La creación de un fondo especial que permita al Estado provincial afrontar los reclamos de aumento salarial de los empelados públicos y los docentes quedó empantanada el jueves después de que la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados emitiera un dictamen de mayoría –con las firmas del oficialismo y de los dos legisladores de extracción gremial– que no sólo no conformó a los sectores que responden a Carlos Reutemann y a Jorge Obeid –quienes vienen sosteniendo que no es necesaria la aplicación de más impuestos y, en cambio, le sugieren al gobierno que reduzca los denominados “gastos superfluos”– sino que tampoco fue visto con buenos ojos por los diputados del Frente para la Victoria y sus aliados, que con sus votos tienen la llave para destrabar el conflicto. La negociación continuará mañana en comisiones y el martes en la sesión especial convocada por la cámara. En esta nota, una radiografía del estado actual de la discusión sobre la reforma, a quién se pretende gravar con impuestos y de dónde piensan, oposición y oficialismo, obtener los recursos para lograr la paz social en la provincia.
El dictamen oficial fue avalado por José María Tessa –presidente de la comisión y autor de una de las iniciativas que propone la creación de un fondo salarial–, Darío Boscarol, Cristina Fregoni, Nidia Goncebat, Alicia Perna y Antonio Riestra –otro de los legisladores del Frente Progresista que, como Tessa, proviene de Amsafé– y por los dos diputados justicialistas vinculados a la CGT: Alberto Cejas, secretario general de la confederación en la provincia y autor de uno de los proyectos, y Silvia De Césaris, dirigente de UPCN. En cambio, votaron en contra los reutemistas Adrián Simil y Federico Reutemann y la obeidista Silvina Frana, autora de un cuarto proyecto de fondo salarial que no contempla más impuestos sino que propone un recorte en los gastos de funcionamiento del Estado. Emitido ese dictamen, las negociaciones se trabaron en la comisión de Presupuesto, de la que participa el kirchnerista Ricardo Peirone, autor de otro de los proyectos en danza.
Ingresos Brutos y moratoria
El principal motivo de conflicto sigue siendo la aplicación de Ingresos Brutos para algunas de las actividades que en la actualidad están exentas: la construcción, la industria y el campo. En el dictamen de mayoría se acordó mantener la exención para la industria siempre que la facturación anual no alcance los 30 millones de pesos. Idéntica decisión, en cuanto al monto, se tomó para las actividades primarias –agricultura y ganadería– mientras que el piso a partir del cual las empresas constructoras deberán comenzar a tributar quedó establecido en un millón de pesos. A partir de esa facturación, la construcción pagará 2,5 por ciento en concepto de Ingresos Brutos. En cambio, se determinó que la industria y el campo tributen por el mismo impuesto una alícuota de 1 por ciento.
Uno de los temas en los que el Frente Progresista debió resignar su posición inicial para lograr el apoyo del PJ es la moratoria. Inicialmente presentada por Alcides Calvo y aprobada por el Senado, fue rechazada en Diputados. Pero la presión de los distintos sectores internos de la oposición llevó al oficialismo a aceptar esa herramienta –que supone, de mínima, unos 250 millones de pesos– pese al explícito rechazo del ministro Ángel Sciara, que había declarado en su momento que la moratoria significaba un premio para los deudores y un castigo para los que cumplen. Denominado en el dictamen como “Régimen de regularización tributaria y facilidadesde pago”, abarca las deudas devengadas hasta el 31 de diciembre de 2009 y sólo excluye a aquellos contribuyentes que tengan un proceso penal abierto por delitos tributarios, a quienes hayan sido multados por defraudación en concepto de impuesto Inmobiliario y a los agentes de retención que, habiendo podido hacerlo, no efectuaron las retenciones correspondientes.
La moratoria alcanza a todos los impuestos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano, Suburbano y Rural, Sellos, Aportes Sociales Ley 5110, Contribución de Mejoras, Impuesto a las Actividades Hípicas, Patente, Tasa Retributiva de Servicios y Aportes al Instituto Becario. Quienes se acojan al beneficio tendrán que adicionar al monto del impuesto el 1 por ciento mensual de interés simple, calculado desde la fecha de vencimiento, además de las multas correspondientes. Los beneficios incluyen fuertes descuentos en caso de que el deudor cancele sus obligaciones de contado: quienes lo hagan antes del 1º de abril de este año verán reducidos los intereses en un 50 por ciento y las multas en un 70 por ciento; quienes lo hagan antes del 1º de mayo, en un 35 y un 50 por ciento respectivamente. También habrá beneficios para los que suscriban convenios de pagos de hasta 12 cuotas: se les reducirán los intereses en un 20 por ciento y las multas en un 35 por ciento. Como tope, quedó fijado en el dictamen de mayoría que ningún plan de pago podrá exceder los 36 meses.
