Por Stella Juste
El reconocimiento constitucional de facultades para accionar en la esfera internacional empoderó a las unidades subestatales de los Estados (provincias, departamentos, regiones, etc.) para desplegar gestiones fuera de las fronteras estatales.
En América Latina, este cambio cobró relevancia para las unidades subestatales situadas en la periferia de los Estados, alejadas de los centros de distribución y consumo, y con economías poco diversificadas, que se vieron condicionadas a una situación de doble periferia. A su vez, esta doble periferia genera una doble dependencia respecto del centro globalizador internacional y del Estado periférico, que reproduce esa relación de dominación en su interior.
La provincia de Jujuy en Argentina, el departamento de Tarija en Bolivia y la región de Tarapacá en Chile son unidades subestatales de doble periferia (USDPs). Es decir, unidades insertas en la periferia de un Estado, el cual se encuentra, a su vez, en la periferia del sistema internacional. Estas unidades, con sus respectivas particularidades, emergen como zonas económicas y/o políticamente rezagadas, de economías poco desarrolladas y liderazgos tenues que no han sabido negociar los intereses subestatales en la agenda estatal.
En este contexto, las USDPs emplean la gestión transnacional como mecanismo para contrarrestar la doble dependencia y alcanzar sus objetivos de desarrollo. La gestión transnacional es una acción política subestatal expresada hacia dos planos: estatal e internacional. Este accionar ha predominado a partir de las reformas constitucionales que reconocen la capacidad de actuación internacional de las unidades subestatales en Argentina, Bolivia y Chile.
El reconocimiento constitucional de estas facultades favoreció el vínculo de las unidades con sus pares en otros países, encontrando similares necesidades y motivaciones para generar un espacio regional transfronterizo con intereses comunes. En consecuencia, a través de la gestión transnacional, las unidades de los tres países se vincularon entre sí, creando intereses supranacionales que emplean en la relación con sus propios Estados para reposicionar sus objetivos de desarrollo en la agenda estatal.
Para estas unidades, la infraestructura de conexión guarda íntima relación con el objetivo de integrarse en espacios regionales capaces de crear nuevos canales para el flujo de bienes, servicios y personas, reduciendo costos ocasionados por la distancia de los canales tradicionales. Por esto, Jujuy, Tarija y Tarapacá han apostado a la promoción de los Corredores Bioceánicos, conectado puntos estratégicos que vinculen al océano Pacífico y Atlántico. El resultado de ello es un mapa virtual que posibilita un nuevo escenario de inserción para las USDPs, en donde la mirada no se dirige hacia las unidades subestatales del centro de los Estados, sino en sentido horizontal hacia las USDPs que lo componen. Este trabajo implica la coordinación entre el Estado y las USDPs en instancias como los Comités de Integración Fronteriza, o en programas regionales como la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” (IIRSA).
Otro espacio conjunto de actuación de Jujuy, Tarija y Tarapacá es la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur): un proceso de integración subregional que nuclea a unidades subestatales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile Paraguay y Perú. La Zicosur ha contribuido a crear un espacio transfronterizo en torno a cuatro factores. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de compartir una inserción doblemente periférica que condiciona sus expectativas de desarrollo. El segundo se vincula a las expectativas de las unidades de apostar y compartir las inversiones iniciales y costos en actividades de interés común (infraestructura, comercio, controles). El tercer factor es la existencia de valores y percepciones comunes entre las unidades sobre cómo abordar el problema de desarrollo, favoreciendo la cooperación. El cuarto y último factor es la oportunidad de incrementar el poder de negociación y presión sobre el Estado y otros actores, como pueden ser unidades subestatales del centro, organismos internacionales y otros procesos de integración regional.
La participación en procesos de integración subregional crea un nuevo actor: la subregión transfronteriza. En este nuevo esquema, las USDPs buscan insertarse como bloque subregional y burlar, así, la inserción periférica del Estado del cual forman parte. Aunque, al igual que otros procesos de integración regional, la Zicosur atraviesa un momento de organización interna y coordinación de voluntades.
Para estas unidades, la gestión trasnacional se convierte en una herramienta estratégica para su desarrollo. Esto es así porque crea espacios de concertación e intercambio, que fortalecen las capacidades de las USDPs en múltiples sentidos: dotándolas de apoyo político, otorgándoles especialización técnica, brindándoles financiamiento, conectándolas con nuevos actores, obligándolas a readecuar su marco normativo, incentivando la especialización institucional de los gobiernos locales, entre otras.
La gestión transnacional transfronteriza inserta a estas unidades en un nuevo mapa que obliga a repensar la inserción periférica. Un mapa que mira hacia los costados, teniendo como referencia los corredores bioceánicos, y a su vez, deja de lado a los centros tradicionales de concentración del poder político y económico que coinciden con las capitales de Argentina, Bolivia y Chile. En este nuevo espacio geográfico, las unidades subestatales de doble dependencia se vinculan con las que comparten problemáticas y encuentran consensos sobre temas de común interés. Aunque todavía la integración subregional da muestras de ser un proceso en evolución, inconcluso, que aún no se ha consolidado.
*Licenciada en Relaciones Internacionales, Doctoranda en Relaciones Internacionales de la UNR. Becaria doctoral del Conicet
