y su cónyuge están obligados a declarar bienes y operaciones ante la Unidad de Información Financiera, en línea con la Resolución 192/2024 publicada en diciembre de ese año.
Por ahora, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que no está previsto citar a las mujeres que supuestamente otorgaron el préstamo. Sin embargo, desde la denuncia no descartan solicitar que sean convocadas una vez que se avance en el análisis de la documentación reunida en el expediente.
Fuente: Data Clave
