Las instituciones del nivel superior terciario forman recursos humanos para el mundo del trabajo. Muchas escuelas sostienen un compromiso asociativo con el entorno productivo, con el fin de que sus alumnos se inserten en el mundo laboral a través de pasantías y prácticas profesionalizantes.
La relación entre educación y trabajo tuvo un importante desarrollo a partir de la década del 40 con las llamadas escuelas industriales, las que luego fueron arrasadas por las políticas neoliberales de la década del 90, hasta recuperarse en los últimos años. Estas acciones educativo-productivas, que algunas escuelas secundarias conocieron de cerca, tardaron un poco más en llegar al nivel superior.
En este sentido, la relación con el mundo laboral no fue una tarea sencilla para estas instituciones, que en su origen no han sido formuladas para la tarea de gestión que implica el contacto con la comunidad a través del trabajo. Durante mucho tiempo, la educación superior, si bien formaba para la salida profesional, entendió que el trabajo era un problema que el alumno debía enfrentar recién al finalizar su carrera.
La pedagoga Inés Dussel sostiene: “La escuela común que se organiza en el siglo XIX, la que hoy conocemos, no consideró que este tipo de saberes para el trabajo eran importantes. Sí era fundamental disciplinar a los futuros trabajadores, enseñarles el valor de la organización del tiempo y de la obediencia para que fueran sujetos productivos; pero en los conocimientos básicos que debían tener los ciudadanos, los saberes del mundo del trabajo ocupaban un lugar marginal tanto en el tiempo dedicado como en su consideración respecto a los saberes académicos”.
Si bien la cita está referida a escuelas secundarias, bien podría asimilarse con la educación superior.
Esta perspectiva está cambiando en los últimos años, en parte impulsada por los nuevos diseños curriculares que comenzaron a exigir un 10 por ciento de prácticas profesionalizantes desde el segundo año de las carreras de técnico profesional. Esta posición estimuló a las instituciones a planificar su oferta académica en vinculación con el trabajo.
El diseño de una política de acercamiento con la comunidad para el trabajo requiere de profesionales con experticias que en principio no están en las instituciones. Esta tarea ha sido realizada históricamente por el equipo directivo, pero la complejidad con la que hoy se mueven las asociaciones de la sociedad civil y el propio Estado requiere de profesionales capacitados en esa perspectiva científico pedagógica.
En este sentido, los nuevos reglamentos de prácticas profesionalizantes crean la figura del referente institucional de la práctica profesional y del tutor u orientador, que junto al docente de residencia son los encargados de diseñar un proyecto pedagógico en el que gestionen: “Dispositivos para la apertura real de espacios que favorezcan prácticas profesionalizantes y habilitantes de experiencias en situaciones de trabajo”.
El supervisor de educación superior Ricardo Rambaudi sostiene en su informe “La territorialidad como unidad de intervención con la microrregión” la necesidad de que los institutos de educación superior se involucren en el desarrollo local de la comunidad en que se insertan, considerando el concepto de comunidad, como el municipio, o de la microrregión.
“Lo que más nos cuesta en algunas instituciones –dice el licenciado Rambaudi– es salirnos del marco teórico e ingresar, a través de los proyectos, al mundo socio-productivo, abordando componentes que vinculen a la institución con la territorialidad o el desarrollo local”. Y agrega que para involucrar la oferta educativa técnica del nivel superior al mundo laboral es necesario contar con algunas herramientas como la capacitación técnica específica en gestión, la asistencia para la formulación de proyectos, el apoyo comercial facilitando encuentros entre productores y compradores, y la asociatividad a través de acciones conjuntas de comercialización.
Agrega que para que esta intervención sea factible –y muchas veces financiable– es necesario tener en cuenta lo que un programa para el fortalecimiento del desarrollo local debe considerar en su estrategia. Entre esas cosas, la base institucional de la Municipalidad o de los municipios de la microrregión que permitan actuar como contraparte del proyecto institucional; los resultados en cuanto a la capacidad para hacer tangible el proyecto; los recursos, como gestión de los mismos; la posibilidad de los institutos en participaciones anteriores de este tipo y el potencial para trabajar de manera mancomunada.
La perspectiva de lo público y lo privado, desde el punto de vista laboral, implica una mirada política asociada con una concepción socioproductiva que varía según los casos. Algunos entienden que es hacia el sector económico privado, donde los institutos de educación técnico profesional tienen que orientar sus esfuerzos; otros incorporan al Estado y organizaciones de la sociedad civil, como ONG, cooperativas, mutuales, gremios, etcétera, como espacios de trabajo para los cuales la educación terciaria también tiene que formar. La visión de esta corriente es que además de fomentar proyectos de cooperación académica, científica y de prácticas profesionalizantes, las instituciones, principalmente las públicas, deben vincularse desde la solidaridad y el compromiso social.
En este sentido, el informe de Rambaudi avanza sobre los marcos de cooperación. “La concepción de lo socioproductivo pone en juego en nuestras instituciones principios infaltables en ellas, como el asociativismo, la contribución a una distribución más equitativa del ingreso desde una perspectiva territorial y una mejora en los aumentos en los ingresos de los sectores pobres, ya sea por aumento del ingreso o por disminución del egreso”, explica. Esta definición, que toma aportes del licenciado Claudio Lesnichevsky, eleva la vinculación de las instituciones con el sector productivo a mucho más que una relación laboral: es también una manera de influir en aspectos fundamentales de la dignidad del trabajador.
La educación y el mundo del trabajo también entran en tensión cuando se pretende definir conceptualmente a quién corresponde fijar las líneas orientativas de las prácticas profesionalizantes. El debate es si formar profesionales según las demandas del mercado, o en función de los objetivos y misiones institucionales, que en muchos casos están orientadas a entender la producción de bienes y servicios desde perspectivas sociales y comunitarias más que productivistas.
El planteo no es menor: la educación es, además de conocimientos, trasmisión de valores que atraviesan los contenidos curriculares para formar un sujeto responsable y comprometido con su entorno cultural, social y comunitario. La educación cumple funciones sociales que no pueden quedar reducidas a las de un proveedor de los requerimientos del mercado laboral. Enseñar acerca del mundo del trabajo y sus implicancias sociales y comunitarias es también un posicionamiento ético sobre el significado de trabajo y su calidad.
En este sentido, no hay que perder de vista que si bien la educación superior debe formar para el mundo laboral, eso es mucho más que instruir para un puesto de trabajo. El sociólogo Emilio Tenti Fanfani sostiene: “Pensar la apropiación del saber en función de una racionalidad únicamente concentrada en el empleo y el ingreso material supone desconocer las otras ventajas y valores asociados a la posesión de este recurso tan estratégico”.
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