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La inundación de Santa fe es imprescriptible

El fallo que condenó a dos funcionarios del ex gobernador Reutemann señaló su responsabilidad por la inacción que agravó la tragedia hídrica de 2003. También consideró que los delitos cometidos son una violación a los derechos humanos


Por Alicia Gutiérrez

El fallo que condenó a dos funcionarios del ex gobernador Reutemann señaló su responsabilidad por la inacción que agravó la tragedia hídrica de 2003. También consideró que los delitos cometidos son una violación a los derechos humanos.

La condena a dos funcionarios del gobierno de Carlos Reutemann, únicos imputados por la peor catástrofe hídrica que haya sufrido Santa Fe en su historia, ocurrida hace 16 años, reabre la herida que nos dejó el largo y frustrante proceso judicial que vino después, que garantizó la impunidad del máximo responsable político de la provincia en ese entonces. Sin embargo, de la lectura de la sentencia firmada por el juez Octavio Silva se desprenden algunas conclusiones que hacen suponer que no está todo dicho en esta causa que juzgó a quienes debían velar por la seguridad de la población santafesina en el momento en que se produjo el desborde del río Salado.

Lo primero que se destaca es la confirmación de que la inundación, que causó la muerte de 23 personas, según cifras oficiales, pero se llevó la vida de 158 más en los años posteriores, y provocó enormes e incalculables pérdidas materiales, se podría haber evitado. Edgardo Berli, ex ministro de Obras Públicas, y Ricardo Fratti, ex director provincial de Hidráulica, fueron encontrados culpables del delito de estrago culposo agravado. El tercer imputado, el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez, falleció en abril del año pasado. Según consta en el fallo: “El anegamiento pudo haber sido prevenido y retrasado e incluso aminorado los volúmenes de ingreso que al final alcanzarían a los mismos niveles embalsados dentro de la ciudad”.

El magistrado afirma que si se hubieran tomado las medidas necesarias de forma urgente, como requería la situación, las consecuencias no hubieran sido las mismas. Hasta aquí se podría decir que todo eso ya lo sabíamos. La novedad es que, en su fundamentación, deja constancia de la evidente injusticia cometida, en 2006, cuando se liberó a Reutemann de culpa y cargo y a todo su séquito. Como máxima autoridad de la provincia, el actual senador nacional por Cambiemos fue el principal responsable de la inacción y demora por parte del Estado que dejó a media ciudad bajo el agua. La dilación en cualquier decisión tomada al respecto, “excedía la autoridad de los acusados y no puede serles enrostrada”, afirma.

A pesar de la escasa pena otorgada a los únicos imputados, que no pasarán un solo día en la cárcel, otro punto que nos parece importante resaltar es que se haya considerado a los delitos cometidos como graves violaciones a los derechos humanos, en tanto supone que son imprescriptibles. Si bien hasta ahora la Justicia ha brillado por su ausencia y el cerco de protección para con el máximo referente político de la provincia por aquel entonces, como así también para muchos de sus funcionarios, ha sido inexpugnable, la posibilidad de continuar luchando por la vía legal nos deja abierta una puerta de esperanza. La batalla llevada adelante por las organizaciones que nuclea a las víctimas de esta tragedia que arrasó la vida, los sueños y proyectos de miles de santafesinas y santafesinos ha permitido mantener viva la memoria de lo ocurrido. Seguiremos acompañando esa lucha y exigiendo justicia y condena para los responsables políticos de esta catástrofe que no debió suceder.

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