Uno de los requisitos para que los contribuyentes con deudas puedan acceder al beneficio de la moratoria es que tengan al día los impuestos devengados a partir del 1º de enero del año en curso. Y hay otra facilidad para los morosos: todas las actuaciones y documentos o trámites relacionados con el acogimiento a la moratoria estarán exentas del pago de Tasas Retributivas de Servicios y del impuesto de Sellos. El régimen de regularización tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2010, pero el Poder Ejecutivo podrá prorrogar la fecha límite por 30 días corridos. En el dictamen también se invita a municipios y comunas a adherir a la moratoria “en todo cuanto les fuere aplicable y de su competencia, al régimen de la presente ley”.
Fondo Sojero
El oficialismo también resignó su postura original respecto del reparto del Fondo Sojero. Lo acordado en Asuntos Laborales coincide con el proyecto presentado por Tessa, aunque difiere en los porcentajes finales. Mientras los dineros que lleguen a la provincia por ese concepto sean inferiores a 557.369.000 pesos, la distribución se hará tal como se viene haciendo: 70 por ciento para la provincia y 30 por ciento para municipios y comunas. Pero una vez que el dinero remitido por la Nación supere esa barrera, la ecuación se invertirá: será el 30 por ciento para la provincia y el 70 por ciento para municipios y comunas. Tessa y el resto de los diputados oficialistas de la comisión de Asuntos Laborales habían propuesto que, en ese caso, el reparto sea 60-40 y no 70-30, pero el PJ logró arrancarle un 10 por ciento más de recursos para las ciudades y los pueblos del interior de la provincia.
Fuco y recaudación
Donde sí hubo acuerdo automático fue en la utilización del Fuco (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales): el Ejecutivo podrá utilizar el 100 por ciento de ese fondo para cubrir “necesidades transitorias del Tesoro Provincial”, pero está obligado a reponer de inmediato esos montos. Ya a fines de 2009 el Ministerio de Economía había pedido autorización a la Legislatura para poder usar esos dineros para pagar sueldos y aguinaldo; el argumento de Sciara fue que supone un préstamo a tasa cero, mucho más conveniente para las arcas públicas que salir a buscar recursos al mercado financiero donde el interés anual es del 14 o el 15 por ciento. Inicialmente, a la oposición no le convencía el uso del Fuco para pagar sueldos, pero dada la coyuntura de paros ahora cambiaron de postura y le dieron el aval al oficialismo.
También hubo acuerdo en cuanto al uso de los hipotéticos excedentes de recaudación. Si los ingresos fiscales superan la cifra estimada en el presupuesto 2010 se dará prioridad a los gastos en personal –sueldos– y por ello el dictamen propone suspender la aplicación del artículo 33 de la ley 12.510 de administración, eficiencia y control del Estado, que dispone que los excedentes se destinen a la disminución de la deuda pública y al crecimiento de la partida de rentas generales. El dictamen de mayoría también establece que el Ejecutivo provincial transferirá automáticamente a municipios y comunas, en forma excepcional y por única vez, el 50 por ciento de los montos provenientes del Fondo de Obras Menores previstos para el ejercicio 2010, que serán aplicados a gastos corrientes. El último artículo del dictamen es un guiño al reutemismo: “Requiérese al Poder Ejecutivo que ratifique su política de contención del gasto de funcionamiento de las distintas jurisdicciones prevista para el ejercicio 2010”, dice textualmente.
Hasta allí la descripción de la cuestión técnica en materia fiscal. Pero, lo que está en juego a partir de mañana en la provincia de Santa Fe es una cuestión puramente política. Los docentes y trabajadores estatales están a la espera de que sea la Legislatura la que destrabe el conflicto, aun cuando a lo largo de esta semana apuntaron sus broncas contra la Casa Gris. Una semana decisiva para resolver uno de los conflictos más importantes que le tocó enfrentar a la gestion de Hermes Binner desde su asunción.
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