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La intendencia aclaró sobre Nuevo Alberdi

Refutó sospechas de connivencia con grupos inmobiliarios e incompatibilidades.

La Municipalidad de Rosario, mediante un extenso comunicado, salió ayer a explicitar el estado de situación respecto de los terrenos de Nuevo Alberdi que la semana pasada fueron objeto de controversia, acusaciones cruzadas y proyectos presentados o bajo estudio sobre esas250 hectáreasa la vera del canal Ibarlucea, en la zona noroeste. El Ejecutivo local negó improvisaciones urbanísticas y refutó denuncias sobre presunta connivencia entre la administración pública y grandes desarrolladores inmobiliarios. Es más, afirmó que el celo puesto en el cumplimiento de las normas le generó encontronazos con constructoras y especuladores. El texto recuerda la tarea de planificación de las gestiones socialistas con una mención al Plan Estratégico Metropolitano y al Plan Urbano 2007-2017 girados al Concejo Municipal, más el encargo de un nuevo estudio de riesgos de inundación de la cuenca del arroyo Ludueña ante el cambio de los regímenes de lluvia, para así poder reclasificar el uso de los suelos en esa área que ahora ingresó en la agenda pública. Respecto de una funcionaria del Servicio Público de la Vivienda y un contador contratado en dos oportunidades como asesor dela Secretaríade Planeamiento, el comunicado niega cualquier incompatibilidad u objeciones éticas respecto a sus funciones públicas y la actividad privada que ambos desarrollan, con lo que replica las sospechas lanzadas por el Movimiento Giros.

“Esta gestión municipal ha priorizado como ninguna la planificación urbana. Se elaboró de manera participativa el Plan Estratégico Rosario Metropolitana, el Plan Urbano 2007/2017 elevado oportunamente al Concejo e innumerables instrumentos normativos que se discutieron y aprobaron en su gran mayoría. En ningún caso se actuó de manera improvisada, lo que nos ha hecho muchas veces blanco de críticas de inversores, constructores o desarrolladores”, indica el comunicado de la administración encabezada por Miguel Lifschitz.

El texto responde a la serie de sospechas levantadas sobre el futuro uso de las250 hectáreasde Nuevo Alberdi, hasta hoy un territorio clasificado como rural y no urbanizable, pero en el que se asientan familias sin título de propiedad aunque con antiguo arraigo y producciones de baja escala, junto a varios propietarios particulares y –se insinuó– operadores inmobiliarios camuflados bajo frentistas “testaferros”. Es una de las escasas áreas libres de la ciudad no consolidadas urbanísticamente, por lo que despierta interés de inversores y preocupaciones de una ONG que advierte posibles avances del “mercado” en desmedro de una planificación territorial colectiva. “La Municipalidadnunca alentó los barrios privados, por eso es la ciudad donde menos se desarrolló este tipo de urbanizaciones. La ordenanza que los permitía estaba vigente desde la década del 90 y caducó en ese aspecto con la sanción de la 8725/10 (en diciembre pasado) que apoyamos. A los pocos proyectos aprobados durante su vigencia se les exigió una gran carga de urbanización, cesión de espacios públicos, ejecución de obras, tierras y fondos para viviendas sociales, con convenios transparentes aprobados por el Concejo Municipal”, reza el comunicado con alusión a Puerto Norte, Scalabrini Ortiz y el Parque Habitacional Ludueña, entre otros.

Respecto de las denuncias de Giros,la Municipalidadrefirió que no posee otra información –más allá de la pública– sobre las actividades de la empresa Cimar, acusada por el grupo de realizar ventas fraudulentas de lotes no urbanizables en Nuevo Alberdi. Y sobre esta condición, agregó que “las normas no impiden que sus propietarios puedan disponer de las mismas, efectuar mejoras, proveerse de servicios como el gas y efectuar construcciones para vivienda”. El ítem apunta a las aseveraciones de que la empresa Egea-Era inició trabajos en ese sentido. La gestión socialista admitió que la firma solicitó un permiso para tender una red de gas natural, “que fue demorado por el faltante de documentación técnica”.

Por último, y respecto de una funcionaria y un asesor cuyo desempeño fue puesto en entredicho, el comunicado afirma: “La arquitecta Adriana Salomón se desempeña en el Servicio Público dela Vivienda, en la coordinación del Plan Rosario Hábitat, que no ha desarrollado ninguna actividad en ese sector (por Nuevo Alberdi). Como cualquier profesional que presta servicios enla Municipalidad, puede desarrollar actividades privadas siempre que no exista una incompatibilidad directa”. Sobre el otro nombre en juego, indica: “El contador público Jorge Doncel fue contratado como asesor enla Secretaríade Planeamiento desde el 1º de mayo de 2004 hasta el 30 de septiembre de 2005 exclusivamente para aportar a la elaboración del Plan de Detalle Parque Habitacional Ludueña, que no está ubicado en esta zona”, “y desde el 1º de diciembre de 2007 hasta el 31 de mayo de 2008 para cumplir igual tarea en el proyecto del Pasaje Tarrico”.

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