El 2018 será recordado como un año donde los salarios perdieron fuerte contra la inflación. El costo de vida se disparó mucho más allá de lo que arrojaron las paritarias. Pero si los asalariados perdieron poder adquisitivo, mucho más preocupante es para los sectores más postergados de la sociedad, que ven cada vez más difícil llevar un plato de comida a sus hogares. “No vamos hacia un fin de año tranquilo como dice la ministra (de Desarrollo Social nacional Carolina) Stanley. Tal vez no haya saqueos pero la gente no la está pasando bien”, expresó el dirigente de la CCC Eduardo Del Monte.
Un estudio de la Umet situó en 47,2% la inflación de los últimos doce meses para los trabajadores; el costo de vida en Rosario para una familia tipo fue cuantificado en 40.150,46 pesos por el Cesyac; en tanto este jueves fue un día de movilizaciones en toda la provincia de Santa Fe donde las organizaciones sociales reclaman declarar la emergencia alimentaria. Las postales del tercer año de gobierno de Mauricio Macri generan mucha preocupación.
Inflación de casi 50%
El costo de vida de los trabajadores asalariados sindicalizados aumentó 2,9% en noviembre y alcanzó así un alza del 47,2% en los últimos doce meses. Así lo informó el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), que analiza el impacto de la inflación en los trabajadores registrados.
“La inflación de noviembre terminó de sepultar al salario real”, dice el informe. En ese sentido, señala que el poder adquisitivo cayó un 18,1% en términos reales en lo que va de la gestión de Mauricio Macri.
“El 2018 será el año más inflacionario desde 1991, superando a 2002, 2014 y 2016”, agregó el análisis.
Nicolás Trotta, Rector de la Umet, evaluó que en la medida que la inflación vuelva a la franja del 2% mensual y los aumentos salariales se reactiven, podría verse cierta recuperación del poder de compra.
“Pero resulta muy improbable que continuando en este camino económico se retorne al poder adquisitivo de 2015 o incluso de 2017, el cual ya había sido 2% inferior al de 2015”, dijo Trotta.
Víctor Santa María, secretario de Estadísticas de la CGT, resaltó que “el salario real cayó todos los meses desde enero sin haber encontrado aún un piso y lamentablemente, en 2018 la suba de la pobreza por ingresos será la más pronunciada desde el año 2002”.
“Nuestras estimaciones arrojan que a fines de 2018 la pobreza sea entre 6 y 8 puntos porcentuales más alta que a fines de 2017.
Si bien 2014 y 2016 fueron años de deterioro de la situación social, este año la magnitud de tal empeoramiento es mayor”, concluyó el Secretario de Estadísticas de la CGT.
40 lucas para poder vivir
El informe de precios que mide el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) en Rosario arrojó una suba en noviembre de 5,63% respecto al mes anterior y consideró que una familia tipo debe obtener ingresos por 40.150,46 pesos para vivir.
En ese relevamiento, los productos de consumo masivo representan el 28% del total (11.305,28 pesos) y los servicios básicos para el hogar sumaron el 70% restante (28.845,18 pesos).
El director ejecutivo del Cesyac, Juan Marcos Aviano, expresó: “En noviembre se vieron reflejados pocos aumentos, en promedio, en el rubro alimentos que venía teniendo sostenidos incrementos mensuales. Parece ser que la devaluación y su impacto están logrando un equilibrio en el fin de año, el cual esperemos se mantenga así por muchos meses más”.
“Igualmente el aumento en alquileres es lo que ha hecho disparar la canasta en más de 5%, algo que sabíamos ocurriría porque en noviembre es cuando hacemos el ajuste anual del contrato de locación que establecemos para esta familia media, que tuvo un aumento del 30% promedio con respecto a noviembre de 2017”, agregó.
El informe que cada mes entrega el Cesyac plantea algunas diferencias en relación a los parámetros que toman las estadísticas oficiales. Y es que busca ajustarse a los consumos “típicos” de una familia clase media o media-baja local. De allí su particularidad.
Además de los gastos en alimentos, también se releva el incremento en bebidas, luz, gas natural, agua, el alquiler de una vivienda, expensas, impuestos y tasas municipales y provinciales, televisión por cable, internet, medicamentos, la cuota de un club, medicina privada, los costos de uso del transporte público y los asociados a un vehículo propio, como combustible y seguro.
Emergencia alimentaria
En tanto que este jueves un reclamo recorrió las ciudades y pueblos de la provincia: organizaciones sociales se movilizaron en reclamo de que la Legislatura santafesina trate la sanción de una emergencia social y alimentaria.
Las protestas se realizaron en Rosario, la ciudad de Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, el cordón industrial de San Lorenzo, Cañada de Gómez, Las Parejas, Carcarañá, Reconquista, San Javier, entre otras localidades santafesinas bajo la consigna: “El hambre y la represión son las dos caras de la moneda del ajuste de Macri”.
Los reclamos puntuales son tres: aumentar los fondos de la Tarjeta de Ciudadanía que entrega la provincia de 300 pesos a 2.500, solicitar que el gobernador Miguel Lifschitz habilite en sesiones extraordinarias el tratamiento de un proyecto que sancione la emergencia social y alimentaria; y rechazar la denominada Doctrina Bullrich que permite a las fuerzas de seguridad disparar por la espalda a personas que huyen aunque estén desarmadas.
“Decidimos dejar planteado el tema que no vamos a un fin de año tranquilo como dice la ministra Stanley. Será tranquilo de que no haya saqueos, que es lo que le preocupa, pero la gente no la está pasando bien. La crisis viene agravándose y mienten sobre su profundidad. He escuchado a organizaciones empresarias que dicen que esto recién empieza, no es que estamos en la mitad o el final, estamos en el fondo”, le dijo a El Ciudadano el referente de la CCC Eduardo Del Monte.
“Planteamos que habilite el gobernador la discusión de la ley de Emergencia Social y Alimentaria que planteó la diputada del Frente Social y Popular Mercedes Meier. También hay un proyecto de la diputada Patricia Chialvo. Planteamos que se unifiquen y se discuta en extraordinarias porque no podemos esperar hasta mayo”, agregó.
“Se tiene que avanzar sobre los sectores que se han enriquecido porque la provincia es el embudo de las exportaciones, acá hay mucha plata y los que más ganan son los que menos impuestos pagan. Hay que ajustar eso para abordar la pobreza”, finalizó Del Monte.
A la Legislatura
Para visibilizar el reclamo de que se trate el proyecto de ley de Emergencia Social y Alimentaria, organizaciones sociales como la CC y la CTEP, entre otras, se movilizarán este jueves a la explanada de la Legislatura provincial. Además, brindarán una conferencia de prensa con el fin de “dar a conocer los próximos pasos” para continuar con el reclamo.
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