Santa Fe vive por estas horas un momento grave. El término no es exagerado. Las lluvias caídas durante diecinueve días de manera ininterrumpida equivalen, en muchos departamentos, al milimetraje que suele caer durante un año normal.
Este fenómeno, que algunos anticipan como la despedida de El Niño, se sumó a la crecida simultánea de los ríos Paraná y Salado; una tormenta fenomenal que dejó prácticamente sin energía eléctrica a la ciudadanía durante tres días en febrero, dificultades económicas estructurales de muchos sectores de la producción que llevaban pérdidas de arrastre y, por si hiciera falta, a un conjunto de medidas adoptadas por la gestión central nacional, que contribuyeron a desatar lo que algunos se animan a calificar como “la tormenta perfecta”.
Mientras los medios nacionales siguen inspirados en la necesidad de imágenes morbosas, la situación de la provincia pasó casi desapercibida. Los evacuados no representan un número significativo –menos de 2.000 desde diciembre hasta hoy– y la asistencia del Estado provincial a los mismos fue de una efectividad que resulta raro escuchar quejas de los afectados. Por dos motivos: primero porque la provincia aprendió de la experiencia y los mecanismos de asistencia son rápidos y efectivos; y en segundo lugar porque las obras de infraestructura que se vienen desarrollando en la última década han protegido a zonas históricamente vulnerables, ya sea con defensas o con mecanismos de bombeo que permite desagotar los cascos urbanos con cierta rapidez.
El gobernador Lifschitz fue gráfico: “Algunos creen que tenemos un problema de asistencia a los inundados y no. No necesitamos pañales, colchones, ni frazadas. El gobierno provincial tiene recursos para afrontar esa situación y lo está haciendo. El problema es mucho más grave, las consecuencias son mucho más graves, y tienen que ver con el corazón productivo de la provincia, y en Buenos Aires no parecen haberse enterado todavía”.
Curiosamente esta eficiencia del Estado se vuelve en contra del necesario “llamado de atención” a la gestión nacional que parece estar esperando una señal de los medios para reaccionar.
La única visita que realizó el presidente Macri a las cercanías de las zonas afectadas fue a la capital de la provincia de Entre Ríos, lo que le permitió sobrevolar algunas zonas del territorio santafesino, dejando una lacónica conclusión: “Habrá que declarar zona de desastre a la zona”, sin que desde entonces se haya tomado una sola medida al respecto.
Santa Fe tiene declarados a 18 de sus 19 departamentos en emergencia. Las consecuencias económicas aún no han podido ser evaluadas con precisión, pero el ministro de la Producción en los informes que elaboró tanto para el Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe, como para la reunión que el gobernador mantuvo con legisladores provinciales de todos los partidos, fue lapidario: “Tenemos al 80 % de la cuenca lechera anegada, hemos perdido entre el 50 y el 60% de la producción de leche, que representa para ellos una pérdida de casi 15 millones de pesos por día; la lluvia interrumpió la cosecha de soja, la gruesa, y si bien no está estimada aún la pérdida, muchos productores dicen que no se podrá salvar mucho más que el 20% de lo sembrado. Que traducido a números podrían representar pérdidas de 30 mil millones de pesos”.
“Tenemos en crisis mortal a la producción arrocera, a las actividades ictícolas, de apicultura, de caña de azúcar y cada una de las pequeñas producciones regionales prácticamente paralizadas. Y a eso hay que agregarle los problemas económicos que venían sufriendo como consecuencia de la inflación y los ajustes: todo eso se derrama en parálisis. Es alarmante la caída del consumo, y por ende la parálisis del comercio y también de la industria. Sólo para dar un ejemplo teníamos una enorme expectativa en torno de la actividad de la maquinaria agrícola que podía movilizarse con la cosecha, pero ya sabemos lo que ocurrió”. Y agregó: “A eso hay que sumarle el brutal aumento de los costos energéticos, de entre un 700 y un 1.000 por ciento que produjo la decisión nacional, y las altísimas tasas de interés que lejos de favorecer a la producción, invitan a los que poseen capitales a volver a la actividad financiera, en lugar de invertir en producción”.
Contigiani describe la situación y en la angustia del relato sereno, reclama: “Hasta hoy, ni el Estado santafesino, ni los productores santafesinos hemos recibido ayuda alguna del Estado nacional”.
El gobierno no tomó conciencia de lo que nos ocurre y necesitamos con urgencia respuestas.
Los productores necesitan ya mismo ayuda financiera del Banco Nación. Nosotros hemos generado pequeñas líneas a través de una licitación que ganó el Banco de Santa Fe y a tasas bajas, contracíclicas, pero no alcanza.
Necesitamos con urgencia que se abran líneas de créditos ágiles, a baja tasa y con al menos un año de gracia, para que los productores al menos recuperen pérdidas.
Necesitamos que la Nación entienda que a estos costos energéticos no podemos subsidiarlos desde el Estado provincial, y que deben tomar con urgencia medidas en ese sentido. El gobernador ya pidió hace veinte días, antes de la lluvia, al ministro Aranguren alguna solución, y no hemos recibido ninguna respuesta.
El gobernador convocó en su condición de presidente pro tempore de la Región Centro a sus pares de Córdoba y Entre Ríos, que sufren consecuencias parecidas a consecuencia de las lluvias. El jefe de gabinete nacional, Marcos Peña, prometió darles una cita con el presidente en las próximas horas y atenderlos.
El clima es tenso. Sólo a Santa Fe llegaron apenas 25 millones de pesos, mientras el Estado provincial ya lleva gastados más de 200 millones para paliar consecuencias. Córdoba y Entre Ríos recibieron atenciones parecidas.
Es imprescindible que Macri y sus aliados salgan de la burbuja macroeconómica, que bajen a tierra y comprendan que no habrá solución posible a los problemas acumulados, sin decisiones proactivas y de impacto inmediato.
La serena y mágica idea de que “una vez que acabe el primer semestre” las cosas volverán a la normalidad, como consecuencia de la ayuda internacional que se prevé llegará tras acordar con los houldouts, puede convertirse en una trampa mortal para la región que genera el 30% del PBI nacional.
Si, por el contrario, el gobierno cree que las soluciones llegarán con el tiempo –al decir de la vicepresidenta a “uno, dos o cinco años”– estamos en la puerta de una crisis gravísima que puede traer consecuencias difíciles de prever, pero fáciles de advertir: pérdida de empleos, corte de la cadena de pagos, caída de la recaudación, y un nuevo envión hacia la recesión, que parece haber sido el camino elegido por los economistas de Macri para “resolver los problemas del país”.
A la emergencia hídrica, Santa Fe debe agregarle otra emergencia, que no es propia, sino extraña: la emergencia política. La de un gobierno nacional que en 4 meses aún no ha dado señales de saber muy bien hacia dónde va, más allá de los ajustes.
Ex vicegobernador de Santa Fe, actual diputado provincial Neo-UCR-Frente Progresista.
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