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Entuerto institucional

Fiscal de Reconquista dijo que Corrientes “protegía” a narcos

Así lo sostuvo Viviana Bruno Campaña tras el escándalo que se desató anteayer en la localidad de Goya, donde se vivieron momentos de extrema tensión entre uniformados santafesinos y sus pares de otro distrito.


El operativo antinarcóticos que anteayer puso en jaque a los gobiernos de Santa Fe y Corrientes continuó ayer con acusaciones cruzadas. Por un lado, la escandalosa detención en Goya de José Moyano, jefe de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones santafesina, fue cuestionada por la fiscal federal de Reconquista, quien acusó a la Policía correntina de brindar “protección” a uno de los presuntos narcos detenidos, postura que también fue avalada por el gabinete de Miguel Lifschitz, que justificó el hermetismo con el que se desarrollaron los allanamientos y la legalidad de la selección de testigos. Desde la vereda de enfrente, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, aclaró que no cuestiona la decisión de la Justicia federal sino la metodología con la que uniformados santafesinos “levantaron” a 16 testigos a unos 200 kilómetros del lugar de procedimientos sin dar aviso a las autoridades locales.

“Ciudades hermanas” es el nombre de la investigación que lleva adelante el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde y la fiscal Viviana Bruno Campaña desde hace un año y dos meses. El martes pasado, en su primera fase operativa, cuatro personas fueron detenidas a bordo de una lancha que llegaba de Corrientes por el río Paraná con 40 kilogramos de marihuana. Un día después se ordenaron 15 allanamientos más en las ciudades de Goya y Reconquista donde fueron detenidas otras diez personas, entre ellas Javier “Cabeza” López, sindicado en esa causa como el principal proveedor fluvial de cocaína y marihuana entre ambas provincias.

Este último operativo, que fue comandado por el jefe antinarcóticos de Santa Fe, José Moyano, tuvo un desenlace escandaloso y con momentos de extrema tensión entre uniformados de ambas provincias, escena que completó la presencia del gobernador Colombi y dos fiscales con jurisdicción en Goya que se llevaron detenido a Moyano por presuntas irregularidades en el levantamiento de 16 testigos, todos jóvenes que fueron trasladados unos 200 kilómetros, desde la capital de Corrientes hasta Goya, para presenciar los allanamientos.

Esa situación derivó en que los padres de los jóvenes presenten habeas corpus por privación ilegítima de la libertad, delito que se le imputó a Moyano, quien estuvo siete horas apresado.

Ayer, tanto el ministro de seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como el gobernador Miguel Lifschitz, defendieron a rajatabla el operativo antidroga realizado en Corrientes que tildaron de “exitoso”. Pullaro reveló que en medio de la tensa situación que se vivió en Goya, Colombi se comunicó con él para cuestionarle que no les avisaron que iban a realizar los operativos. Pero el ministro se justificó: “Si cada vez que hacemos un allanamiento tenemos que avisar a dónde vamos a allanar eso se puede filtrar y bajo ningún concepto queremos que esto pueda fracasar”.

A su turno, Lifschitz dijo en declaraciones radiales que “el gobierno y la Policía de Corrientes se enojaron porque no tenían información previa” pero aclaró que “es lo que suele ocurrir antes de dar un golpe a los narcos”. En ese sentido fue claro: “Les recuerdo que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el país”, dijo tras tildar el accionar como “habitual y normal”.

“Cabeza” López

Pero las declaraciones más comprometidas fueron la de la fiscal federal de Reconquista Viviana Bruno Campaña quien directamente acusó a la Policía correntina de tener connivencia con el narcotráfico. De esa manera se refirió a Javier “Cabeza” López, a quien definió como un conocido criador de caballos, dueño de un stud en la ciudad de Goya y con “gran poder económico y mucho contacto”. Según la fiscal, el presunto narcotraficante armó un negocio de cocaína y marihuana a gran escala con logística fluvial y droga traída de Paraguay.

Bruno Campaña dijo que López ya había sido identificado, en investigaciones anteriores, como el proveedor más importante de Reconquista, San Javier, Vera y el norte de Santa Fe y que en 2013 ya había sido allanado por la Policía Federal pero no le encontraron nada “porque obviamente le habían avisado y se limpió de todo”.

Así, la fiscal defendió el hermético operativo de anteayer en el que no se le dio aviso a la Policía local. “Había cierta connivencia” entre los uniformados correntinos y López, aseguró la funcionaria tras aclarar que eso surge de la propia investigación pero que no puede adelantar mucho más. Además destacó que también se logró detener a su principal cómplice, de apellido Ramírez, en los allanamientos del miércoles.

“Nosotros no estamos metidos en la droga”, respondió el gobernador Colombi quien dijo que “esos rumores fueron plantados por la provincia de Santa Fe”. En la misma línea se expresó su ministro de Seguridad, Horacio Ortega, quien aseguró que “Corrientes no protege narcos” sino que “desaprueban la manera en que se procedió sin notificar a las autoridades provinciales, y que el exhorto al juez federal de Corrientes, Soto Dávila, lo presentaron “recién a las 9 de la mañana”, siendo que los policías santafesinos estaban actuando en Corrientes desde las 5”. Para Ortega no se trata de una cuestión de conservar el sigilo, sino de cumplir con lo que dice la ley, lo que señala el código de procedimientos de la Nación, lo que asegura “se incumplió”.

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