La familia del fotógrafo asesinado José Luis Cabezas reclamó que uno de los homicidas condenados y beneficiado con la libertad condicional, el ex policía Gustavo Prellezo, no ejerza como abogado matriculado hasta que cumpla la totalidad de la sentencia, a fines de 2021.
Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico de la revista Noticias, explicó a Télam que hasta la fecha el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), presidido por Eduardo Awad, no se expidió sobre su reclamo para retirarle la matrícula a Prellezo (58) “hasta que cumpla con la condena de la justicia”.
El 26 de diciembre, la familia, a través de su abogado Alejandro Vecchi, le envió una carta documento al presidente Awad para notificarlo de esta situación y que se expida sobre la cuestión, más allá de la resolución que aun tramita en el Tribunal de Disciplina del CPACF.
Un mes antes, Gladys y su abogado ya habían tenido una audiencia ante dicho tribunal, pero nunca se les dio una respuesta a su reclamo.
Según la carta enviada a Awad, a la que accedió Télam, Prellezo ejerce como abogado matriculado desde el 22 de agosto de 2018, aunque se encuentra bajo el régimen de libertad condicional hasta el 21 de diciembre de 2021, cuando se dará por cumplida la pena por completo.
Por ello, la familia de Cabezas notificó en febrero de 2019 al Colegio que Prellezo aún se encontraba con condena firme y por este motivo no debería estar habilitado para ejercer.
En la carta, apuntaron directamente contra Awad por considerar que él le otorgó la matrícula “irregularmente” a una persona con condena firme “sin haberse verificado estos extremos en tiempo y forma y a pesar de tener todos los medios a su disposición para hacerlo”.
Y si bien reconocieron que el Colegio no fue notificado desde el tribunal que emitió la condena, sí lo fue por la propia familia Cabezas.
“Esa sola circunstancia lo obligaba a extremar los recaudos de pedir información antes de otorgar esa matrícula”, sostuvo la carta en la que también cuestionó la intervención del Tribunal de Disciplina como una medida “extemporánea” cuando la intervención debió haber sido con “anterioridad” no con “posterioridad” a otorgarle la matrícula.
En la carta, se señaló a Awad como “responsable”, ya que “debió actuar con premura, con urgencia, sin dubitaciones, disponiendo como mínimo la ‘suspensión’ inmediata y preventiva, a mérito de no incurrir en delito doloso de permitir intencionalmente, a sabiendas, que alguien condenado con condena incumplida ejerza la profesión de abogado violando explícitamente lo dispuesto en los tipos del Código Penal que reprimen la usurpación de títulos y honores”.
A su vez, en la misiva recordaron que la audiencia ante el Tribunal de Disciplina se explicó que Awad había sido “debidamente informado, incluso a través del ex presidente (Jorge) Rizzo” de que Prellezo “había ‘truchado’ un certificado de antecedentes, o en todo caso hizo uso de una información a sabiendas que era falsa, para engañar al Colegio de Abogados de Quilmes”.
De hecho, ese colegio bonaerense, en marzo de 2017, un mes después de habérsela otorgado, le retiró la matrícula al ex policía.
La familia notificó a Awad que si no obtiene una respuesta sobre su reclamo interpondrán una denuncia penal “por daños y perjuicios y daño moral”.
Mientras tanto, hasta hoy en el padrón web del CPACF “Prellezo Gustavo Daniel” figuraba habilitado en el “Tomo 132” y “Folio 582”.
El homicidio de Cabezas fue cometido el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.
Para la Justicia, la víctima fue capturada por la llamada “Banda de Los Horneros” en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba para trabajar.
La Justicia determinó que el empresario Alfredo Yabrán fue el autor intelectual “mediato” del crimen de Cabezas, ya que casi un año antes el reportero le había tomado una foto en la playa, y su jefe de custodia, el ex sargento del Ejército, Gregorio Ríos, el autor “inmediato”.
