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¿La intervención del trabajo social en el Poder Judicial resignifica la noción de justicia?

El poder judicial se caracteriza por un preponderante discurso jurídico y burocrático-procedimentales, donde el desafío para la profesión del Trabajo Social es no perder la especificidad de la intervención y a su vez darle legitimidad a la disciplina como un saber diferente.


Lic en Trabajo Social Marisa Barrios/ Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la 2da circunscripción. 

La invitación de la comisión del Colegio de Profesionales de Trabajo social (2ª circunscripción) a escribir estas reflexiones en primera persona, me permite situar puntos de la propia intervención como profesional del Trabajo Social en el ámbito de la Justicia de los Tribunales de Familia de  Santa Fe desde hace más de diez años.

El ámbito del Poder Judicial me ha permitido aprender que el valor justicia no es patrimonio de dicho poder, ni de sus integrantes, sino que el mismo representa una construcción social permanente, encarnada en aquellos sujetos, instituciones y grupos sociales cuya intervención esté al servicio de los derechos sociales.

El poder judicial se caracteriza por un preponderante discurso jurídico y burocrático-procedimentales, donde el desafío para la profesión del Trabajo Social es no perder la especificidad de la intervención y a su vez darle legitimidad a la disciplina como un saber diferente.

Aquí la disciplina puede ubicarse en una posición de subalternidad y dependencia epistemológica y conceptual, reproduciendo discursos y prácticas propios de la lógica institucional o bien, introducir la dimensión social de los problemas con perspectiva de derechos, agujereando de alguna manera la lógica judicial, permeándola de otras lógicas y otros discursos para una comprensión más amplia de los problemas que se abordan.

El aporte esencial que hace la profesión es cruzar la dimensión socio-jurídica a una dimensión jurídico-burocrática-procedimental, introducir en un expediente una lógica de interpretación diferente, la dimensión cotidiana de los sujetos, visibilizando la historia familiar y los factores predisponentes del conflicto que, a priori, no forman parte de la denuncia, pero sí de su contexto.  Es decir, algo así como una doble hermenéutica, una segunda interpretación del material que se obtiene al entrar en contacto con los sujetos que solicitan la intervención de la Justicia, destacando los significados que dan en su interpretación de los hechos, propiciando la interacción con el sistema judicial en clave de acceso a la justicia.

En el año 2019 se avanzó en ese sentido, los profesionales de Trabajo Social de los Tribunales de Familia de Rosario nos conformamos como equipo único para tal especialidad con un proyecto que surgió de la propia discusión grupal y gestiones ante la Corte Suprema de Justicia con la presidencia de la Ministra María Angélica Gastaldi.   La Corte avaló la constitución del equipo (Acordada n°3 12/09/19) y aprobó su reglamentación con algunas modificaciones mediante (Acordada n°38 17/09/19), marcando un momento diferenciado en la trayectoria del colectivo profesional de más de treinta años, pero no sin ella, no sin las conquistas obtenidas por las generaciones precedentes ya desde la década de los ´90 en el Poder Judicial.

Tomando algo de esa experiencia profesional previa fue posible escribir un proyecto colectivo entre los trece profesionales que conformamos el equipo, con una propuesta de funcionamiento con autonomía relativa en términos de definición de criterios, conceptos y metodología propios de la formación profesional, logrando re-ubicarnos en la estructura judicial en una línea en permanente construcción.

El lineamiento principal del proyecto de constituirnos como equipo único de Trabajo Social se basó en la idea de funcionamiento integrado, con una coordinación disciplinar, intentando ampliar y enriquecer la intervención, disponiendo acciones territoriales, frente a la creciente demanda que llega a los Juzgados de Familia.

Esto requiere pensar en una cada vez mayor conflictividad social, que debe ser parte de la planificación estratégica del servicio de Justicia, ya no centralizada, sino descentralizada hacia los barrios/distritos/ territorios y un abordaje con perspectiva intersectorial con los distintos niveles de atención del Poder Ejecutivo, tanto municipal como provincial.

El valor justicia no está garantizado per se, el mismo presente o ausente en cada acto judicial constituye el lineamiento esencial de las prácticas de todos los que formamos parte de la estructura, somos quienes ocupamos bisagras e intersticios desde donde recibir las demandas, permitir u obstaculizar el acceso a la justicia, dar visibilidad o no a ciertos conflictos sociales, dinamizar respuestas u obstaculizarlas, entendiendo que son instancias y oportunidades de construcción de buenas prácticas basadas en una idea amplia, interdisciplinaria  e intersectorial de justicia.

Son los tiempos que corren, son tiempos complejos donde se suma la pandemia por Covid-19 que complejiza aún más las condiciones de vida de las personas, que requieren de equipos sólidamente formados y políticamente consustanciados con la construcción del campo socio-jurídico desde la perspectiva de derechos.

Resulta necesario que la lógica judicial se de-construya para dar respuestas acordes a lo que la sociedad requiere, la profesión del Trabajo Social en el Poder Judicial es un cruce importante para no reproducir viejas prácticas burocráticas, pero para eso no debe ser absorbida por el imperativo burocrático ni por dogmatismos, sino respetando lo distintivo que puede aportar en cuanto a lo conceptual y a lo metodológico.

Hay mucho por construir, la intervención de disciplinas no jurídicas en el Poder Judicial puede resultar en pequeños movimientos hacia modos no dogmáticos de examinar lo jurídico o muchas veces un movimiento más dentro de un circuito en el que algunas intervenciones son sólo subsidiarias y meramente auxiliares en la traducción de un territorio que se torna inespecífico y a veces complejo de descifrar.

 

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