Edición Impresa, Política

La guía fue, y la sospecha es

El Ministerio de Salud retiró la publicación del nuevo protocolo obligatorio para la atención de abortos no punibles en efectores públicos. Argumentaron un “error”, pero desde el propio oficialismo temen presiones.

Todo un embrollo. El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que la Guía Técnica para la Atención de los Casos de Abortos No Punibles, que la propia cartera sanitaria había publicado la víspera en su página de internet, en realidad no existe. En un confuso comunicado, se informó que se trataba sólo de un borrador subido a la web “por error”, y que el mismo no lleva la firma del titular del área, Juan Manzur, pese a que en el texto figuraba un número de resolución ministerial –con la fuerza de cumplimiento obligatorio que impone esa figura–, y la fecha en la que el funcionario lo habría puesto la rúbrica (12 de julio de 2010). La polémica gira en torno a un nuevo protocolo destinado a los profesionales de los hospitales públicos que, a diferencia del redactado en 2007 y de nuevo vigente tras la aclaración, no recomienda sino que ordena cómo se deben abordar los casos de interrupción de embarazo que, desde 1922, el Código Penal exceptúa de toda condena. Dirigentes del propio kirchnerismo dudaron de estas explicaciones oficiales sobre una “equivocación”, y en cambio deslizaron sospechas sobre la existencia de “presiones” en el origen de la marcha atrás.

En el escueto comunicado de ayer, la cartera de Salud señaló que la Guía que está en vigencia es la redactada en 2007, cuando comandaba el Ministerio el ahora embajador en Chile, Ginés González García. Respecto a ese texto, el flamante protocolo ya desactivado introducía claridad en la atención de determinados casos de aborto por parte de los efectores públicos.

En primer lugar, para el caso de una joven mayor de 14 años que solicitara la intervención por haber sufrido una violación –una de las excepciones a la penalización que contempla la ley– no exigía la presentación de la denuncia policial o judicial. En cambio, admitía como suficiente una declaración jurada de la mujer.

A esto le sumaba una aclaración trascendente: si bien admitía, como el anterior protocolo, la “objeción de conciencia” para negar la realización de la operación, aclaraba que ésta sólo podía ser personal, nunca institucional. Esto es que, si un medico plantea reparos morales o religiosos, el hospital debe garantizar otro que lo suplante.

Sin embargo, la diferencia más relevante es que “la Guía que no fue” tenía el peso de una resolución ministerial, con lo que trascendía la mera recomendación para transformarse en obligatoria. La intención, según señalaron fuentes del Ministerio antes de la marcha atrás, era evitar judicializaciones de los pedidos de abortos no punibles que en ocasiones resultaron fatales para la mujer. Un caso así ocurrió en la ciudad de Santa Fe a principios de 2007, cuando a Ana María Acevedo los médicos del Hospital Iturraspe le negaron –por razones morales y religiosas– el aborto terapéutico necesario para iniciarle el tratamiento oncológico que podría haberle salvado la vida. La joven, finalmente, falleció a causa del cáncer en el maxilar que no fue tratado.

Tras retirar el nuevo texto de internet, desde el Ministerio de Salud explicaron que la resolución “existió como proyecto”, pero “nunca fue firmada por el ministro”. Y agregaron que la publicación fue un “error” de la directora del Programa Nacional de Salud Sexual de la cartera, Paula Ferro. La funcionaria, horas antes, había declarado que “lo novedoso” era que la guía, actualizada respecto a la de 2007, “se publicó como resolución ministerial”.

“La verdad, no se qué fue lo que ocurrió. Celebro la publicación de la guía, se trata de una política pública y tiene fuerza en ese sentido”, lamentó la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, quien admitió no conocer por qué Manzur no terminó de legitimar el protocolo. “Es un bochorno. El haber dado un salto adelante con esta guía y borrarlo es lamentable, y vuelve a poner al debate en mal lugar”, manifestó por su parte la diputada Cecilia Merchán, de Libres del Sur. Ambas legisladoras, junto a 36 pares, presentaron un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo que está en manos de las comisiones de Legislación Penal, Salud y Familia de la Cámara baja.

Tras la promulgación de la ley que quita restricciones de orientación sexual al matrimonio civil, un tema que enfrentó a la Iglesia católica y otros cultos con el gobierno, quedó así instalada la sospecha de una “contraorden” de la Casa Rosada para no alimentar el distanciamiento. “Claramente hubo presiones por las repercusiones que generó. No se animaron a terminar de dar el debate”, se quejó Merchán. Y agregó que “es una pena, porque Manzur le podría haber dado la fuerza necesaria y así queda como una recomendación”.

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