En ese juicio, Prellezo fue condenado a prisión perpetua como “autor material”.
En los últimos años, todos los condenados fueron recuperando la libertad y en 2010, a Prellezo le otorgaron la prisión domiciliaria por problemas de salud.
El 8 de enero de 2017, el ex policía salió en libertad condicional por decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores.
Cimbronazo político en los gobiernos de Menen y Duhalde
El asesinato de José Luis Cabezas, perpetrado el 25 de enero de 1997, provocó un cimbronazo político en los gobiernos de los entonces presidente Carlos Menem y del gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, quien advirtió en aquel momento que le “tiraron un muerto” y reveló vínculos entre la política, empresarios y la policía.
El homicidio fue cometido en tiempos en que Duhalde, en representación del Partido Justicialista, buscaba suceder a Menem, quien ejercía su segundo mandato y buscaba un tercero.
“Me tiraron un muerto”, reportaron los medios de la época que Duhalde le había dicho a sus allegados, al enterarse del hallazgo del cuerpo del fotógrafo de la revista Noticias calcinado dentro de un automóvil, con las manos esposadas en la espalda y dos tiros en la cabeza, en las afueras de Pinamar.
En ese balneario, Cabezas había logrado fotografiar al empresario Alfredo Yabrán.
La noticia del homicidio -ocurrido en el balneario elegido por empresarios y políticos para veranear durante la década del ’90- le llegó a Duhalde cuando se disponía a salir de pesca.
Al día siguiente de haberse conocido la noticia, Menem opinó que no creía que el hecho tuviera connotaciones políticas, mientras que el gobernador ofreció una recompensa para quien aportara datos que permitieran resolver el caso.
Duhalde, que había dicho que la bonaerense era “la mejor policía”, inició una investigación en la fuerza de seguridad, pidió ayuda al FBI, ofreció indultos a quienes hubieran participado en forma secundaria en el crimen a cambio de datos y afirmó entonces: “En esto me va la vida”.
El PJ, la UCR y el Frepaso crearon una comisión para seguir la información y en el Congreso funcionó una bicameral como apoyo de la investigación judicial del asesinato del reportero gráfico.
El entonces ministro del Interior, Carlos Corach, buscó desmentir que el menemismo intentara trabar la candidatura del gobernador a la Casa de Gobierno con el caso, al afirmar el 3 de febrero tras un informe en el Congreso que “no” le tiraron “el fardo a Duhalde”, en alusión a la pelea entre la Nación y la provincia sobre el control de la pesquisa.
La disputa política entre el presidente y el gobernador se fue profundizando con el avance de la investigación a raíz de las diferencias que mantenían respecto del empresario Yabrán, a quien el ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado en 1996 de “liderar una mafia enquistada en el poder”, durante una maratónica exposición ante la Cámara de Diputados.
Mientras Duhalde consideraba que Yabrán era “sospechoso” del crimen de Cabezas, Menem sostenía que el hombre que visitaba con frecuencia la Casa Rosada era “sólo un empresario más”.
Cincuenta días después del asesinato, el gobernador dijo que la policía daba miedo en lugar de seguridad e hizo la primera de una serie de purgas en la fuerza de seguridad, exonerando a 150 efectivos.
La investigación determinó posteriormente la responsabilidad de jefes policiales en el homicidio y sus vínculos con el encargado de la custodia del empresario.
Cinco meses después del crimen renunció el ministro de Justicia Elías Jassan, al descubrirse que había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, sospechado de haber actuado como el instigador del homicidio.
Jassán, según se reportó entonces en medios periodísticos, había sido vicepresidente de una empresa ligada a Yabrán y le otorgó el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo a la compañía de correos OCA, también mencionada como propiedad del empresario.
El funcionario había declarado: “No tengo ni he tenido relación alguna con el señor Yabrán”, en alusión al empresario que se suicidó en mayo de 1998 cinco días después de que el juez a cargo de la investigación, José Luis Macchi, librara una orden de captura en su contra
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