Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Con el propósito de reactivar la actividad económica, seriamente afectada por las medidas de aislamiento destinadas a contener la pandemia, el gobierno nacional está implementando un conjunto de medidas orientadas a sostener el nivel de ingresos de la población más vulnerable, procurando así reactivar la demanda agregada por la vía del consumo.
Entre las medidas más salientes se encuentra el otorgamiento de subsidios directos y asignaciones de recursos específicas para los sectores de ingreso más bajo del país. Adicionalmente se han postergado vencimientos de impuestos y suspendido las ejecuciones; se han creado programas de créditos especiales para consumo, vivienda, y la asistencia financiera y el apoyo fiscal a micro, pequeñas y medianas empresas.
No hay dudas de que en estas circunstancias el impulso a la demanda es necesario, así como también lo es ayudar a las personas a sostener un nivel de consumo básico y de subsistencia. Pero la pregunta que surge es si esto resulta suficiente para contener una crisis cuyo fondo todavía se desconoce y que seguramente afectará a un mayor número de personas, amenazando seriamente también a los sectores de ingreso medio.
Con el mercado de crédito cerrado, el gobierno recurrió a la emisión monetaria para financiar estas medidas, en un contexto recesivo y tan excepcional que hasta los economistas más ortodoxos reconocieron la necesidad de recurrir a esta fuente de financiamiento. Las estadísticas del Banco Central reflejan un incremento considerable de la base monetaria; los primeros datos relativos al mes de marzo marcaron un récord en la creación de dinero. Entre el último día de febrero y el 27 de marzo, el crecimiento de la base monetaria se acercó a los 500.000 millones pesos, pasando de 1.716.134 millones de pesos a 2.214.596 millones de pesos.
Este fuerte incremento en la base monetaria se explica por compras de divisas del BCRA, operaciones con el Tesoro Nacional y con los bancos comerciales. Las variaciones acumuladas reflejaron que, en los primeros 27 días de marzo, se “liberaron” $4.661 millones por compra neta de divisas, $181.690 millones por operaciones con el Tesoro, $311.546 millones por transacciones entre Leliq, pases e intereses, y el resto por operaciones varias del Banco Central.
Es importante destacar que ese aumento de la base monetaria todavía no se encuentra en manos del público o en depósitos en las entidades financieras disponibles para consumo, ya que al momento, más del 62% de la misma se encuentra depositada en la cuenta corriente de las entidades financieras en el Banco Central. Esto indica que, exceptuando el dinero que fue destinado para financiar los gastos del Tesoro Nacional (para las políticas de ingreso antes mencionadas), el grueso de la emisión monetaria será aplicado a través de las entidades bancarias del sistema financiero argentino en base a los criterios y reglas que establece la normativa vigente.
El Banco Central de la República Argentina tiene algunas herramientas que podría utilizar en caso de que quisiera direccionar una parte del crédito según criterios políticos (por ejemplo desarrollo industrial específico, fabricación de medicamentos e insumos médicos, etcétera). Pero en última instancia los bancos tienen libertad para prestar según un criterio especulativo el dinero proveniente del ahorro del conjunto de los argentinos que no integra los encajes (o garantías de depósitos). Esto es así gracias a la Reforma Financiera ilegítimamente implementada en el año 1977, bajo el gobierno de facto surgido a partir del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Esa reforma se propuso eliminar un modelo de administración y gestión del ahorro nacional orientado al interés nacional. Durante el tercer gobierno democrático de Juan Perón, y posteriormente de su sucesora, María Estela Martínez de Perón, el sistema financiero estaba centralizado, siendo el Banco Central de la República Argentina el que direccionaba el crédito hacia aquellas actividades que se priorizaban en el Plan Trienal (último antecedente de planificación integral del país en base a un modelo de desarrollo nacional, industrial y soberano), cuya implementación se llevaría a cabo mediante una amplia variedad de leyes que tenían que ser aprobadas por el Congreso de la Nación.
El desarrollo de varios programas de créditos para profesionales, para la construcción de viviendas, el impulso de actividades industriales, comerciales y empresarias, entre tantos otros programas de fomento y desarrollo productivo e industrial se podía desarrollar gracias al control directo que el Estado tenía sobre la creación secundaria de dinero, es decir, sobre el uso del ahorro nacional. De esa forma, y en complemento a las políticas de ingreso e impulso a la demanda agregada, la oferta agregada era promovida con un criterio predefinido para satisfacer las necesidades de los argentinos y los requerimientos de una estrategia de desarrollo nacional.
Pero desde aquella nefasta modificación de 1977, el ahorro nacional ha quedado en manos de unas pocas personas, que han acumulado un poder de tal magnitud que ningún gobierno, desde la vuelta de la democracia a hoy, ha podido revertir esa situación, quedando, por acción u omisión, a merced de la voluntad de las corporaciones financieras.
Las circunstancias actuales exigen medidas de fondo. Todo indica que no se podrá salir de esta crisis solamente incentivando la demanda, porque la Argentina arrastra desde hace cuatro décadas con un problema económico estructural, provocado por la aplicación caprichosa e interesada de un modelo insustentable aperturista, primarizado y dependiente de las finanzas internacionales.
Por eso, luego de estas primeras medidas económicas orientadas a recuperar el ingreso de los argentinos, se presenta la necesidad de reorientar y recomponer la oferta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas y elementales de todos los argentinos. Eso se puede lograr mediante la planificación y ejecución de un modelo de desarrollo que comience por cambiar radicalmente el orden de prioridades en la asignación de recursos. Para ello, la administración del ahorro nacional resulta en elemento fundamental.
Aunque las formas y los medios puedan ser otros, los antecedentes históricos son claros y marcan el rumbo. Sólo resta la decisión política de la dirigencia y un pueblo organizado que sea consciente del desafío que significa ser artífice de su propio destino.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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